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El punto de encuentro de la cadena agroalimentaria

Periódico Digital Qcom.es: El punto de encuentro de la cadena agroalimentaria

2 DE septiembre DE 2021

Preparados para el objetivo climático de la UE, "Fit for 55"

Ricardo Migueláñez. @Rmiguelanez

La “hoja de ruta” para reducir en un 55% las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a la atmósfera de aquí a 2030 (“Fit for 55”), impulsada recientemente por la Comisión Europea a través de un paquete de 12 iniciativas legislativas, afecta a muchos sectores de la economía, pero el agrario, incluida la silvicultura, y el agroalimentario serán de los fundamentales y de los que tendrán que realizar más esfuerzos durante estos próximos años en aras de cumplir con ese objetivo central.

Pero, mientras que el objetivo está claro (incluso ya hay quien plantea elevar ese recorte de emisiones GEI al 60% en 2030) para la CE y la mayoría de los Estados miembros de la UE en el camino intermedio que lleve a la neutralidad climática en 2050, para el sector agrario, que figura en muchas de las propuestas presentadas por Bruselas, la manera en que ese objetivo se trata de lograr no está clara, o no tanto.

Recordar que la Comisión Europea presentó a mediados de julio pasado un amplio paquete de propuestas legislativas para adaptar las políticas comunitarias en materia de clima, energía, uso del suelo, transporte y fiscalidad, con el fin de reducir las emisiones netas de GEI en al menos un 55% de aquí a 2030, en comparación con los niveles de 1990. Lograr reducir esas emisiones en la actual década se considera crucial para que Europa se convierta en el primer continente climáticamente neutro del mundo de aquí a 2050, haciendo realidad el Pacto Verde Europeo.

También incidir en que, además, los sectores agrícolas y de la silvicultura se verán afectados principalmente y entre otras por la revisión de la normativa sobre el uso de la tierra, la silvicultura y la agricultura (LULUCF/UTCUTS); la Directiva sobre Energías Renovables; el sistema de intercambio o comercio de derechos de emisión (RCDE); la normativa sobre el reparto del esfuerzo, o las propuestas para crear un mecanismo de ajuste del carbono en frontera.

Para Pekka Pesonen, secretario general de la organización que defiende los intereses de los agricultores europeos y sus cooperativas, COPA-Cogeca, “evaluar el impacto global que un paquete de reformas de tal envergadura tendrá para la agricultura es una tarea compleja, puesto que los medidas y los mecanismos propuestos para reducir las emisiones en al menos un 55% de aquí a 2030 son múltiples y tendrán efectos complejos y acumulativos. El Pacto Verde establece un patrón claro que la Comisión sigue repitiendo. Es decir, la UE tiene una visión firme del mercado interior, que podemos apoyar. Sin embargo, para garantizar que (esa visión) está en consonancia con el comercio internacional, todavía faltan soluciones concretas, en especial en lo que atañe al sector agrario.”

Lo que resalta Pesonen sobre la falta de concordancia entre las medidas a adoptar en el mercado interior y el comercio internacional será uno de los principales problemas a los que deberá enfrentarse el sector agroalimentario europeo. Si las primeras se adoptan y se ponen en marcha sin que haya correspondencia o correlación en tiempo y forma con las que deberían adoptarse en el plano comercial, como es de temer, se da por descontado que el sector agrario/agroalimentario comunitario perderá competitividad frente a los productos importados de países terceros, que no se verían concernidos, ni obligados por las exigencias legislativas que emanan del “Green Deal” y de la Ley Europea del Clima.

¿Evaluación de impacto?

Hay que recordar también que el sector se ha cansado de pedir a la Comisión Europea un estudio de impacto sobre las consecuencias que tendrá el Pacto Verde sobre la agricultura, la ganadería y la industria agroalimentaria de la Unión, sin que se haya avenido a presentarlo. A lo más que ha llegado es a lanzar un informe, realizado por el Centro Común de Investigación (CCI), a principios del pasado mes de agosto (en pleno periodo estival) sobre los efectos de cuatro objetivos “escogidos” de entre los que se incluyen en las estrategias “De la granja a la mesa” y “Biodiversidad”, con la preocupante conclusión de que, en cualquiera de los casos que se plantean, ambas estrategias provocarán una reducción sin precedentes tanto de la capacidad de producción de la UE, como de la renta de sus agricultores.

Como consecuencia de esa merma de la producción, gran parte de la reducción de las emisiones agrícolas, que se habrá  logrado mediante la aplicación de estas estrategias, se esfumará a causa del efecto de “fuga de sostenibilidad” hacia terceros países. Es decir, se considera que al menos la mitad de las reducciones de GEI previstas en todas las coyunturas posibles, se verían sustituidas por incrementos de las emisiones de GEI en terceros países.

O, dicho de otra forma para entendernos, que el resultado final será como hacer un “pan como unas tortas”, en el que las víctimas serán los agricultores y ganaderos comunitarios y los vencedores los grandes conglomerados del comercio internacional (no ya las explotaciones agrarias o los agricultores de países terceros), que podrían inundar con productos agroalimentarios (materias primas básicas, alimentos frescos y/o transformados) el mercado europeo e internacional, porque los primeros dejen de producir al no serles ya rentable y perder competitividad.

La propia CE, a pesar de divulgarlo en pleno periodo vacacional, quiso quitar hierro a ese informe, indicando que se trata de un estudio técnico incompleto y no de una “evaluación de impacto” de ambas estrategias. Pese a lo cual concluye que, en cualquiera de las coyunturas planteadas, se vislumbra un descenso de la producción agraria europea de entre un 5% y un 15% en todos los sectores, siendo los ganaderos los más afectados, según destacó el COPA-Cogeca.

Los cambios en la producción, según dicho estudio, implicarían la reducción de los niveles de exportación neta de cereales, carne de cerdo y carne de ave, además de agravar el déficit comercial de la UE de oleaginosas, frutas y hortalizas y carne de vacuno, ovino y caprino.

Por si fuera poco, en todos los casos analizados se observa una subida neta de los precios de producción (inputs o insumos) de en torno al 10%, lo cual tiene un efecto negativo añadido en los ingresos de la mayoría de los agricultores, puesto que no solo producirán menos y a precios menos competitivos, sino que además les costará más producir.

El efecto sumidero

Por otra parte, otro de los puntos es que la CE, los Estados miembros y el propio sector comparten la necesidad de retirar carbono de la atmósfera, mediante la absorción en origen, y consideran responsable modificar el actual reglamento sobre el uso de tierra, la silvicultura y la agricultura (LULUCF), en el que se establece un objetivo global de la UE para la absorción de CO2  por los sumideros naturales, equivalente a 310 millones de toneladas de emisiones de dióxido de carbono para 2030.

Los objetivos nacionales exigirán a los Estados miembros que cuiden y amplíen sus sumideros de carbono para que la UE en su conjunto alcance en 2035 la neutralidad climática en los sectores LULUCF, incluyendo las otras emisiones agrícolas  distintas del CO2 (óxido nitroso, amoníaco, metano…etc.), derivadas del uso de fertilizantes y de la actividades ganaderas.

En este contexto, la CE señala que la Estrategia Forestal de la UE, recientemente presentada, tiene como fin mejorar la calidad, la cantidad y la resiliencia de los bosques comunitarios y, en este sentido, apoya a los silvicultores y la bioeconomía forestal. Al tiempo que mantiene la sostenibilidad de las cosechas y el uso de la biomasa preserva la biodiversidad, establece un plan para plantar 3.000 millones de árboles  en toda Europa de aquí a 2030.

Lástima que estas correctas palabras choquen, una vez más, con el drama anual de los incendios forestales, que cada verano destruyen cientos de miles de hectáreas forestales en la UE, como ha sucedido este año con los fuegos que han asolado montes y bosques del Sur de Europa, principalmente en Grecia, Italia y España (casi 23.000 ha quemadas solo en un incendio en Navalacruz, Ávila, más otros muchos siniestros).

El COPA-Cogeca espera que la CE aporte claridad sobre cómo pretende alcanzar en la práctica este objetivo de reducción de 310 millones de t de emisiones de CO2 para 2030 y espera con impaciencia la publicación de la iniciativa sobre la captura de carbono en suelos agrícolas a finales de este mismo año. Para esta organización, los sistemas de crédito de carbono, basados en el mercado, como parte de un nuevo modelo empresarial, deberían desempeñar un papel central, en lugar de los incentivos directos.

Esta política, añade, será un mecanismo eficaz, siempre y cuando se tome en consideración la contribución positiva del sector agrario y no, únicamente, las emisiones que genera. Y no está de más recalcar que los agricultores y las cooperativas de la UE ya han emprendido iniciativas para contabilizar el carbono, porque consideran que su captura en los suelos agrícolas es una fuente importante de ingresos adicionales y una tendencia prometedora, mientras que en la silvicultura, lo son los incentivos económicos que potencien la gestión sostenible de los bosques, como motor con el que elevar el uso de materias primas renovables que permitan sustituir los materiales de fuentes fósiles.

Fuga de carbono y comercio

Junto a esta cuestión, probablemente las mayores dificultades de aplicación real se encuentren en el plano comercial, con vistas a evitar el fenómeno de “fuga del carbono”.  En este punto, la CE plantea como instrumento principal establecer un mecanismo de ajuste en frontera de las emisiones de carbono, al reconocer que el actual sistema de comercio de derechos de emisión (ETS), incluso aunque se revise, será insuficiente para prevenir el posible (o más que probable) “dumping” por parte de países terceros que no comparten, o se ven imposibilitados, de establecer las mismas ambiciones climáticas que la Unión Europea.

Como se ha referido líneas arriba, a la hora de aplicar la estrategia “De la granja a la mesa”, una de las grandes preocupaciones  para el sector agrario comunitario será garantizar una competencia  en igualdad de condiciones con países terceros.

A pesar de que el sector agrario (no queda más remedio) apoya la creación de un mecanismo de ajuste de carbono en frontera, que se aplique a los productos agrícolas (siempre y cuando se respeten ciertas condiciones), la Comisión Europea decidió de entrada excluir al sector agrario del mismo. Sí incluirá, por el contrario, al sector de los fertilizantes, uno de los insumos básicos de la actividad agrícola, lo que supondrá una doble penalización, insostenible para los agricultores, porque elevará aún más el precio de este “input” en el mercado europeo.

De cualquier manera, la puesta en marcha de este mecanismo no se prevé nada fácil. Estados Unidos, a través de su Enviado Especial para el Clima, John Kerry, ya expresó hace meses a la Comisión su preocupación por el impuesto fronterizo al carbono, que plantea la UE con la intención de proteger al sector industrial europeo, y cuya aplicación calificó de “extremadamente complicada”. También economías emergentes y exportadoras de bienes al mercado comunitario, como Brasil, Sudáfrica, India y China, hicieron llegar sus críticas a Bruselas sobre el citado plan comunitario, tachándolo de “discriminatorio” e “injusto” para las naciones en desarrollo.

Además, tal mecanismo podría ser visto y considerado como una nueva traba al intercambio de bienes, lo que obligará a la Organización Mundial de Comercio (OMC) a entrar en escena para fijar su posición multilateral al respecto. Algo que no podrá hacer hoy para mañana, dado lo tan controvertido del asunto.

Con estos mimbres, no debe extrañar que el sector agrario europeo mire con amplio recelo y una enorme dosis de escepticismo la aplicación del amplio paquete legislativo europeo sobre el clima, tanto en lo que se refiere al establecimiento de este mecanismo, como del resto de instrumentos y medidas que pretende aplicar de aquí a 2030, sin querer poner en entredicho el objetivo central de reducción de las emisiones de GEI en esa fecha y la neutralidad climática del continente europeo planteada para 2050.

Para el COPA-Cogeca, la clave de todo esto es la coherencia (o la falta de la misma, que es lo que observan). Y concluyen, “como suele ocurrir, debido a la incoherencia, los problemas surgirán en los detalles y la letra pequeña, algo que solo podrá detectarse cotejando las evaluaciones de impacto que debería realizar la Comisión Europea.”

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