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domingo 23 de septiembre de 2018

Especial La PAC que queremos
23/02/2017

Ángel Villafranca

Pregunta.- Bruselas tiene clara su idea de flexibilizar la definición de actividad agraria para acceder a las ayudas directas. ¿Cuál es su posición?

Respuesta.- Desde Cooperativas Agro-alimentarias siempre hemos considerado que la actividad agrícola debe ser transparente y declarada. Sin entrar al debate de agricultor profesional, es perfectamente compatible una agricultura o ganadería a tiempo parcial con la profesional, pero pensamos que ésta debe ser declarada y pagar sus impuestos, evitando la economía sumergida y la competencia desleal. Nuestras empresas, las cooperativas, altamente fiscalizadas y transparentes sufren esta competencia desleal. En todo caso, el concepto de actividad agraria debe servir para acabar con la economía sumergida en el sector.  

P.- La aplicación de la reforma en España fue decidida entre Agricultura y las comunidades autónomas. ¿Es partidario de que en el futuro la misma se haga vía parlamentaria?

R.- Entiendo que debe haber una organización y un debate entre las instituciones del Estado, pero esto no debe llevar a pensar que la mejor política consiste únicamente en un reparto presupuestario más o menos adecuado a las aspiraciones políticas, o a dejar que cada comunidad autónoma reglamente de espaldas a la realidad del mercado, que no debemos olvidar no es regional ni nacional, sino mundial. Desde Cooperativas Agro-alimentarias de España apostamos por una discusión abierta y coordinada que nos lleve a un modelo de agricultura del futuro, y no solamente a mirar hacia dentro, sin tener presentes los retos que tenemos por delante. Defendemos una PAC orientada al mercado, que ayude a las cooperativas a ganar dimensión, con mejores herramientas, que les permitan afrontar el futuro.

P.- La distribución de los fondos en la reforma anterior se hizo bajo los criterios de continuidad y estabilidad para las explotaciones que recibían las ayudas y de las comunidades autónomas. ¿Debe seguir esa línea?

R.- Esta cuestión está muy relacionada con lo anterior, la PAC no solamente son los pagos directos. Y precisamente estos no se han mostrado muy eficientes, porque han sido incapaces de compensar la volatilidad de precios y la renta y porque están basados en unas referencias históricas que nada tienen que ver con la realidad actual en muchas ocasiones, por tanto son muy fáciles de atacar, teniendo en cuenta que suponen el 75% del presupuesto. Dentro del debate debemos preguntarnos qué objetivos queremos alcanzar, qué papel debe jugar cada instrumento y qué efectos queremos que produzcan. Centrar todo en el debate presupuestario exclusivamente es como solo ver el árbol que nos impide ver el bosque.

P.- ¿Cómo valora el proceso de convergencia de las ayudas de la PAC aplicado en España?

R.- En España este proceso de convergencia está siendo muy limitado por nuestro modelo de aplicación, que limita su impacto. Lo fundamental en esta política y los problemas del sector ya no está en los pagos directos, muy importantes para el que los recibe, pero que se han convertido en una problemática paralela a los que tiene el sector en el mercado.

P.- ¿La nueva reforma debe avanzar hacia un pago igual por hectárea?

R.- Eso dependerá del modelo de PAC que se diseñe. Desde luego ese tipo de instrumentos no tienen en cuenta a la agricultura como un sector económico, sino como un pago para compensar los bienes públicos medioambientales que produce el titular del pago y que no remunera el mercado. En Cooperativas Agro-alimentarias siempre defenderemos una PAC centrada en el sector económico y las cuestiones de mercado, porque desde ahí es viable tratar los otros aspectos de la sostenibilidad ambiental y social.

P.- ¿Deben seguir los pagos por derechos históricos? ¿Se deben incluir otros sectores hoy fuera de las ayudas?

R.- Las referencias históricas no se adecuan a la realidad productiva actual y hoy en día hablar de sectores y el actual pago básico es una reminiscencia del pasado, los actuales pagos están desacoplados, y tienen más que ver con las referencias personales que sectoriales.

P.- ¿Hay que primar a las primeras hectáreas de cada explotación?

R.- Este modelo aplicado a España no sé si tiene sentido aplicarlo a la realidad española. Pero insisto en que la PAC va mucho más allá que el modelo de pagos desacoplados que se pretenda implantar. Los problemas de mercado, la volatilidad, el desequilibrio de la cadena y la necesidad de concentrar la oferta para reequilibrarla son aspectos que están y serán claves para el futuro del sector.

P.- ¿Deben recibir las ayudas los jubilados? ¿Sería posible un sistema de ayudas para que dejaran las tierras y se impulsara el relevo generacional?

R.- Sin duda alguna el relevo generacional es una de las claves del futuro del sector. Debemos atraer no solamente jóvenes agricultores y ganaderos, sino también profesionales con proyección y capaces de implantar las nuevas tecnologías e innovaciones en nuestro sector. Un sector envejecido es más reacio al cambio y a la innovación. Pero dudo que el problema del cobro de pagos de los jubilados sea el problema. El problema es el acceso a la tierra, la posibilidad de formar parte de estructuras asociativas sin perder el derecho a las ayudas a la incorporación, son instrumentos fundamentales en la incorporación de jóvenes. Pero también la formación, que se incorporen en los consejos rectores de las cooperativas, etc.

P.- ¿Se debe fijar tope a las ayudas directas?

R.- No entramos en la cuestión de las personas físicas, es un criterio de distribución discutible, pero desde luego consideramos que la limitación de las ayudas a aquellas entidades asociativas tipo cooperativas es un contrasentido en toda regla, porque son figuras que aglutinan a cientos y miles de agricultores que se han unido para ganar eficiencia y utilizar mejor los recursos. Eso no debería ser penalizado sino impulsado.

P.- ¿Cómo valora el uso de los fondos para desarrollo rural? ¿Cómo se deberían aplicar para frenar el abandono del medio?

R.- El desarrollo rural es una política muy compleja que, además, no está coordinada entre CC. AA. Con la aprobación de un PNDR, donde se integra la ley de integración cooperativa, se ha dado buen paso, pero no suficiente. Quizás sea necesaria una mayor coordinación entre las medidas de las CC. AA., especialmente aquellas que afecten a las estructuras productivas e inversiones para producir efectos más coherentes. En aspectos de desarrollo regional debería haber mayor sinergia con otros fondos, sabiendo que uno de los principales problemas de las zonas rurales es la falta de servicios básicos, que provocan un éxodo rural que seguimos padeciendo. Las cooperativas somos en muchas ocasiones las únicas empresas que mantenemos la actividad económica en la zona y que aportamos servicios públicos a la población local que ni siquiera la administración es capaz de aportar.

P.- ¿Ha servido para algo el pago verde? ¿Cómo se debería gestionar para mejorar su eficacia?

R.- El pago verde ha servido para dar una cara más medioambiental a los pagos directos de la PAC. Impone más obligaciones a los productores, que tienen que adaptar sus explotaciones a nuevas obligaciones en un sistema europeo de producción ya de por sí muy exigente. Tras dos años de pago verde es difícil observar efectos realmente evaluables, que se verán a más largo plazo. Nadie duda de que la agricultura jugará un papel fundamental en la gestión medioambiental y en paliar los efectos del cambio climático, pero no se debe ir contra ella, sino ayudándola para que nuestras aspiraciones medioambientales como sociedad sean alcanzables y reales.  

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