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martes 19 de marzo de 2019

Reportajes
25/02/2019

La mediación en los contratos agroalimentarios

Ricardo Migueláñez. @rmiguelanez

Desde un tiempo a acá se está imponiendo la idea del uso de los instrumentos de arbitraje y de mediación como vía extra-judicial para la resolución de conflictos o litigios entre las partes de un contrato agrario, que ayuden a agilizar y reducir a su vez de forma considerable los plazos de la disputa y también sus costes.

O como observaban algunos analistas, “los vientos soplan a favor de la mediación y es bien sabido que no se puede navegar contra el viento. Por ello, estamos asistiendo y asistiremos en lo sucesivo, a la promulgación constante de leyes reguladoras de la mediación.”

Son varios los ejemplos que asientan esta sensación. De un lado, la Consejería de Agricultura de la Junta de Castilla y León constituyó a principios de este año la Junta de Arbitraje y Mediación, como alternativa a la vía judicial para resolver posibles discrepancias en la aplicación de  los contratos agrarios, y, probablemente, Castilla-La Mancha haga algo similar en breve. Se trata de un órgano colegiados, adscrito a la propia Consejería, presidido por el Defensor de la Cadena Alimentaria, quien aportará valor al trabajo de los mediadores y árbitros desde esa posición, como garante del equilibrio entre los diferentes agentes de la cadena alimentaria.

Ahí se dice que “la mediación es un proceso por el que una persona (árbitro o mediador), independiente e imparcial, ayuda a otras a encontrar soluciones para resolver sus divergencias, evitando acudir a los juzgados. Como ventajas tiene también la rapidez, un menor costes y la discreción, además de que es un proceso comunicativo, favorece el diálogo y el consenso entre las partes y el proceso que se lleva a cabo es personalizado, ofreciendo soluciones adaptadas a las necesidades de las partes.”

De otro lado, el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Justicia, aprobó el anteproyecto de Ley de Impulso de la Mediación, con la que se pretendía (el adelanto electoral del 28 de abril ha paralizado desafortunadamente su aprobación definitiva en el Parlamento, su publicación en el BOE y su entrada en vigor) la implantación definitiva de la mediación como figura complementaria de la Administración de Justicia para la resolución extrajudicial de conflictos en los ámbitos civil y mercantil de forma más ágil y con un menor coste económico y personal para las partes, además de servir para descargar a los juzgados de miles de procedimientos.

Más recientemente, las organizaciones profesionales agrarias y sectoriales del sector productor de remolacha azucarera, ASAJA, COAG, UPA y CNCRCA, firmantes del vigente Acuerdo Marco Interprofesional (AMI) de ámbito nacional para las campañas remolacheras azucareras 2015/16 a 2019/20, convocaron a la Mesa Nacional de Seguimiento para buscar una solución consensuada a un problema contractual que no llegó, lo que llevó a éstas a decidir activar la cláusula Vigésimo Segunda del citado acuerdo, relativa al Arbitraje, ante la decisión unilateral de la empresa Azucarera de recortar en 6,5 €/t el  precio base de la tonelada de raíz entregada en la próxima campaña 2019/20.

En esa cláusula se señala que “cualquiera de las entidades firmantes del presente Acuerdo, que considere incumplida alguna o algunas de las estipulaciones del mismo -en este caso, cambio unilateral por Azucarera del modelo de contratación de la remolacha-, deberá ponerlo en conocimiento, obligatoriamente, en primera instancia de la Mesa de Seguimiento a cuyo ámbito afecte más directa e inmediatamente el litigio. En caso de no resolver ésta el asunto en cuestión, lo elevará a la mesa de rango inmediatamente superior. En caso de que se agote esta vía llegando a la Mesa Nacional sin que exista acuerdo en esta última, la Secretaría de ésta, iniciará el procedimiento de arbitraje.”

Y eso es lo que hizo el conjunto de las OPAS, estimando el punto 22.2 de la cláusula Vigésimo Segunda, en el que se dice que “las partes intervinientes, acuerdan que todo litigio, discrepancia, cuestión o reclamación resultantes de la ejecución o interpretación del presente Acuerdo Interprofesional, se resolverá definitivamente mediante arbitraje de derecho por un árbitro en el marco de la Corte de Arbitraje de Madrid, de la Cámara Oficial de Comercio e Industria, a la que encomienda la Administración del arbitraje y la designación de árbitros de acuerdo con su Reglamento y Estatutos.”  Con el añadido del punto 22.4., que recoge que “las partes hacen constar expresamente su compromiso de cumplir el laudo arbitral que se dicte.”

Fomento del arbitraje

Otro ejemplo: el pasado 8 de febrero el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana publicaba la Ley 2/2019, de 6 de febrero, de la Generalitat, de reforma de la Ley 3/2013, de 26 de julio, de los contratos y otras relaciones jurídicas agrarias, para la exigencia de la forma escrita y para la creación del registro de operadores, contratos y relaciones jurídicas agrarias. En su Capítulo II, el artículo 59 versa sobre el “Fomento del arbitraje y la mediación en el ámbito de los contratos que regula la ley” que, en su punto 2, “crea la Junta de Arbitraje y Mediación para las compraventas agrarias, como órgano colegiado adscrito a la Consellería en materia de agricultura, que tendrá competencias para ejercer funciones de arbitraje y mediación dirigidas a la resolución de las cuestiones litigiosas que surjan en relación a los mencionados contratos.”

El propio Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la Contratación Alimentaria (CBPMCA), de carácter voluntario, va más allá de lo que regula la Ley 12/2013 de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, y contempla en su sistema de resolución de conflictos la figura del mediador como una vía para la autorregulación del propio sector agroalimentario y para solucionar cualquier discrepancia respecto de la aplicación de los compromisos establecidos en el Código, mediante procedimientos basados en la buena fe y con los menores costes operativos y de gestión.

En el mismo se señala que “cualquiera de los operadores que intervienen en una relación contractual  podrán promover un procedimiento de Mediación, en caso de que no hubiera acuerdo en la fijación del precio de los contratos alimentarios en las siguientes condiciones: que se trate de una relación contractual en la que el vendedor sea una Organización de Productores (en los términos definidos en la PAC) que opere en nombre y representación de sus asociados; que el contrato se refiera a un producto agrario no transformado en su primera venta, y que ambos operadores que intervienen en la relación comercial estén adheridos al Código.”

El recurso a la mediación deberá fijarse en los contratos y ser aprobada por ambas partes y la realización del correspondiente acto de mediación se solicitará, por cualquiera de las partes, ante cualquiera de las instituciones de mediación establecidas en la Ley 5/2012, de mediación de asuntos civiles y mercantiles. Además, el MAPA podrá constituirse en institución de mediación, algo que, por ahora y que se sepa, no ha hecho.

Obligatoriedad mitigada

La escasa aplicación real este procedimiento de autorregulación sectorial se debe al carácter voluntario de la adhesión al CBPMCA por parte de las empresas agroalimentarias, que no han mostrado por ahora demasiado interés en suscribirlo (no así las asociaciones) y, por supuesto, en cumplirlo. También a la limitación para aplicar el procedimiento mediador (solo OPs y para productos agrarios no transformados en su primera venta) y, por qué no decirlo, a que para muchas empresas (sobre todo del ámbito de la transformación y de la distribución) acceder a un procedimiento de arbitraje o de mediación supone la cesión de su poder negociador a un tercero independiente (árbitro o mediador), con todo lo que eso implica o puede implicar en el desarrollo de su negocio. Las consecuencias económicas desfavorables posteriores, derivadas de ir a un proceso de mediación, tampoco animarían a los productores a acogerse al mismo.

Por eso, en la nueva ley que pretendía sacar adelante el Ministerio de Justicia, y cuyo alcance para muchos profesionales del ámbito legal se quedaba incluso corto, se buscaba superar el modelo de mediación actualmente vigente, basado en su carácter exclusivamente voluntario, por el denominado de “obligatoriedad mitigada”, un trámite necesario que obligaría a los litigantes a asistir a una sesión informativa y exploratoria en los seis meses previos a la interposición de la demanda en un número tasado de materias, siguiendo con los modelos implantados en otros países, como Italia.

Esta sesión pretendía que estuviese dirigida por un mediador y destinada a explorar tanto el asunto objeto de controversia, como el procedimiento inicial de las partes, que recibirían información clara y precisa del procedimiento, de la dinámica de trabajo a seguir en caso de que finalmente se acordase continuar la mediación y de sus beneficios frente a la vía judicial en cuanto a ahorro de tiempo y de costes.

Desde el Ministerio de Justicia se recordaba que en la mediación no se requiere abogado, ni procurador, y el coste económico de recurrir a un mediador se estima muy inferior al que incurrirían las partes si optaran por la vía judicial.

La nueva ley pretendía también una mediación intrajudicial, que tendría lugar cuando el juez o el tribunal, una vez analizado el caso, considerase que una forma alternativa al juicio puede resultar más satisfactoria para las partes, siempre que no se hubiese producido un intento de mediación con carácter previo al inicio del proceso.

En el anteproyecto aprobado se entraba en regular mejor la figura del mediador, señalando que para actuar como mediador será necesaria la inscripción en el Registro de Mediadores e Institución de Mediación, dependiente del Ministerio de Justicia, o en los registros habilitados a  tal fin por las CC.AA., apostando también por su mejor cualificación profesional.

La entrada en vigor de dicha ley, que se proponía, se demoraba a nuestro entender demasiado tiempo: a los tres años de su publicación en el BOE, según el Ministerio de Justicia, “para asegurar un margen temporal suficiente para la adaptación reglamentaria y fomentar la presencia de mediadores en todos los partidos judiciales.”

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