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domingo 18 de noviembre de 2018

Reportajes
15/10/2018

Si podemos unidos....

Ricardo Migueláñez. @rmiguelanez

El  pasado jueves 11 de octubre  se firmó el acuerdo entre el Gobierno y Unidos-Podemos para avanzar en los Presupuestos Generales del Estado de 2019. Para eso tendrán también que salir adelante las complejas negociaciones con vascos y catalanes (algunos y sobre todo) e incluso con canarios, ya que por sí solos, PSOE (89) e U-P (69) se quedan en 154 escaños, frente a los 159 votos o escaños que suman PP (119) y Ciudadanos (40) o los 176 votos que exige la mayoría absoluta parlamentaria.

La firma protocolaria del “Acuerdo de Presupuestos Generales del Estado 2019: Presupuestos para un Estado Social” y, sobre todo, su contenido ha suscitado reacciones a favor y en contra, como era de esperar. En términos generales, al margen de la valoración de las medidas concretas, lo que más duda suscita es que el gasto adicional previsto, de carácter estructural y que supera los 5.138 millones de euros, pueda sostenerse con unos ingresos que en buena parte dependen del ciclo económico y que están valorados en 5.678 millones de euros, según estima el Gobierno, y en 7.240 millones, según Unidos-Podemos.

¿Se lograrán esos ingresos para financiar el aumento del gasto previsto? Pues ahí está el quid de la cuestión, con independencia del criterio partidista del acuerdo. Si fuese así, miel sobre hojuelas. Si no, como se desprende de muchos de los comentarios de estos días, el aumento del déficit público está asegurado y con ello, previsiblemente también, al aumento de la deuda que será necesario emitir para cubrir ese déficit.

Algunos señalan que en nuestro país nunca ha funcionado el axioma de más gasto público financiado y soportado con más impuestos, porque pocas veces se ha llegado a recaudar lo que se estimaba en los papeles, salvo en ciclos económicos expansivos, con vientos de cola (petróleo y dinero baratos, tirón económico y comercial interno, europeo y mundial…) que tiraban de la nave y ayudaban a aumentar la recaudación y el PIB. El problema es que esos apoyos parece que ya están de vuelta, añadiendo más dificultades si cabe a este empeño.

Llama la atención también que no se mencione ahorros en partida alguna del gasto público, porque es verdad que en determinados asuntos  gastamos menos de lo que deberíamos, pero en otros no solo gastamos más, sino que podría decirse que “derrochamos” sin ton, ni son, como si el maná del dinero público cayera del cielo.

En lo que nos concierne, el Acuerdo incluye referencias (más bien escasas, genéricas e indirectas) al sector agrario y alguna más al medio rural. Poca cosa para los que esperaban que podía haber incluido muchas más (por ejemplo, más dinero y mejora de los seguros agrarios, cambios en la Ley de la cadena, fiscalidad y financiación más adaptada al sector, agenda digital…etc.). Pero las competencias propias del Estado en esta actividad económica son bastante limitadas, no inexistentes, y dependen más de Bruselas e incluso de las Comunidades Autónomas en sus respectivos territorios.

Una de las primeras es sobre la co-titularidad de las explotaciones agrarias. En el acuerdo se dicta que “se incentivará la titularidad compartida de las explotaciones agrarias, a través de la aplicación efectiva de la Ley 35/2011, mejorando la posición de las mujeres del campo dentro del sistema de la Seguridad Social.”  Ojalá sea así, porque la realidad es el poco éxito que está teniendo dicha ley. Hay poco más de 300 mujeres co-titulares registradas, solo el 0,1% de las potenciales 300.000, parejas de los titulares de explotaciones agrarias que trabajan en la explotación como “ayuda familiar”, pero que ni declaran IRPF, ni cotizan a la Seguridad Social, es decir, carecen de cualquier derecho económico o social.

Pensiones y fiscalidad

Otra de las medidas incluidas es la de las pensiones, donde se señala que se mantendrá el poder adquisitivo de los pensionistas, de acuerdo con el Índice de Precios de Consumo (IPC), y que las pensiones mínimas y no contributivas subirán un 3%, “dada la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los perceptores de las mismas.”  

Sin duda, es una medida que incidirá positiva (pero insuficientemente) en las muy bajas pensiones de los agricultores jubilados, en comparación con la media general y en relación con otras actividades económicas, como se puso de manifiesto en el reciente y enorme informe del Consejo Económico y Social (CES) sobre “El medio rural y su vertebración social y territorial”.

Una de las consecuencias de estas reducidas pensiones en el campo es que sus titulares continúan o se ven “obligados” a seguir trabajando en el campo hasta mucho después de su edad de jubilación, y son la mayor parte de las víctimas de los accidentes mortales, provocados con tractores anticuados que no reúnen las debidas condiciones de seguridad.

La tercera medida a destacar, aunque no se sabe muy bien por qué se incluye en este acuerdo sobre Presupuestos de 2019, es la que contempla la reforma durante el próximo año del sistema de cotización de los trabajadores autónomos por Estimación Objetiva del IRPF para vincularlo a los ingresos reales. El objetivo es que se garantice para los que tengan menos ingresos una cotización más baja. Se desconoce, por ahora, si esta medida afectaría o no a los autónomos agrarios por cuenta propia que cotizan por módulos o índices de rendimiento neto.

De entrada, es una medida que suscita muchas dudas. Por ejemplo, los que coticen menos, porque tienen menos ingresos, también podrían tener pensiones más bajas en el futuro cuando se jubilen. Y los que tienen más ingresos, pagarán más que lo que vienen pagando ahora. Eso sin contar que podría contribuir  a un fraude mayor en las contribuciones fiscales. La mayoritaria Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), considera, en términos generales que, con esta medida, un 85% de los autónomos cotizará más que ahora.

Relativamente positiva parece también la reducción prevista en el tipo de gravamen del IVA de los servicios veterinarios al tipo reducido del 10%, aunque, según el artículo 91, apartado uno, 2, número 3 de la Ley del Impuesto del Impuesto sobre el Valor Añadido, ya es de ese porcentaje cuando esos servicios son prestados a titulares de explotaciones ganaderas. En otro caso, esas prestaciones sí verían rebajado el actual tipo impositivo del IVA del 21% al 10%.

Sobre el impuesto de sociedades, el acuerdo prevé una rebaja del tipo nominal del 25% al 23% para empresas que facturen menos de un millón de euros. Su efecto para personas jurídicas de cierta dimensión en el sector agrario es bastante relativo.

Costes energéticos

En materia energética, el acuerdo recoge “fomentar el autoconsumo eléctrico y modificar la factura eléctrica, reduciendo el porcentaje que representa el término de potencia “y que “el término variable de la componente regulada sea incremental en función de la energía consumida”. A falta de más concreción, todo lo que sea reducir costes de producción en el sector agroalimentario es bienvenido, porque se trata de un insumo básico en los procesos productivos de los agricultores (regantes), de empresas, industrias y cooperativas. Pero ya sabemos de las enormes dificultades legales que arrastran los regantes para lograr que el Gobierno les reconozca y saque adelante una reforma en la que se pague en la factura menos por potencia en el amplio periodo en que no se riega y, por tanto, no se consume electricidad.

Despoblación

Capítulo aparte son las medidas que incluye el acuerdo Gobierno-Unidos Podemos para combatir la despoblación. En principio, vuelve a reconocerse este grave problema y considera necesario “acometer medidas para combatir la despoblación y el abandono del medio rural, que sufren muchas partes de nuestro país. Unas medidas que mejorarían la calidad de las personas que viven en estos municipios, ayudando a generar empleo y fijar la población.”

A falta de que esta próxima primavera se apruebe la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, el acuerdo propone  cosas como “destinar 10 millones de euros en 2019 a la Creación de Oficinas de Información y Acción contra la Despoblación en al menos 20 comarcas rurales que requieran una intervención urgente. Estas oficinas estarán dotadas de “un equipo multidisciplinar que trabaje de manera directa para poner en valor los recursos disponibles en la zona y atraer tanto a nuevos pobladores, como nuevas inversiones capaces de generar proyectos y empleo. Su función será “acompañar a las personas o empresas que quieran instalarse en la zona, facilitándoles todos los contactos y la mediación en el proceso.”  La creación y puesta en marcha de estas oficinas se desarrollaría a través de un “convenio, suscrito con las entidades locales impulsoras y la respectiva comunidad autónoma.”

Dentro de este capítulo, se incluye una propuesta que podría calificarse de bienintencionada, pero también pueril y de no muy largo alcance, como es “favorecer la compra pública de alimentos de proximidad y con criterios ecológicos, que permitiría “a los municipios rurales facilitar un mayor arraigo de su población y que éstos se vean favorecidos por la agricultura como un puntal de desarrollo rural”. Con tal fin, “en un plazo no superior a 8 meses, impulsará una reforma de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público”, que incluya esos criterios a la hora de evaluar ofertas.” En otras palabras, que dé preferencia para abastecer a la restauración colectiva –comedores-  de las instituciones públicas a la compra de productos frescos y alimentos, a ser ecológicos, que se produzcan en un determinado radio de proximidad. Se duda que su aplicación práctica sea precisamente competencia del Gobierno central y sorprende que esta medida se incluya dentro de un acuerdo de Presupuestos Generales del Estado para 2019.

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