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lunes 17 de diciembre de 2018

Reportajes
20/11/2018

Los de Competencia se gustan a sí mismos

Ricardo Migueláñez. @rmiguelanez

La Comisión de la Competencia de la CE publicó a finales de octubre su primer informe sobre la aplicación de las normas de competencia en el sector agrario. En líneas generales, este informe viene a ser un refrendo de su propia política, de la que se siente satisfecha y en la que “se pone de manifiesto que el trabajo de las autoridades europeas de Competencia puede ayudar a los agricultores a obtener mejores condiciones y precios al vender sus productos a grandes compradores o cooperativas.”

Pero una cosa es lo que se diga y otra que eso que se dice sea cierto. Y es que, aunque se diga y se repita las veces que se quiera, no por ello se hace más real. ¿De verdad se creen los de Competencia que ayudan o pueden ayudar a los agricultores a obtener mejores condiciones y precios de venta de sus productos? Pues, según este informe, parece que sí se lo creen.

Vienen como a decir que si no es por ellos, por el trabajo y la investigación que desarrollan las autoridades de Competencia de la UE, de las Competencias nacionales, la posición de los agricultores en la cadena de suministro de alimentos sería más frágil y vulnerable de lo que es.

Las normas de Competencia de la Unión Europea, que prohíben los acuerdos relativos a la fijación de precios u otras condiciones comerciales, o el reparto de mercado, se aplican también a la producción y a los intercambios comerciales de productos agrícolas. Sin embargo, el Reglamento sobre la Organización Común de Mercados (OCM) contiene excepciones  a la aplicación de esas normas, que afectan a todos o a alguno de los sectores agrícolas, o que se refieren a situaciones específicas.

Entre las conclusiones del informe se cita la labor de investigación de las autoridades europeas de Competencia en el sector agrícola. Más de un tercio de estas investigaciones afectaba a transformadores de productos agrícolas, y en las que los agricultores, no es una casualidad, era el mayor grupo único de denunciantes.

Casi la mitad de las infracciones de las normas de competencia descubiertas por las autoridades eran acuerdos de precios, normalmente entre transformadores competidores para fijar el precio al por mayor (por ejemplo, del azúcar y la harina) o entre transformadores y minoristas para fijar el precio al por menor (por ejemplo, de los productos lácteos, la carne o el aceite de girasol). Otras infracciones se referían a acuerdos sobre la producción, el intercambio de información o el reparto de mercados.

Debido a estas actividades de supervisión y control de las autoridades de Competencia, en el informe se concluye que “habían beneficiado a los agricultores, gracias a mejores ofertas para sus productos.” Y señala varios casos en los que Competencia puso fin e impuso sanciones a prácticas empleadas por los grandes compradores para reducir los precios pagados a los agricultores.

Proteger el mercado

El informe constata que algunos Estados miembros intentaron en ocasiones restringir las importaciones de determinados productos agrícolas procedentes de otros Estados miembros, sobre todo en Francia.  Al respecto, varias autoridades europeas de Competencia han investigado y suspendido una serie de convenios colectivos. Por ejemplo, cuando los agricultores de un determinado Estado miembro intentaban obstaculizar las ventas de agricultores de otros Estados miembros.

En su objetivo de proteger el mercado interior, las autoridades de Competencia, según este informe, ayudaron tanto a los consumidores nacionales, en los que las importaciones podrían haberse restringido, como a los agricultores de todos los demás Estados, que se habían visto afectados por el intento de entorpecer las ventas transfronterizas.

Por si fuera poco, según señala el informe, las autoridades de Competencia habrían orientado a los agricultores y a otros agentes económicos, así como a las Administraciones sobre cómo interpretar y aplicar el Derecho de la Competencia en el sector agrario. Por ejemplo, en relación con las iniciativas de sostenibilidad de los agricultores o la publicación de precios por parte de las organizaciones sectoriales.

Es más, añaden que realizaron un seguimiento “proactivo” de la situación del sector agrario y llevaron a cabo investigaciones sectoriales sobre el funcionamiento de la cadena de suministro, atendiendo en particular cuestiones como la transmisión de precios en la cadena y el equilibrio del poder de negociación entre agricultores y otros niveles de la cadena.

¿Se encuentra mejor o tiene un mayor reconocimiento el sector agrario en la cadena de suministro alimentario por todas esas actuaciones que han hecho las autoridades europeas de Competencia? ¿Ha mejorado el sector su posición negociadora frente al resto de los eslabones de la cadena? ¿Es capaz el sector productor agrario de trasladar en la venta de sus productos  a los siguientes eslabones de la cadena las alzas que soportan en sus costes de producción, como sí hacen otros sectores, para mantener sus márgenes? ¿No es cierto que el PVP de un alimento se forma la mayoría de las veces desde la distribución hacia el productor, y no al revés, con la transferencia de valor hacia adelante, como sería lo lógico?

Seamos sinceros. La política de Competencia casi nunca ha defendido al sector productor, sino siempre al consumidor. Si acaso, con sus actuaciones contra acuerdos entre transformadores o entre estos y la distribución, podría haber beneficiado, pero de rebote, al sector productor. Y si de defender se trataba ante todo y sobre todo al consumidor, se ha mostrado bastante débil frente a las políticas aplicadas para la formación de precios de venta y para la salvaguarda de márgenes de rentabilidad y beneficio de transformadores y, más aún, de la distribución mayorista y minorista, aun a costa y a sabiendas de “sacrificar” la viabilidad económica de los productores-proveedores de alimentos.

Necesidad legislativa

La necesidad de legislar a nivel comunitario sobre las prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro alimentario, una vez que hasta 20 Estados miembros tienen normativa propia, no nace de un capricho político. Nace de un SOS de hace más de una década lanzado por el sector productor agrario y por parte de la industria transformadora (no de las grandes multinacionales de esa industria, precisamente), que se encuentran desarmados ante la desigual relación de fuerzas, la imposición comercial y el enorme poder negociador, muchas veces caprichoso, que ostentan la gran distribución comercial y las grandes multinacionales de la transformación agroalimentaria.

¿Y qué piensa la Comisión de Competencia de la UE de todo esto?  Pues lo deja bien claro. En su visión general sobre la cadena de suministro alimentario dice que “es importante enfatizar que la regulación de las prácticas comerciales desleales tienen un alcance diferente del Derecho de la  Competencia. Las normas de competencia prohíben las prácticas unilaterales de un operador dominante y los acuerdos anticompetitivos entre empresas que afectan al mercado en general. Las normas de competencia no tienen que ver con los problemas que enfrentan a los pequeños proveedores en el contexto de sus negociaciones contractuales bilaterales con compradores más fuertes, que no tienen efectos negativos en el proceso competitivo o en el bienestar del consumidor. Dichos desequilibrios contractuales, asociados con el poder de negociación desigual, se abordan a través de otras herramientas de política, como el Derecho Contractual o las normas sobre prácticas comerciales no reguladas.”

Organizaciones de productores

El informe analiza también las excepciones a las normas de competencia, aplicables a las organizaciones de productores (OP) y las organizaciones interprofesionales, reconociendo que estas entidades “pueden contribuir a reforzar la posición de los agricultores y a mejorar la eficiencia de la cadena alimentaria.”

Pero, ¿realmente es así? ¿Realmente refuerzan la posición negociadora en el contexto actual? Creemos que no. Solo hay que ver la consideración, cuando no las trabas, que de este tipo de organizaciones tienen tanto la industria de transformación, como la distribución comercial, e incluso parte del propio sector productor. Más que otra cosa, la Comisión Europea utiliza a las OP como un mantra ante la ausencia de medidas de intervención pública, que pueden resultar muy costosas para las exiguas arcas financieras de la UE ante problemas de mercado y las persistentes desigualdades en la cadena de suministro de alimentos.

Competencia recalca que el reconocimiento de las OP por las autoridades nacionales se utiliza “ampliamente” en el sector de las frutas y hortalizas, en el que casi el 50% de la producción es comercializada por estas organizaciones. ¿Evita esto las crisis puntuales de precios, la venta de estos productos perecederos por debajo de costes de producción, las consecuencias adversas  del cierre de mercados en países terceros, como Rusia, o la competencia desleal social y económica de la oferta de países terceros en el mercado comunitario?  La respuesta es no. Las retiradas de producto, subvencionadas por la UE, solo alivian, pero no solucionan la volatilidad de precios y las coyunturas de crisis que con cada vez más frecuencia asolan a este sector.

El informe cita también la existencia de OP en los sectores lácteo, cárnico, aceite de oliva y cereales, pero su presencia, influencia y su eficacia en el mercado, al menos en nuestro país, es, salvo un poco en el lácteo, prácticamente nula. Además, incluye a 128 organizaciones interprofesionales reconocidas, pero cuya actividad es principalmente promocional, de análisis y estudio de los mercados, y de I+D+i, sin intervención sobre los precios a cobrar por los productores o para que éstos mejoren su posición negociadora en la cadena de suministro.

Instrumentos sectoriales

Por último, Competencia confirma que los instrumentos sectoriales específicos disponibles en el sector agrario se están utilizando en beneficio de los agricultores y del sector en general. Y cita, como ejemplos tres:  la amplia utilización del mecanismo de reparto del valor de carácter voluntario en el sector del azúcar (quizás el único conocido, pero  que también está sufriendo la crisis mundial de precios de este producto); el recurso frecuente a medidas de estabilización del mercado en el sector vitivinícola (quizás en el pasado, con las destilaciones de crisis o los arranques subvencionados de cepas, pero no en la actualidad), y las medidas de gestión de la oferta para productos con denominación de origen o indicaciones geográficas protegidas (DOP/IGP) en el sector del queso o del jamón (ligadas a una oferta limitada y al derecho de propiedad intelectual de estos productos).

Poca cosa, a pesar de que Competencia reconoce que tradicionalmente los productores agrícolas tienen muy poco poder de negociación en sus relaciones comerciales con respecto a los grandes proveedores y compradores (…), lo que puede hacer necesario que los menos eficientes reestructuren o conviertan sus negocios para poder mantener su viabilidad en el mercado.” La única solución que se plantea es integrar a los productores en OP para mejorar de forma significativa la gestión de su oferta ante tales desafíos, haciéndola más eficiente e incluso agregando valor a través del procesamiento o distribución de sus propios productos.

La gestión eficiente y eficaz de la oferta de alimentos es un reto continuo y una obligación permanente que debe afrontar el sector productor agrario. Parece evidente. Pero también lo es que este mismo sector debería contar con los instrumentos legales precisos para evitar que el resto de los operadores utilicen su mayor poder de negociación, no para negociar, sino para imponer sus exigencias y condiciones, las del “más fuerte”, a través de una serie de prácticas comerciales desleales, injustas y poco transparentes, que son soportadas y sufridas siempre por los mismos, por los “más débiles” de la cadena de valor.

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