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viernes 22 de junio de 2018

Opinión
08/06/2018

No era un comodín

Vidal Maté. @TrigoLimpio_VM

Como en ocasiones anteriores con los gobiernos socialistas, el nombramiento de la persona responsable del departamento de Agricultura ha sido uno de los últimos y, también como en ocasiones anteriores, existían temores razonables de que se volviera a utilizar ese    puesto simplemente para hacer un ajuste en materia de cuotas   regionales o por cuestiones de igualdad para un departamento visto como de segunda por tantos gobiernos de colores diferentes. Afortunadamente para el sector agrario y agroalimentario no ha sido así. Entre los diferentes candidatos que se barajaban, todos ellos ligados de alguna manera y conocedores de la actividad agraria, el presidente apostó por Luis Planas, una persona conocedora de la realidad del sector desde la Consejería de Agricultura andaluza, así como del funcionamiento de los mecanismos comunitarios, algo importante en un momento clave cuando se han dado los primeros pasos para la reforma de la Política Agrícola Común. Además de su preparación, quienes le conocen de cerca hablan de un técnico, una persona moderada, “a lo Solbes”, más tirando hacia las posiciones del centro en el partido que hacia la izquierda más radical o posturera de las primarias. A partir de ahora, su gestión va a depender igualmente del equipo del que se pueda rodear, de las personas que se incorporen al departamento y a quienes, del equipo actual, ofrezca y acepten seguir.

En un escueto avance de intenciones, el nuevo ministro concretó tres vías: una continuación en la defensa de la PAC; apoyo al sector de la industria agoalimentaria y, todo ello con el diálogo como bandera con todo el sector. Nada nuevo, como toca en un acto de protocolo donde lo de menos es lo que se diga, sino lo que se supone, y que sirven entre otras cosas, para que reaparezcan debajo de las alfombras algunos viejos dinosaurios, en esta caso socialistas, buscando cualquier hierba donde pastar.

En base a esa oferta de diálogo, el nuevo ministro no tendría ningún compromiso para convocar elecciones en el sector agrario, pero sí, muy probablemente que deba hacer un gesto para abrir las puertas de entrada a los responsables de la organización  agraria Unión de Uniones, sindicato implantado en varias comunidades autónomas del que es columna vertebral la Unió de Pagesos, quien puso los tractores para actos independentistas cuyos votos han aupado al presidente Sánchez.

Dure algo o todo lo que falta de legislatura, obviamente al ministro no le va a tocar negociar con las comunidades autónomas la redistribución de los fondos en base a las reglas de juego que actualmente se contemplan en las propuestas de la reforma. Sin embargo, al ministro sí le tocará implicarse en las actuales negociaciones con unos planteamientos  no muy lejanos a los defendidos por la anterior ministra de Agricultura. Probablemente, viniendo como viene de la Comunidad Autónoma andaluza donde ocupó el puesto de consejero, habría tenido más problemas para aplicar la próxima reforma en España allá para el año 2021 cuando todo parece indicar que se deberá ir a una redistribución de los fondos y donde Andalucía sería una de las  comunidades autónomas que, por recibir más fondos globalmente y por hectárea, tiene más riesgo de que se reduzcan.

Eliminada la política del agua del departamento y con la mayor parte de las competencias en manos de las Comunidades  Autónomas y su dependencia de Bruselas, Agricultura se ha quedado como un departamento enano, pero abarcando el 80% del territorio y el mundo rural.

Aunque Bruselas sea eje de la actividad negociadora, existen muchos  aspectos a abordar para su aplicación con la mirada puesta en lograr un nuevo  sector agrario organizado,  con la máxima capacidad para competir, eficiente, adecuado a las nuevas tecnologías, con apoyos para la  incorporación de los jóvenes, el relevo generacional, la defensa del medio rural y además respetando el medio ambiente y el cambio climático. Bruselas ha enseñado el camino con la disposición de 10.000 millones de euros para apoyar el uso de nuevas tecnologías en la próxima reforma  frente a los 3.500 del marco financiero anterior, y eso a pesar de los ajustes de fondos.

agricultores

En ese escueto resumen del programa de tres líneas de actuación, desde la perspectiva de la producción parece obligado el avance en la ordenación de los mercados con ahorro y la eficiencia en el uso del agua como uno de los grandes retos de futuro, en la modernización y diversificación del medio rural, en la ordenación de los sectores y su adecuación al cambio climático y al medio ambiente o al desarrollo de    estructuras de organización en origen para la defensa de sus rentas en los mercados.

Y, al margen de esas grandes actuaciones en la política agraria, de las que ocupan mucho espacio, pero nunca se sabe cuando comienzan y cuando  acaban, hoy hay cuestiones concretas que preocupan al sector como el desequilibrio en la cadena alimentaria al que no dio una salida el gobierno de Zapatero y donde los populares dieron una respuesta a medias. Agricultores e industria agroalimentaria reclamaron en su día una nueva normativa  eficaz para erradicar la venta a pérdidas en los lineales de la distribución consentida y hasta apoyada desde Competencia, que además de provocar el hundimiento de los precios en el campo,  destruye la imagen de calidad de diferentes productos. Tejerina sacó y aplicó la Ley de la Cadena que ha sido importante para el control de los contratos y plazos de pago, pero no logró normas para atacar la venta a pérdidas frente a Economía.

El sector agrario quiere una solución para el funcionamiento de un doble contrato en las tarifas eléctricas para el riego con las compañías, algo que  prometió Zapatero y que se quedó en una promesa mientras algunos dirigentes socialistas, como Salgado, pasaban a ser asesores de esos grupos. Tejerina lo intentó, tampoco lo consiguió y logró del gobierno, como compensación una rebaja en la fiscalidad a ese tipo de explotaciones.

Agricultura puso en marcha el Observatorio de precios  al consumo con la presencia de sector agrario,  industria y la gran distribución y parece obligado el funcionamiento de otro Observatorio para controlar la evolución de los precios de los medios de producción, hoy claves para mantener las rentas ante su mayor concentración unas pocas manos.

Aunque reducido en sus competencias, bajo Agricultura hay una población todavía de unos ocho millones de personas que viven en el medio rural, en el 80% de un territorio en muchos  casos semi abandonado donde sus  habitantes tienen necesidad una renta sostenible, básicamente de la actividad agraria, y un medio habitable.

Luis Planas no es un comodín. El sector agrario tuvo suerte en reparto de carteras. Ahora toca esperar al equipo donde, por las características del ministro, solo encajan personas preparadas en la cosa agraria, lejos de aquellos equipos donde eran tropa políticos, sindicalistas o comisarios políticos, sin otras credenciales, que estar en el paro. Que, de todo hubo…  

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