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El punto de encuentro de la cadena agroalimentaria

Periódico Digital Qcom.es: El punto de encuentro de la cadena agroalimentaria

30 DE junio DE 2021

'Habemus' PAC

Ricardo Migueláñez. @Rmiguelanez

Costó, pero al final hubo “fumata bianca” en el Consejo de Ministros de Agricultura del pasado 28 de junio sobre la reforma de la PAC para el periodo 2023-2027, después de que la humareda empezara a aclararse, tras el pacto provisional del “trílogo” (Consejo, Parlamento Europeo y Comisión Europea) el viernes 25 de junio de la semana anterior.

Los ministros de los 27, con estas prisas después de más de tres años de devaneos, tardaron menos de media mañana en dar su aquiescencia a la política agraria de los próximos años, que será mucho más verde y ecológica, y que marcará el destino, para bien en unos casos, para mal en otros, de cientos de miles de agricultores y ganaderos de la Unión Europea.

Como casi siempre sucede en este tipo de acuerdos, unos salieron satisfechos, otros mucho menos o lo contrario. Para las organizaciones ecologistas, la nueva PAC se queda muy corta en relación a su ambición ambiental ya que, por supuesto, deseaban mucho más. Para las organizaciones agrarias, el color verde va más allá de lo que hubiesen deseado y consideran que va a complicar aún más la gestión del día a día y la existencia al agricultor y ganadero de verdad, al profesional, al que tiene en esta actividad su modo de vida en el medio rural.

Al final, nadie contento del todo, pero sí bastantes aliviados por concluir al menos uno de los capítulos más largos de un culebrón aún inacabado, que tiene todavía su continuidad y segunda parte en la definición y aprobación del plan estratégico nacional entre el Ministerio de Agricultura y las CC.AA. Un plan que el Gobierno debe presentar ante la Comisión Europea antes de finales de este año (para que, a su vez, lo apruebe en un plazo máximo de seis meses) y que deberá pasar también el filtro y la supervisión del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de Teresa Ribera para que confirme que eso de una “PAC más verde” no se quede solo en la pintura.

Ahora pasamos a la redacción técnica de los tres reglamentos de base (planes estratégicos, horizontal-financiación y organización común de mercados agrarios), con mucha “letra pequeña” que habrá que revisar con lupa para que no se escapen los detalles (que es donde, dicen, se esconde también el diablo). La aplicación de esta nueva PAC a partir de 2023, al contrario de lo que oficialmente se afirma, será bastante más complicada y compleja de cumplir y hacer cumplir para los agricultores y ganaderos si quieren llegar a cobrar el mismo o similar nivel de ayudas que hasta ahora.

Como es conocido, las normas actuales de la PAC, que no la financiación (que tuvo que adaptarse desde principio de año a los recortes presupuestarios del Marco Financiero Plurianual (MFP) 2021-2027, aliviados por los fondos extras del “Next Generation EU” destinados al sector) se prorrogaron después del 31 de diciembre de 2020, siendo sustituidas por una serie de normas transitorias que estarán vigentes hasta finales de 2022.

Tras los ajustes técnicos y legales de los tres reglamentos básicos, estos tendrán que ser aprobados formalmente por el Parlamento Europeo, primero en las Comisiones respectivas y luego en el Pleno, y por el Consejo de Ministros, pero ya sin posibilidad de volver a ser debatido para modificarlos.

Pero, ¿cuáles son los elementos clave y centrales de esta reforma?

1. Agricultor genuino o activo. Al final se deja a los Estados miembros que definan esta figura, que será la principal en el cobro de los pagos directos, en su plan estratégico lo que entienden por esto, pero no hay una definición obligatoria para toda la UE. Para la UE, son los productores que desarrollen una actividad agraria mínima y los Estados podrán aprobar una lista negativa de entidades excluidas automáticamente de las ayudas. Está claro que la definición de agricultor activo no excluirá a los agricultores pluriactivos o a tiempo parcial por el hecho de serlo.

En el caso de nuestro país parece que va a prevalecer la de aquel cuyos ingresos agrarios sean un 25% de sus ingresos totales, pero incluyendo también las ayudas PAC. Además, los que cobren menos de 5.000 euros de ayudas PAC podrían entrar en esta categoría para no perder esas ayudas. Estas condiciones satisfacen a las CC.AA. donde hay una agricultura y ganadería más pluriactiva, pero deja muy insatisfechos a los considerados agricultores profesionales a título principal (ATP), a los que trabajan en el campo a tiempo completo, siendo su actividad casi su única fuente de ingresos y rentas, y que también viven en el medio rural.

2. Eco-esquemas. Será la figura clave para justificar las prácticas ecológicas de la actividad agraria, obligatoria de implantar por los Estados miembros y voluntaria de aplicar para los agricultores y ganaderos, pero necesaria si quieren cobrar la ayuda. A este nuevo régimen de ayudas se destinará un porcentaje del 25% del sobre total de pagos directos cada año y durante todo el período. No obstante, los dos primeros años, 2023 y 2024, se considerarán de aprendizaje, y se admitirá un porcentaje mínimo del 20%. El dinero que no se gaste entre este mínimo y el 25%, es decir, un 5%, podrá destinarse a otros regímenes de ayuda (pago acoplado, pago redistributivo, pago a la renta…).

En la última revisión, el MAPA proponía implantar en el plan estratégico de nuevo eco-esquemas y para cobrar la ayuda de ese 20-25% de pagos directos debería cumplir con al menos uno de ellos. Aunque habrá dos años de transición, se corre el riesgo de que si los agricultores o ganaderos ven que no les compensa económicamente aplicar ningún ecoesquema, se quede dinero sin gastar. Un dinero que iría a otros regímenes de ayuda en 2023 y 2024, pero que podría perder el Estado miembro si no se gasta a partir de 2025.

3. Pago redistributivo. Es otro de los elementos centrales de la reforma, porque sin otra alternativa de similar objetivo, será obligatorio de aplicar por los Estados miembros en sus planes estratégicos. A este régimen se destinará al menos el 10% del sobre total de pagos directos de la PAC. Podrán quedar excluidos de esta obligación los países que demuestren debidamente que cumplen con la redistribución de ayudas utilizando otros mecanismos (por ejemplo, estableciendo un techo máximo o “capping” de ayudas por explotación de unos 100.000 € (descontando de esa cantidad el 50% de los costes laborales) o un mecanismo de reducción porcentual de los pagos o “degresividad” a partir de 60.000 euros.

El MAPA se inclina por aplicar por vez primera ese techo de ayudas por explotación, aunque hubiese preferido que se descontasen el 100% de los costes laborales, en vez del 50%), frente al mínimo del 10% del total de los pagos directos. Sin embargo, hay dudas de que con esa medida pueda “recaudar” lo suficiente para llevar a cabo un pago redistributivo decente a favor de las pequeñas y medianas explotaciones familiares, que sería compensar algo más las primeras hectáreas de superficie, por lo que podría ser necesario recortar de otras ayudas, como algunas de las acopladas, para alcanzar ese mínimo suficiente del 10%.

4. Pagos acoplados a la actividad. A este régimen que da apoyos al mantenimiento de la actividad en algunos cultivos y tipos de ganadería con problemas de supervivencia si no percibiesen estas ayudas, se destinará un 13% del sobre de ayudas directas, a lo que se añaden otro 2% adicional para el cultivo de proteaginosas.

En principio, parece que se mantendrán los mismos sectores agrícolas y, sobre todo los ganaderos, y que podría entrar alguno más, como el de la aceituna de mesa. La duda está en si será necesario establecer en el plan estratégico nuevos requisitos para limitar la percepción de estas ayudas o al menos un porcentaje importante a los que realmente lo necesiten, como los ganaderos de extensivo.

5. Convergencia interna. El valor mínimo de cada derecho de pago deberá llegar al 85% del valor medio a más tardar en el año 2026. Eso es lo mínimo y, por tanto, habrá que cumplirlo. Este es un asunto que divide a las CC.AA. hoy en día, mientras que Andalucía apuesta por alargar el plazo de convergencia hasta esa fecha y mantener los derechos históricos individuales de pago, otras, como Aragón, Castilla-La Mancha y Navarra, se decantan por lo contrario, es decir, por concluir cuanto antes ese proceso y eliminar los derechos históricos, que consideran que no responde ya a la realidad del propio sector y que crea situaciones muy discriminatorias entre cultivos y entre agricultores y ganaderos de una misma zona. El problema es complejo, pero en 2022 podría no haber cambios en este proceso de convergencia y retrasar el inicio de esas aproximaciones hasta el inicio de la nueva PAC en 2023. ¿Retrasará y afectará esto a la concesión de ayudas PAC a las frutas y hortalizas, que carecen de ellas, y a parte del sector vitivinícola? Probablemente sí. Y también es probable que siga creando problemas para impulsar más la incorporación de jóvenes agricultores a la actividad, si no cuentan con derechos suficientes.

6. Jóvenes agricultores. Los Estados miembros podrán destinar hasta el 3% de sus fondos de la PAC (primer y segundo pilar) a apoyar a este colectivo, vital para mantener una actividad agraria moderna e innovadora. Este pago por hectárea se concederá durante los cinco años posteriores a que realice su solicitud.

7. Condicionalidad reforzada. La exigencia de buenas prácticas agrícolas y ambientales y relacionadas con el bienestar animal para poder cobrar la ayuda básica a la renta por la sostenibilidad se verá reforzada a mayores con algunos elementos adicionales como, por ejemplo, las franjas de protección a lo largo de los cursos de agua, en las que no podrán utilizarse fitosanitarios ni fertilizantes, que deberán tener una anchura mínima de tres metros; la rotación de cultivos, que consistirá con carácter general, en un cambio de cultivo al menos una vez al año a nivel de parcela (salvo en el caso de los cultivos plurianuales, pastos y otros forrajes herbáceos y de tierras en barbecho), o la proporción mínima de la superficie agrícola dedicada a zonas o elementos no productivos será del 4%. Se plantean excepciones a tales obligaciones sobre rotación y elementos no productivos, como que los Estados miembros podrán eximir de las mismas a aquellas explotaciones que cuenten con menos de 10 ha de tierras de cultivo, a cultivos inundables, etcétera.

8. Condicionalidad social. Es uno de los elementos que se han incorporado a las negociaciones a última hora y que condicionará a partir de 2025 la concesión de ayudas directas a agricultores y ganaderos al cumplimiento de las normas y derechos laborales de la UE de los trabajadores en las explotaciones, estableciendo en su caso un sistema sencillo de sanciones. Este mecanismo deberá revisarse cada dos años para ver su impacto en las condiciones laborales de los trabajadores agrícolas y, en su caso mejorarlo.

Era una petición clara del Parlamento Europeo y la CE se subió al carro también a última hora. A pesar de ser una demanda de sentido común, lo que más preocupa es que la misma va a ser casi imposible que pueda obligarse cumplir a las importaciones de productos agrarios que llegan al mercado comunitario desde países terceros. Estos podrán competir con esa ventaja social en relación a las producciones comunitarias. Habrá que ver cómo se lleva a cabo.

9. Asesoramiento a las explotaciones agrarias. Todos los Estados miembros están obligados a establecer servicios de asesoramiento agrícola para informar a los agricultores sobre todos los requisitos y condiciones relacionados con las subvenciones, las formas de prevenir la resistencia a los antimicrobianos y el apoyo disponible para la innovación y las tecnologías digitales. Además, deberían estar capacitados para ayudar a los agricultores a gestionar los nutrientes de forma sostenible, mejorar el bienestar animal y adaptarse mejor al cambio climático; ayudar a quienes inician una empresa agrícola por primera vez o que desean cambiar su producción de acuerdo con la demanda de los consumidores, y asesorarles también sobre seguridad agrícola y apoyo social.

10. Reserva de crisis. Contará con un presupuesto anual de 450 millones de euros. No dependerá ya de restar parte de los pagos directos a los beneficiarios de la PAC en cada ejercicio para luego reembolsárselos si ese dinero no se gastaba, como ha sucedido siempre. Si esa partida no fuera suficiente para afrontar una situación de crisis, como último recurso podría activarse el mecanismo de disciplina financiera (aplicando un recorte a las ayudas directas de los agricultores y ganaderos por encima de 2.000 euros).

11. Mercados agrarios. La Comisión deberá crear Observatorios de mercado para todos los productos, con el fin de hacer un seguimiento de los mismos para actuar en caso de crisis. Además, el régimen por el que actualmente se concede ayudas a los productores de leche que, voluntariamente, reduzcan su producción en situaciones de desequilibrio grave del mercado, con el fin de estabilizar los precios, se ampliará a todos los sectores.

12. Sector vitivinícola. El actual régimen de autorizaciones de plantación de viñedo, que expira a finales de 2030, se prorrogará hasta el 31 de diciembre de 2045. La Comisión Europea revisará su funcionamiento en 2028 y en 2040 y presentará propuestas, en su caso, para hacerlo más efectivo. Además, se regularán el etiquetado nutricional y de ingredientes de viñedo, dando importancia a la información online (códigos QR, internet…) y los vinos desalcoholizados o bajos en alcohol y también se dará más protagonismo a las organizaciones interprofesionales en este sector para actuar en caso de crisis de mercado, sin menoscabo de las normas de competencia.

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