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viernes 22 de septiembre de 2017

Reportajes

Soy Entidad Asociativa Prioritaria

Gemma Fernández. Periodista @gemmafdz

Ricardo Migueláñez. Ingeniero Agrónomo @rmiguelanez

La Ley 13/2013, de 2 de agosto, de fomento de la Integración de cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario, contempla un instrumento básico para contribuir a mejorar la estructuración de la oferta y la integración, mediante el redimensionamiento de las entidades asociativas: la nueva figura de la Entidad Asociativa Prioritaria (EAP).

Ahora, tal y como estaba previsto, el Gobierno ha aprobado un Real Decreto por la que se desarrollan los requisitos necesarios para serlo y el procedimiento para su reconocimiento e inscripción y baja en el registro nacional que se creará a tal efecto.

En concreto, en España y según el Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario Español (OSCAE) hay 3.844 entidades asociativas agrarias que, con una facturación superior a los 25.000 millones de euros en 2012. Estas agrupaciones cuentan con más de un millón de socios y mantienen cerca de 100.000 empleos directos, representando  un sector básico en el entramado productivo, industrial y comercializador de la cadena agroalimentaria.

Todo son cifras muy bonitas, pero el problema es que las cooperativas españolas son muy pequeñas (a veces cada pueblo tiene dos). Su tamaño es tan pequeño que les impide ser todo lo competitivas que un mundo como el actual requiere, sobre todo si tenemos en cuenta que, como muchas veces se suele decir desde la producción y la industria, “los que compran el 80% de la producción pueden ir en un taxi.”

Para paliar esta situación, el Gobierno publicó el año pasado la Ley 13/2013 como impulso y avance hacia un nuevo modelo cooperativo en España cuyo principal objetivo es mejorar la estructuración de la oferta y fomentar la fusión e integración de productores y entidades para la constitución o ampliación de entidades asociativas de carácter agroalimentario de ámbito supraautonómico y para mejorar su estrategia empresarial y contribuir al incremento de la eficiencia y rentabilidad de estas entidades.

La nueva ley fue muy bien acogida por todos los implicados, pero comenzó una guerra entre las propias cooperativas, las Comunidades Autónomas y el Ministerio de Agricultura para definir lo que eran las EAP, ya que ahí está la “madre del cordero”.  Esta definición será la que determine el grado de apoyo que puede recibir un grupo de cooperativas que decidan unirse, en la cual también influye su ubicación geográfica, ya que generalmente los gobiernos regionales quieren que, si se unen dos cooperativas suprarregionales, poder seguir manteniendo el control y la razón social cada una en su zona, por toda la implicación político-económica y social que tienen en el medio rural.

Las principales cooperativas españolas llevan meses pendientes de la aprobación del Real Decreto que define las EAP e incluso algunos como Antonio Luque, director general de Dcoop, instaba al que en aquel momento era todavía Ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, a que fuera valiente y que sólo hubiera, como mucho, tres o cuatro en España, ya que de otro modo la ley no funcionaría. Es un tema muy delicado y según los requisitos establecidos no sabemos cuántas habrá, pero ya tenemos las condiciones que van a definir estas EAP y en breve serán publicadas en el Boletín Oficial del Estado.

Ahora, el nuevo Real Decreto complementa el trabajo realizado durante la primera parte de la legislatura por el Gobierno, junto con la Ley de Mejora del Funcionamiento de la Cadena Agroalimentaria, reflejando la importancia de promover un modelo cooperativo mucho más potente en dimensión, ambición innovadora y proyección internacional, para contribuir a que el sector supere sus deficiencias y despliegue todo su potencial.

Así, mediante el reconocimiento de entidades asociativas prioritarias, se favorece la fusión e integración de productores y entidades para la constitución o ampliación de entidades asociativas de carácter agroalimentario, con implantación y ámbito económico de carácter supra autonómico, para reforzar su posición de negociación. También que podrán ser reconocidas como entidades asociativas prioritarias las sociedades cooperativas, las cooperativas de segundo grado, los grupos cooperativos o las sociedades agrarias de transformación.

Asimismo, podrán optar a este reconocimiento las organizaciones de productores con personalidad jurídica propia, reconocidas de acuerdo con la normativa comunitaria en el ámbito de la Política Agraria Común (PAC); y las entidades civiles y mercantiles, siempre que más del 50% de su capital social pertenezca a sociedades cooperativas, a organizaciones de productores o a sociedades agrarias de transformación. En el caso de que estas entidades económicas tengan la forma de sociedad anónima, sus acciones deberán ser nominativas.

En este sentido, podrán constituirse como EAP no solo las entidades ya existentes sino aquellas que pretendan constituirse y que cumplan el conjunto de requisitos establecidos en el Real Decreto.

En concreto, el Gobierno especifica en el borrador de Real Decreto, que a fecha de hoy no ha sido publicado, concretamente en su artículo 2º y en el Anexo I, las condiciones a cumplir por la entidades para ser consideradas prioritarias en función del tipo de producto que comercializa, su facturación anual y si está en una o más CCAA. El Anexo I del Real Decreto estipula el intervalo de facturación necesario para cada producto y también cuando la entidad comercializa más de un producto (Reconocimiento Genérico). Las cifras presentadas oscilan entre los 20 millones de euros para los productos apícolas o el algodón, por ejemplo y los 500 millones de euros para el aceite. En el caso de Reconocimiento Genérico la cifra que ha propuesto el MAGRAMA es de 750 millones de euros. Estas cifras se reducen un 30% cuando la entidad solicitante sea una cooperativa de primer grado.

Asimismo, el Real Decreto viene a dar la solución a los problemas territoriales, indicando que para que una entidad sea reconocida como prioritaria no podrá tener más del 90% de su producción en una Comunidad Autónoma concreta.

En este sentido, los requisitos que deberán reunir las Entidades Asociativas Prioritarias es que los socios pertenecientes a más de una comunidad autónoma no podrán exceder del 90% en el ámbito de una concreta. Este porcentaje se ha flexibilizado al 95% cuando más del 60% de la producción nacional se concentra en una Comunidad Autónoma ó cuando la entidad desarrolle su actividad en más de un 50% en una Comunidad Autónoma con cinco ó más provincias.

Qué opina el sector

Una vez que ya se conoce el texto borrador del Real Decreto, www.qcom.es ha querido conocer la opinión de los principales grupos cooperativos y como pasa en la mayoría de los casos en este sector, siempre contestan los mismos, la gente implicada y los que entienden que es necesario comunicar para que los operadores sepan que existen.

Por ejemplo, Rafael Sánchez de Puerta, subdirector general de Dcoop, ha manifestado “su satisfacción con la aprobación de la nueva norma que define la figura de Entidad Asociativa Prioritaria”. “Ahora lo que falta es que se diseñen bien los incentivos, para lo que disponemos del PDR nacional, y de los PDRs autonómicos, que deberían primar a las cooperativas prioritarias y a sus socios, calificados como prioritarios por la ley de integración.”

Según Enrique de los Rios, director General de Única Group, cooperativa de segundo grados en el sector de las frutas y hortalizas, “para nuestro sector la nueva norma es muy positiva y aunque la principal ventaja va a venir del mercado, el sector se está movilizando y esto va a actuar como un detonante en el atomizado sector agroalimentario.”

Por su parte, Ricardo Delgado, presidente de Covap destaca que “la Ley de integración cooperativa supone, sin duda, un acicate y un estímulo para que las cooperativas agrarias españolas, tan atomizadas en la actualidad, avancen hacia estructuras mejor dimensionadas, que les permita abordar determinadas inversiones y proyectos de innovación e internacionalización, abordando con mayor solvencia los mercados interiores y también los externos y progresar en la cadena de valor”.

En este sentido, añade que “no se trata, evidentemente, de crecer por crecer, deben acompañar los resultados, pero en un mercado cada vez más complejo, competitivo y globalizado, la dimensión adquiere una especial importancia”.

En cualquier caso, Delgado señala que “las integraciones deben producirse sobre la base de verdaderos proyectos empresariales que contribuyan efectivamente, por sí mismos, a ordenar nuestro sector y a mejorar las condiciones y la rentabilidad de las explotaciones agrarias, que dan vida a nuestros pueblos, y no solo por la consecución de una ayuda, pues si esto es así sus días serán contados”.

De esta manera, Delgada afirma que “le parece acertado que el RD que desarrolla la Ley establezca unos límites que no concedan la calificación automáticamente a ninguna entidad, sino que para alcanzarla sea preciso moverse y dar pasos”.

Por último y a modo general, Cooperativas Agro-Alimentarias de España invita a las CCAA a que complementen sus Planes de Desarrollo Rural con el Plan Nacional, de tal forma que se les conceda carácter prioritario tanto a los productores como a las cooperativas que estén integradas en una EAP. Para Cooperativas Agro-alimentarias de España esto supondría un efecto multiplicador al Plan Nacional que sin duda impulsará la integración cooperativa desde los productores y cooperativas de base y reforzará la concentración de la oferta, elemento fundamental para conseguir el reequilibrio de la cadena agroalimentaria.

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