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viernes 22 de septiembre de 2017

Reportajes

La fiscalidad del sector agroalimentario

Ignacio Atance Muñiz, María Jose Rodriguez Sanchez y Antonio Fuertes Fische. Subdirección General de Análisis, Prospectiva y Coordinación (MAGRAMA)

El sector agrario presenta unas características específicas que le hacen acreedor de un tratamiento diferenciado desde el punto de vista tributario. Entre ellas se encuentran la atomización de sus unidades productivas y la dependencia de sus producciones de las condiciones climatológicas de cada campaña. Por otro lado, la importancia económica del sector se pone de manifiesto si, en lugar de limitar el análisis al subsector agrario, se extiende al Sistema Agroalimentario, entendiendo como tal a la industria de insumos y servicios agrarios y agroalimentarios, a la industria de alimentos bebidas y tabaco, y al transporte y distribución de productos agrarios y agroalimentarios. Así se comprueba que, en su conjunto, el sistema aporta un 9% del Valor Añadido Bruto de la economía española, ocupando para ello a más de dos millones de personas.

Desde el punto de vista fiscal, existen una serie de imposiciones directas e indirectas que recaen sobre la actividad agraria y agroalimentaria. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) es el principal impuesto directo, gravando los rendimientos y las ganancias patrimoniales de los contribuyentes, cualquiera que sea su origen. Los agricultores pueden optar por dos sistemas alternativos a la hora de elaborar su declaración del IRPF, como son el Régimen de Estimación Objetiva, específico de la actividad agraria, y el Régimen de Estimación Directa, siendo este último obligatorio en el caso de que el volumen de rendimientos íntegros en el año anterior supere los 300.000 euros.

En el Régimen de Estimación Objetiva de las actividades agrícolas, ganaderas y forestales, la renta de los agricultores se calcula a través de la aplicación de unos índices de rendimiento neto (o módulos), fijos y específicos de cada orientación productiva. Asimismo existen una serie de coeficientes reductores que se aplican, entre otros casos, por uso de medios de producción ajenos, por utilización de personal asalariado, por actividades de agricultura ecológica, o por ser joven agricultor. Este es el sistema elegido por más de un millón de declarantes cada año a la hora de realizar su declaración del IRPF, fundamentalmente debido a su simplicidad, puesto que solo requiere disponer información de los ingresos.

Alternativamente, el Régimen de Estimación Directa es utilizado por unos 75.000 declarantes con actividad agraria. En este caso se exige que el declarante disponga de información tanto de sus ingresos como de sus gastos, para poder calcular su renta por diferencia. También son reseñables en el mundo rural los rendimientos de la agricultura que se declaran a través del Régimen de Atribución de Rentas, como corresponde a las comunidades de bienes.

Por lo que respecta a las empresas de la industria agroalimentaria, el Impuesto de Sociedades recae sobre el beneficio que obtienen de su actividad. La base imponible se determina a partir del resultado contable de la sociedad, no estableciéndose, en general, especificidades para las sociedades del sector agroalimentario sin perjuicio de su mayoritaria condición de PYMES. Sin embargo, es reseñable que las cooperativas, que son especialmente importantes en el sector, disponen de un régimen fiscal específico que les concede ciertas ventajas.

En la imposición indirecta, el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) es el más relevante afectando, desde el punto de vista del productor agrario, a la adquisición de insumos y a la entrega de los bienes producidos(véanse Tablas 1 y 2) si bien, al recaer sobre el consumo, tiene teóricamente un efecto fiscal neutro para el productor. A continuación se describen los distintos regímenes que existen para la aplicación del  impuesto. 

En el Régimen General, las cuotas de IVA soportado en la adquisición de los medios de producción necesarios para llevar a cabo la actividad agraria son deducibles, liquidando el impuesto, por diferencia respecto de las cuotas repercutidas, en periodos trimestrales. El régimen impone una serie de obligaciones formales, como son, registrar en libros todas las operaciones sujetas, así como, la emisión y registro de facturas.

El Régimen Simplificado se aplica a determinadas actividades agrarias, con facturación anual inferior a 300.000 euros, como la ganadería independiente y los servicios de cría, engorde y  guarda de animales, entre otras. Las exigencias formales son menores que las del Régimen General. Las cuotas soportadas son igualmente deducibles, realizándose declaraciones- liquidaciones.

El Régimen de Criterio de Caja introducido recientemente, persigue dotar de mayor liquidez a las empresas, beneficiando por tanto, también, a las agroalimentarias,  al permitir diferir la liquidación del impuesto al momento en el que se produce efectivamente el cobro de las facturas. Para poder acogerse a este nuevo régimen el volumen de operaciones en el año deberá ser como máximo de 2.000.000 de euros y el total de cobros en efectivo de un mismo destinatario no superior a 100.000 euros. Están excluidos los sujetos pasivos susceptibles de quedar acogidos al Régimen Simplificado y al Especial de la Agricultura, la Ganadería y la Pesca.

Por último, el Régimen Especial de la Agricultura, la Ganadería y la Pesca es voluntario para aquellos agricultores y ganaderos que por su facturación anual, inferior a 300.000 euros, no estén obligados a estar en el Régimen General. Se estima que están acogidos más del 85% del total, representando algo menos del 50% de la facturación total del sector. Se aplica a las actividades agrícolas, forestales, ganaderas o pesqueras que obtengan productos naturales. Asimismo, incluye los servicios prestados por los agricultores, con medios utilizados en sus explotaciones y siempre que no representen más del 20% del volumen total de operaciones.

Se basa en el establecimiento de un tanto alzado de compensación, fijado por la Administración, que el productor agrario repercute en sus ventas, simplificando al máximo la operativa del impuesto al no tener que realizarse declaraciones-liquidaciones, ni someterse al resto de obligaciones formales, más que la de conservar los recibos que justifican el pago de la compensación. El porcentaje, del 12% en los productos agrícolas y forestales y del 10,5% en los ganaderos y pesqueros, se calcula de tal forma que, al aplicarse sobre el valor de las ventas,  para la media de los productores agrarios acogidos a este Régimen, se asegura el reembolso de las cuotas soportadas en la adquisición de los insumos evitando, lo que de otra forma, supondría una carga fiscal.

Respecto a los Impuestos Especiales, la Directiva 2003/96 CE, sobre Imposición de los Productos Energéticos, que armoniza los principios de aplicación normativa en el conjunto de los Estados Miembros, permite eximir a las actividades agrarias de estos impuestos. España decidió hacer uso de  dicha prerrogativa aplicándola al caso del Impuesto Especial de Hidrocarburos que grava, al tipo de 78,71 euros/1000 litros, el consumo de gasóleo agrícola. Así, a partir del año 2006, los agricultores y ganaderos se benefician de la devolución de las cuotas de este impuesto, que representa, para el conjunto del sector, una cantidad anual total próxima a 100 millones de euros.

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