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El punto de encuentro de la cadena agroalimentaria

Periódico Digital Qcom.es: El punto de encuentro de la cadena agroalimentaria

30 DE abril DE 2019

Crédito para el medio rural

Ricardo Migueláñez. @rmiguelanez

De un tiempo a esta parte se ha informado de la existencia del denominado Instrumento Financiero de Gestión Centralizada (IFGC), promovido por el Ministerio de Agricultura, a través de la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Política Forestal, cuyo objetivo es facilitar el acceso al crédito para financiar proyectos de inversión en el medio rural en unas condiciones más ventajosas de las que puede actualmente ofrecer el mercado.

Pero ¿qué se entiende por “instrumentos financieros”? De acuerdo con el artículo 2 del reglamento financiero de la UE (ECON (17) 239 (rev.1) los instrumentos financieros son “medidas de apoyo financiero de la Unión, otorgadas a título complementario en el presupuesto, con el fin de acometer uno o más objetivos políticos específicos de la Unión. Dichos instrumentos podrán ser inversiones de capital o cuasi-capital, préstamos o garantías, u otros instrumentos de participación en el riesgo que, cuando proceda, podrán combinarse con subvenciones.

Cabe decir que el desarrollo de este tipo de apoyos financieros está en una fase inicial o preliminar en nuestro país (solo Castilla y León y más recientemente Extremadura lo han puesto en marcha, aunque otras CC.AA., como Castilla-La Mancha, han mostrado también interés), a pesar de los intentos del MAPA para extender su aplicación.

Es probable que el actual periodo de programación 2014-2020 solo sirva a estos efectos como “campo de pruebas” para sumar experiencia y que el uso y desarrollo de este tipo de instrumentos financieros  tenga que esperar al siguiente periodo de programación post 2020, donde podrán adquirir un mayor protagonismo, principalmente ante unas perspectivas presupuestarias para subvencionar las diferentes medidas de Desarrollo Rural que se anuncian menguantes.

Se debe aclarar que el uso de este tipo de instrumentos financieros viene a complementar, que no a sustituir, las ayudas que, en forma de subvenciones proporcionan los programas de Desarrollo Rural. Las complementan favoreciendo, por ejemplo, un acceso más fácil y en mejores  condiciones al crédito para jóvenes y titulares de explotaciones agrarias y forestales; para inversiones en infraestructuras de regadío, sufragadas por comunidades de regantes; para inversiones que realicen los grupos de acción local Leader, o para inversiones de mejora y modernización de transformación y comercialización de empresas agroalimentarias.

Además de eso, contribuyen a incrementar la financiación del sector privado (y no solo del sector público, a través de las ayudas) en este tipo de inversiones, y tiene un “efecto multiplicador” de esas ayudas en los programas de Desarrollo Rural, puesto que la devolución o amortización de los préstamos concedidos permite volver a utilizar esos mismos recursos financieros por parte de otros beneficiarios.

Ese más fácil acceso al crédito por parte de los beneficiarios de ayudas de Desarrollo Rural se debe a que, a la hora de solicitar préstamos, gran parte del riesgo, ligado a los mismos es asumido por el IFGC y no por las entidades bancarias que lo conceden. Esa asunción del riesgo es uno de los factores limitantes del acceso a los préstamos, sobre todo para aquellas personas o entidades que no podrían obtenerlos principalmente por las limitaciones en las garantías o avales exigidos.

Mejor uso de recursos públicos

Junta a la oferta a los beneficiarios de nuevas formas de apoyo para rentabilizar mejor el uso de recursos públicos, el IFGC ayuda a acelerar la ejecución de los PDR, puesto que los fondos depositados en las cuentas de las que depende el instrumento financiero, de acuerdo con el procedimiento establecido en la reglamentación comunitaria, se consideran ejecutados desde el punto de vista de ejecución financiera del PDR.

El IFGC se articula mediante un “fondo de fondos”, abierto a la participación de todas aquellas CC.AA. que lo deseen, con carácter voluntario, aprovechando las sinergias y economías de escala generadas al agrupar las contribuciones de varios PDR bajo una misma estructura de gestión e intermediación con las entidades financieras privadas, que quieran adherirse y con las que el MAPA ha venido firmando convenios marco de colaboración para facilitar los préstamos a los destinatarios finales en los que se sustentará este instrumento.  

Sin entrar en excesivos detalles, el modelo de IFGC del MAPA es el de “garantía de cartera con límite máximo” y consiste en la creación de una cartera de nuevos préstamos, que proporcionará una cobertura de los riesgos del crédito del 80% por cada préstamo, y con un límite del 20% de la cartera. Es decir, el IFGC garantiza el 80% del riesgo préstamo a préstamo hasta alcanzar la tasa del límite máximo de la garantía (20%), a partir de la cual el intermediario financiero (entidad bancaria) asumiría la totalidad del riesgo, exigiendo solo ese porcentaje de garantías sobre el crédito concedido al beneficiario.

El MAPA realiza en el IFGC, con la colaboración de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA), tareas de ejecución y gestión, bajo la responsabilidad de las autoridades de gestión de los PDR de las CC.AA., encargadas de designar las operaciones que pueden ser apoyadas por el IFGC y de aportar los recursos financieros al mismo que determinen sus respectivos PDR. A su vez, el Ministerio, mediante un convenio de libre suscripción, acuerda con las entidades financieras privadas la formalización de préstamos garantizados por el IFGC.

No se entiende, por tanto, que si su efecto es tan beneficioso para las inversiones de jóvenes, mujeres, agricultores profesionales o empresas agroalimentarias en el medio rural, su expansión en nuestro país esté aún en pañales. Sin duda, hace falta un esfuerzo mucho mayor en pedagogía financiera al sector y una implicación y un interés más fuerte por parte de los agentes públicos y privados para facilitar su aplicación y desarrollo.

Nos consta que el MAPA, a través de la Dirección General de Desarrollo Rural, se viene esforzando en dar más recorrido a la aplicación del IFGC, con actuaciones complementarias, una vez formalizados desde principios de 2019 los primeros préstamos garantizados por este instrumento financiero. Entre ellas, una aplicación informática como base de datos y para realizar un seguimiento de su aplicación; manuales de procedimientos de gestión y ejecución del IFGC, contactos con el FEGA para aplicar la normativa europea en materia de controles de este tipo de operaciones a través de instrumentos financieros; labores de asesoramiento a CC.AA. y entidades financieras, así como de difusión, a través de publicaciones, jornadas, etc.

Diseño novedoso

No hay que obviar que el diseño del IFGC en nuestro país es novedoso, puesto que un Estado miembro, como España, con programación regionalizada en Desarrollo Rural, ofrece la posibilidad de participar a las autoridades de gestión de los PDR autonómicos de una iniciativa impulsada a nivel nacional, cuyo fin es facilitar la aplicación de estos instrumentos financieros y mejorar la puesta en marcha de la política de Desarrollo Rural en el conjunto del territorio. Esto no quiere decir que un futuro, las CC.AA. puedan diseñar otro tipo de instrumentos financieros “a la carta” para poner en marcha en sus territorios.

Tras meses de trabajo para su puesta en marcha, a finales de marzo pasado se formalizaran los tres primeros préstamos garantizados por este instrumento financiero en el marco del Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Castilla y León, cofinanciado por el FEADER 2014-2020.

Esta fue la primera Comunidad Autónoma en adherirse al IFGC y, tras el Acuerdo de Financiación firmado el 31 de octubre de 2017, aprobó un compromiso total de 90 millones de euros en el periodo 2014-2020, con una aportación inicial a este instrumento de 22 millones de euros, para financiar las ayudas a las medidas de su Programa regional de Desarrollo Rural.

Estos fondos financieros para la concesión de préstamos garantizados con su PDR están destinados a inversiones en explotaciones agrarias, a transformación, comercialización y/o desarrollo de productos agrícolas, a nuevas tecnologías forestales y transformación y comercialización de productos forestales, así como para los jóvenes que quieran poner en marcha nuevas empresas agrarias. Hasta finales de marzo había recibido ya más de 85 solicitudes de préstamos por importe de 39 millones de euros.

Más recientemente, la Consejería de Agricultura de esta Comunidad extendió el IFGC al sector industrial agroalimentario para facilitar la obtención de financiación de los proyectos en este ámbito, aportando la Administración autonómica una garantía o aval del  80% (el resto 20% es asumido por la empresa beneficiaria) en una amplia oferta de préstamos de las entidades bancarias, que pueden ir hasta los 20 años de amortización (con un máximo de 4 años de carencia) y un importe por proyecto de 5 millones de euros.

La Junta de Extremadura firmó el 6 de febrero de este mismo año su Acuerdo de Financiación del IFGC con el MAPA destinado a financiar inversiones de apoyo de su PDR, junto con ayudas destinadas a la creación de empresas por parte de jóvenes agricultores.

Desde el Ministerio de Agricultura se espera que con la formalización de estos primeros préstamos se inicie un periodo para impulsar este nuevo modelo de apoyo a las inversiones en el agro y en el medio rural, que combina las habituales líneas de subvención con los instrumentos financieros, multiplicando de esta manera las opciones de viabilidad de los objetivos que se persiguen.

Los agricultores y las cooperativas agrícolas europeas (COPA-Cogeca) consideran que para que los instrumentos financieros resulten interesantes para los futuros beneficiarios de ayudas en as las medidas de los programas de Desarrollo Rural, además de seguir siendo voluntarios, deberán diseñarse de manera sencilla y flexible, y estar adaptados a las necesidades reales de este colectivo.

Esa es una tarea inevitable que tendrá que ser emprendida por parte de las Administraciones y de las autoridades de gestión pública y agentes privados de los Programas de Desarrollo Rural, y también por parte de las entidades bancarias interesadas, si se quiere que el uso de este tipo de instrumentos para complementar y financiar el apoyo inversor tenga éxito en nuestro sector agrario y en el medio rural.

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