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domingo 26 de mayo de 2019

Reportajes
11/02/2019

La EFSA mezclada con política, un cóctel explosivo

Ricardo Migueláñez. @rmiguelanez

El Parlamento Europeo adoptó recientemente un informe de iniciativa –no vinculante- en el que pide a la Comisión Europea y a los Estados miembros que vayan aún más lejos en el procedimiento de autorización de productos fitosanitarios y que éste sea mucho más responsable y transparente, garantizando el acceso público a los estudios utilizados en dicho proceso y a todos los datos de apoyo referentes a las nuevas solicitudes.

Estamos ante un asunto muy delicado tanto para el sector agrario, como también para la opinión pública en general desde diferentes vertientes y puntos de vista. Nadie se puede negar a una mayor transparencia en este polémico asunto, en línea con el objetivo de ofrecer plena seguridad sobre el uso y correcta utilización de estos insumos en el sector agrario. Nadie.

Pero, a la vez, parece obligado demandar también que en los procedimientos de autorización de plaguicidas no primen los criterios ideológicos sobre los científicos y técnicos, puesto que ello puede ser desfavorable para la investigación y la innovación aplicada, y por ende para la competitividad de nuestros productos agrarios sobre los de países terceros, que tienen criterios y exigencias legales mucho más laxas que las de la UE y que, además, exportan sin demasiadas trabas hacia el mercado comunitario.

El informe fue ampliamente aprobado por los eurodiputados, con 526 votos a favor, frente a 66 en contra y 72 abstenciones, y respalda las recomendaciones de la Comisión Parlamentaria Especial (Comisión PEST), creada al efecto para abordar este asunto en febrero de 2018, tras la polémica renovación o prórroga a finales de 2017 de la autorización del glifosato por un periodo adicional de 5 años (la CE propuso inicialmente 15 años).

El informe con las recomendaciones de los co-ponentes –Norbert Lins (PPE, Alemania) y Bart Staes (Verdes, Bélgica) a la Comisión Europea, a los Estados miembros y a la propia Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (AESA/EFSA) fue aceptado sin apenas enmiendas, pero con alguna crítica del grupo PPE, ya que, en cierto modo, parecía cuestionar el vigente sistema de autorizaciones de pesticidas de la UE y la eficacia y pericia de sus análisis científicos.

Tras su aprobación, la eurodiputada andaluza de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas (S&D), Clara Aguilera, incidió en que el apoyo de su partido es a favor del “refuerzo de las transparencia, de una mayor información a los consumidores, un aumento de su confianza y la reducción de las cargas administrativas.”

Aguilera recalcó que la propuesta incluye también la “necesidad de asegurar la calidad de los dictámenes científicos y dotar a la EFSA de los medios necesarios para que siga trabajando con la mayor efectividad, como suele, aportando esos dictámenes científicos de calidad”.

Durante su intervención, apostó por “reconducir el debate al terreno técnico y científico ante la creciente mediatización de la toma de decisiones, y no poner en duda los resultados de los dictámenes científicos de instituciones comunitarias de solvencia probada, como la propia EFSA y la Agencia Europea de Sustancia y Mezclas Químicas (ECHA).

A su vez, la eurodiputada del Grupo Popular Europeo (PPE), Pilar Ayuso, que dio su voto a favor del informe, subrayó la importancia de que prevalezcan los criterios científicos y técnicos en el procedimiento de autorización de fitoquímicos y de apoyo a los objetivos de reforzar la transparencia en su aprobación, de garantizar el nivel de protección de la salud humana y el aumento de la confianza de los consumidores, además de reducir las cargas administrativas.

Ayuso, que fue también directora general de Alimentación del Ministerio de Agricultura, reafirmó que “hay que evitar que se sigan poniendo en duda los resultados de los dictámenes científicos, en base a factores ideológicos que condicionan la capacidad de innovación y la competitividad, pues las decisiones en este ámbito deben adoptarse única y exclusivamente por criterios científicos, sin injerencias políticas o ideológicas.”

La eurodiputada castellano-manchega recalcó que “el riesgo cero no existe y la utilización de estos productos entraña también riesgos, que se pueden minimizar teniendo en cuenta la dosis correcta, la época en la que se usan y la aplicación adecuada.”

Propuestas

¿Qué propone en resumidas cuentas el informe europarlamentario? Pues básicamente un registro público de todos los estudios y los datos en bruto en un formato utilizable; el acceso público a todos los estudios científicos antes de la AESA/EFSA proceda a la evaluación, sin menoscabo de los intereses comerciales de las empresas; recursos financieros más importantes para la EFSA; que la Comisión Europea designe al Estado miembro ponente para evaluar una sustancia activa; la inclusión de la toxicidad a largo plazo en los datos exigidos para la evaluación de los riesgos de los productos fitosanitarios; el reforzamiento de la evaluación post-comercialización; fijar límites máximos de residuos para suelos y aguas superficiales, así como el lanzamiento de un estudio epidemiológico sobre el impacto de los pesticidas en la salud humana por parte de la Comisión Europea.

Los eurodiputados abogan también por una mayor responsabilidad política y, en particular, reclaman que se publiquen los resultados del voto de los Estados miembros en el marco del “procedimiento de comitología” y apuestan, además, por medidas específicas para la protección efectiva de los grupos vulnerables, reclamando que se ponga fin, sin demoras, ni excepción, al uso de plaguicidas en grandes extensiones próximas a escuelas, guarderías, parques, hospitales, clínicas de maternidad y residencias.

Sobre el glifosato, el informe incluye en sus recomendaciones una revisión sistemática de todos los estudios disponibles sobre esta sustancia activa, de gran importancia para el tratamiento contra plagas de los cultivos herbáceos y sin alternativas viables en la actualidad.

Tanto es así que en un debate ciudadano en Bourg-de Peage (Drome), el presidente de Francia, Emmanuel Macron (¿se imaginan a Pedro Sánchez entrando en el mismo debate? Seguro que no) reconoció a finales de enero que Francia, uno de los países cuyo Gobierno –el propio Macron- presionó y se mostró más crítico con la prórroga al uso del glifosato, afirmó que este país no podrá prescindir al 100% de este herbicida dentro de tres años, en 2021, a pesar de haberlo prometido durante su campaña electoral y durante el periodo inicial de su mandato, al considerarlo no factible, pues “mataría” a la agricultura en zonas que no tienen alternativas.

El comisario europeo de Sanidad y Seguridad Alimentaria de la CE, Vytenis Andriukaitis, aseguró que el informe sobre las recomendaciones del Parlamento Europeo se tendrá en cuenta en la actual evaluación del reglamento de 2009 sobre la autorización para comercializar productos fitosanitarios, cuyos resultados se verán  durante este primer semestre de 2019.

Aunque con algunos reparos, la propia Asociación de la Industria Europea de Productos para la Protección de las Plantas (ECPA), que vela por los intereses de sus empresas asociadas, mostró su satisfacción con el informe europarlamentario, al considerar que todos están de acuerdo al menos en que la UE cuenta con el sistema más estricto del mundo en el procedimiento de autorización de productos fitosanitarios.

Riesgos sobrevenidos

La evaluación sobre los pesticidas de la UE no ha estado exenta de riesgos y de conflictos de intereses. El grupo de Los Verdes acusó en su día a Alemania, entonces designada como Estado ponente de la UE para evaluar la renovación de uso del glifosato, de no respetar la legislación comunitaria, que exige independencia y objetividad en los análisis, puesto que el Grupo de Trabajo estuvo compuesto por 27 compañías productoras, entre ellas Monsanto.

El propio Comité PEST reconoció esa vulnerabilidad de las agencias europeas de evaluación de riesgos a los conflictos de intereses a la hora de evaluar los efectos de los pesticidas sobre salud y medio ambiente. A juicio de Los Verdes, éstas deberían garantizar que, a partir de ahora, se evalúe de forma independiente, objetiva y transparente, basándose en datos científicos y no en datos contables de multinacionales como Monsanto.

El propio co-ponente del informe del Parlamento Europeo, Bart Staes, señaló que “la independencia de la evaluación por parte de las autoridades públicas de las sustancias químicas que la industria desea comercializar en el mercado europeo es un requisito previo para la adopción de decisiones políticas y legítimas.”

Un informe especial del Tribunal de Cuentas de la UE consideró que el sistema de control de la seguridad alimentaria para proteger a los consumidores de los peligros químicos en los alimentos está bien fundamentado y es respetado en todo el mundo, pero se exige demasiado del mismo en la actualidad, cuando ni la CE, ni los Estados miembros tienen capacidad, ni recursos económicos, humanos y técnicos suficientes para implantarlo en su integridad y al nivel previsto.

Los auditores recomendaron a la Comisión Europea que evalúe la introducción de posibles cambios en la legislación que regula los peligros químicos, teniendo en cuenta la capacidad de aplicarla de manera coherente, y que siga fomentando la complementariedad, de manera que las autoridades públicas de los Estados miembros puedan basarse en mayor medida en los controles llevados a cabo por el sector privado.

También demanda de la CE que explique las medidas que adoptará sobre los residuos de plaguicidas en los alimentos, elaborados en la UE o importados, para mantener el mismo nivel de garantía y cumpliendo a la vez las normas de la Organización Mundial de Comercio (OMC), así como que facilite más orientaciones sobre la aplicación de medidas coercitivas y refuerce sus procedimientos de supervisión para cumplir con las normas alimentarias comunitarias.

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16/05/2019