Comenzar la búsqueda
 

buscar

Búsqueda en los contenidos de la web
El punto de encuentro de la cadena agroalimentaria

Periódico Digital Qcom.es: El punto de encuentro de la cadena agroalimentaria

13 DE septiembre DE 2019

Sánchez y la cadena alimentaria, si fuera o fuese

Ricardo Migueláñez. @rmiguelanez

Como ya avanzamos hace unos días, el martes 3 de septiembre el presidente en funciones, Pedro Sánchez, dio a conocer su “Propuesta abierta para un programa común progresista”, que ya ha suscitado reacciones diversas y que, por ejemplo, no gustó apenas nada al “lobby” empresarial de nuestro país por su intención de reformar la legislación laboral y plantear revisiones fiscales e impositivas al alza.

En una parte considerable, el texto pisa ya sobre terreno conocido y muchas de sus 370 medidas se incluyeron ya en el informe que se hizo en su día de cara a aprobar unos presupuestos con Unidas Podemos, que no salieron adelante y que llevaron al adelanto electoral del pasado 25 de mayo.

El que ahora nos concierne lo mismo podría servir de base programática para tratar de convencer al partido de Pablo Iglesias para que apoye a Pedro Sánchez antes del 23 de septiembre en la conformación de un nuevo Gobierno progresista de izquierdas, en el que sería de nuevo presidente, que como programa electoral del propio Partido Socialista de cara a una repetición de las elecciones generales el próximo 10 de noviembre.

Da la impresión de que el documento de 75 páginas ha sido redactado a toda prisa, tras las reuniones celebradas por el propio Sánchez con organizaciones de la sociedad civil durante agosto en una operación de marketing político bastante descarada. Y aunque también aporta novedades, un porcentaje importante de las medidas contempladas, sobre todo las referidas al sector agrario, agroalimentario, al reto demográfico, al agua, al medio ambiente o al clima eran ya de sobra conocidas en su exposición. Es cierto que no dieron tiempo –y sin presupuesto menos- a ser aprobadas y a ponerse en marcha en la anterior legislatura.

Nos congratulamos que de los 5 capítulos de los que consta dicho documento, uno, el tercero denominado  “Emergencia climática, transición ecológica de la economía, agricultura y pesca”, y casi 10 páginas, haga referencia explícita a nuestro sector y otro, el sexto sobre “Estructura territorial” incluya un apartado sobre el “Reto demográfico en el medio rural”, cuya puesta en marcha quedó en el alero al decaer la aprobación de los presupuestos generales de 2019 y concluirse anticipadamente la legislatura por el adelanto electoral.

Sobre la Política Agraria Común (PAC), el texto recalca su defensa sobre que esté “suficientemente dotada para garantizar la triple sostenibilidad económica, social y medioambiental de las explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales españolas durante el periodo 2021-2027, cumpliendo así con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 y con los compromisos climáticos del Acuerdo de París sobre Clima, y en la que se mantenga el mismo nivel de ayudas para España que en periodo actual.”  Nada que objetar y nada nuevo que no fuera ya conocido.

Para aplicar esa nueva PAC, el programa señala que “definiremos e implementaremos un Plan Estratégico Nacional, que tenga en consideración todas las necesidades de la agricultura, la ganadería, la selvicultura y el medio rural y el apoyo a la agricultura familiar y profesional, al tiempo que establezca los instrumentos precisos para ello y contemplando las particularidades de nuestros sectores y territorios”. La financiación conjunta de este Plan Estratégico Nacional, tanto de la UE, como del Estado y de las CC.AA., “superará los 50.000 millones de euros durante los siete años del periodo de vigencia”.

tractor

Fortalecer los seguros

En paralelo, hay un compromiso para seguir impulsando sectores y políticas clave, como la agricultura y la ganadería ecológicas, o fortaleciendo la política de seguros agrarios, “clave para la viabilidad de nuestras explotaciones”, aunque en este último punto parezca ahora que se está haciendo todo lo contrario por las numerosas críticas que están recibiendo los responsables del funcionamiento del sistema, Agroseguro y ENESA. 

La intención que expresa el nuevo Gobierno es “aumentar decididamente la aportación pública al sistema español de seguros agrarios, hasta recuperar el nivel de 2011.”  Aunque disponer de más fondos de apoyo público es importante, desde el sector y desde algunos Gobiernos regionales y partidos políticos se clama ya por una revisión profunda del mismo, que tenga en cuenta los efectos del cambio climático sobre la agricultura y contribuya a impulsar el aseguramiento efectivo y eficaz de las producciones agrarias.

Declamaciones como “favoreceremos un medio rural vivo”, “impulsaremos el papel de las mujeres en el medio rural”, “promoveremos la digitalización en todos los ámbitos para cerrar la brecha digital que separa el medio rural del medio urbano”,  “seguiremos apostando por productos alimentos sanos, de calidad, innovadores, construyendo un sistema alimentario basado en el conocimiento, la investigación, la formación y la aplicación de las nuevas tecnologías” o “apoyaremos la promoción de nuestras producciones dentro y fuera de nuestras fronteras son aspectos que se repiten una y otra vez, con cierto “tic” electoral y que no aportan nada que no fuese ya declamado y de sobra conocido.

Algo más novedosa es la intención expresada de revisar la “legislación alimentaria para lograr un reparto más justo y equitativo del valor de los alimentos a lo largo de la cadena”, dado que se trata de una demanda no atendida del sector, pero a saber en qué queda.

Tras más de cinco años de la entrada en vigor de la Ley 12/2013 de la Cadena Alimentaria son ya muchas las voces que vienen reclamando su revisión y mejora, sobre todo incorporando a nivel estatal la competencia sobre “venta a pérdidas” y dotando de más recursos económicos y de más medios técnicos y humanos a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), así como dando más transparencia y conocimiento sobre la importante labor que ésta viene realizando en beneficio de los eslabones más débiles de nuestro sector agroalimentario.

También se quiere dar un “nuevo impulso al asociacionismo agroalimentario para fortalecer la posición de los productores” y revisar las interprofesionales para que puedan jugar un papel más activo en las relaciones de cadena.

La política forestal, donde queda casi todo  por hacer, es merecedora de dos apartados en este documento, en los que se hace referencia (una vez más) al reforzamiento de las medidas de prevención contra los incendios forestales y al impulso de la sostenibilidad en este sector.

Política pesquera y de aguas

La pesca cuenta con otros cinco apartados donde se propone el fortalecimiento de la viabilidad económica de la flota industrial y artesanal, y la mejora de las condiciones socio-laborales de sus trabajadores; la lucha  contra la pesca ilegal, no reglada y no reglamentaria, y la defensa del modelo de producción sostenible con el medio marino y sus recursos naturales, y el desarrollo de una economía azul; el impulso de una pesca y una acuicultura sostenibles; la consecución de un Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca suficientemente dotado, así como la defensa del sector pesquero nacional ante las eventuales consecuencias nocivas de un Brexit sin acuerdo previo con la UE, velando por los intereses de nuestra flota pesquera.

En lo relativo a la política de aguas, el documento se escora casi exclusivamente hacia la vertiente medioambientalista, cuando propone una reorientación de dicha política para “anticipar los efectos del cambio climático”, a la intención de “aumentar la seguridad hídrica de todas las cuencas, mediante un uso eficiente de las tecnologías disponibles para controlar el consumo y la calidad del agua, gestionar adecuadamente los acuíferos e incrementar los recursos disponibles, con menor dependencia de la evolución de las precipitaciones” (sic). 

pesca

Para todo ello, “se buscará un acuerdo entre las diferentes fuerzas políticas y sociales, que permita alcanzar un Pacto Nacional del Agua.”  De forma recurrente se vuelve –nada nuevo bajo el sol- sobre el mismo camino pendiente de andar por la incapacidad de lograr ese consenso tan necesario tanto por este Gobierno, como por los anteriores.

Terreno conocido es también la intención del nuevo Gobierno de impulsar la aprobación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, así como la implementación del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y la Estrategia de Transición Justa; la Ley de Movilidad Sostenible y la financiación del transporte público (de indudable interés para el medio rural); la ampliación de la red de espacios protegidos;  el Plan de Acción contra las especies invasoras que amenazan la biodiversidad;  la reducción del uso del plástico…etc.

Como novedades están la medida 276 que dice literalmente así: “impulsaremos una Ley de Bienestar Animal, que garantice una relación respetuosa hacia todos los seres vivos que, como indica la comunidad científica, son capaces de sentir emociones. Impulsaremos en la UE reformas orientadas al bienestar animal y a evitar su maltrato.”   Se trata, nos imaginamos, una concesión a las organizaciones animalistas, que no casa muy bien con la actividad productiva ganadera-cárnica, en la que ya existen y se exigen estrictas normas en este ámbito.

Y la medida 277: “crearemos un Consejo  para la Seguridad Ambiental, con la participación de los Ministerios responsables de energía y clima, agua y biodiversidad, de agricultura, pesca, alimentación, política forestal y lucha contra los incendios forestales, protección civil, sanidad, ciencia e innovación, así como a los responsables autonómicos en estas materias y a expertos y a ONGs ambientales.  Vamos, un guirigay de Consejo del que nada se sabe por ahora.

En el capítulo 4 sobre “Avance científico, tecnológico y transición digital”, aunque muchas de sus medidas pueden ser también de aplicación en el sector agro-alimentario-mar y en el medio rural se incluye una más concreta: la medida 305, que señala que “completaremos el despliegue de redes y lideraremos la implantación de las nueva tecnología móvil 5G, impulsando proyectos piloto de 5G en los municipios rurales para eliminar más rápidamente la brecha digital territorial.”

agri

Reto demográfico rural

Por último, el “Reto demográfico en el medio rural” es merecedor de hasta 15 medidas, entre las que se incluye la aprobación (pendiente de la anterior legislatura) de la Estrategia frente al Reto Demográfica, en línea con las directrices aprobadas e incluyendo la previsión de un “mecanismo rural de garantía” (¿?), de acuerdo con la recomendación de la Declaración de Cork 2.0., así como el fomento de una política de infraestructuras, con una mejora de la inversión en cercanías ferroviarias,  la conexión a Internet de banda ancha a 30 Mps y a 3G “para cualquier núcleo de población a un precio asequible” o la creación de Oficinas Comarcales de Acción contra la Despoblación.

Asimismo, se hace referencia a garantizar la conectividad del territorio;  impulsar un Plan Nacional de Desarrollo Rural, así como crear un inventario de bienes inmuebles y rústicos en manos muertas (sin aprovechamiento económico) para dinamizar el mercado inmobiliario y de tierras para favorecer el desarrollo de nuevas actividades y la fijación de población. También es volver a lo mismo en lo relativo a facilitar el relevo generacional de las explotaciones agrarias.

Se pretende también, aunque no se sabe con qué recursos, actualizar y desarrollar la Ley 45/2007 para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural. Una buena ley que el cambio de Gobierno –del PSOE al PP-  y la fuerte crisis económica-financiera global de los años posteriores se llevó por delante.

Además, se quiere impulsar la financiación local; introducir criterios territoriales para reducir la desigualdad entre ciudadanos, sin importar el lugar donde vivan; un plan de inversiones en infraestructuras ferroviarias,  así como mejoras en las infraestructuras territoriales y, en su caso, construir otras nuevas de comunicación para garantizar la accesibilidad y la conectividad territorial. En particular (sic) “todas las poblaciones, sea cual sea su tamaño, contarán con servicio de transporte que comunique diariamente con la cabecera de la comarca y atención sanitaria a domicilio cuando no exista un centro local de salud.”

En materia de seguridad de nuestros pueblos, el documento expresa la intención de “recuperar el número de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, perdidos durante los siete años de la Administración anterior, y el impulso del plan de infraestructuras de la Guardia Civil, con una dotación de 600 millones de euros para los próximo siete años para garantizar el servicio público de la seguridad en todo el territorio.”

Qcom.es no se responsabiliza ni se identifica necesariamente con las opiniones expresadas por sus colaboradores, limitándose a convertirse en canal transmisor de las mismas