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domingo 23 de septiembre de 2018

08/03/2018

"Es difícil que la venta a pérdidas se pueda incorporar a la Ley de la Cadena"

(Continuación de la entrevista al secretario general de Agricultura y Alimentación, Carlos Cabanas)

  • “Creo que la política de convergencia fue positiva porque no distorsionó el modelo producción y supuso una distribución razonable de los pagos”

Vidal Maté. @trigolimpio_VM

Pregunta.- España presume en Bruselas de ser pionera en el control de la cadena a alimentaria. Han mejorado la política de control en materia de contratos y plazos de pago pero sigue la venta a pérdidas.

Respuesta.- Se trata de una práctica desleal prohibida ya en la norma que regula las transacciones comerciales como la Ley de la Competencia o la Ley de Ordenación del Comercio Minorista, actualmente a revisión por parte del Ministerio de Economía y con las comunidades autónomas con las competencias para su control. En este momento no parece posible incluir en la actual Ley de la Cadena las competencias en materia de venta a pérdidas y estamos a la espera de conocer el contenido de la propuesta de esta dirección que plantee Bruselas en los próximos meses para adoptar una decisión. En todo caso, desde el Ministerio tratamos de promover y formular iniciativas en esta dirección entre los operadores de la cadena. Con la Ley hemos logrado un control sobre contratos y plazos de pago y que se hable y se denuncie la venta a pérdidas.

P.- ¿Han servido para algo los protocolos o compromisos suscritos con industrias y distribución para la sostenibilidad de la cadena? ¿Precios mejores en el campo?

R.- Con el Código de Buenas Prácticas en la Contratación Alimentaria creo que se han dado pasos importantes para mejorar las relaciones en la cadena con la adhesión al mismo de 106 empresas y asociaciones. Se debe destacar el Acuerdo en esta misma dirección en el sector de la leche de vaca por el que se ha dado un mayor protagonismo a la interprofesional Inlac y se ha logrado, poco a poco, una mayor estabilidad en los precios al consumidor, eliminación de los precios de oferta muy bajos y, a la vez, una mayor estabilidad en los precios en el campo.

P.- En los últimos tiempos, por el bienestar animal se ha iniciado el desmantelamiento de las jaulas para gallinas ponedoras, el auge de productos bio en pollos por la presión de la demanda… En la futura PAC, ¿qué peso pueden tener las buenas prácticas medioambientales, el bienestar animal, los vertidos, purines, el uso de fitosanitarios, las emisiones, etc., a la hora de las ayudas?

R.- Todos los elementos vinculados a una actividad agraria más comprometida con el cuidado del medio ambiente y unos modelos de producción más sostenibles van a marcar la PAC post 2020 porque, además, es algo que demandan los ciudadanos europeos.

Parece claro, por tanto, que la PAC incorporará estos objetivos lo que permitirá ser conscientes del verdadero valor añadido que esta política tiene. Todos debemos ser conscientes de que estos nuevos elementos que, como decía, van a estar en el centro de las negociaciones, son una oportunidad para nuestros agricultores y ganaderos para poner en valor sus producciones y no como un inconveniente más. Para ello, sin duda, puede ser muy útil el establecimiento de medidas incentivadoras más allá de las obligaciones que puedan venir establecidas.

P.- Proyectos de macroexplotaciones como el de Noviercas en vacuno de leche o de macrogranjas en porcino en Castilla-La Mancha están siendo objeto de debate en el sector.

R.- En Agricultura estamos a favor de la actividad agraria que se practica tradicionalmente en unas zonas, que se profesionalice y modernice en aras de su mayor viabilidad. Este tipo de explotaciones es importante que cumplan, de entrada, todas las exigencias en materia de medio ambiente, vertidos, residuos, contaminación y, muy importante, de bioseguridad. Pero, además de eso, es fundamental a la vez que su implantación tenga un efecto social y económico equilibrado para el territorio y para el propio sector.

P.- El seguro agrario se mantiene al cabo de 39 años como uno de los ejes de la política agraria. ¿No se ha quedado viejo con necesidad de una revisión?

R.- Desde su constitución en 1978, el seguro agrario no ha parado de modificarse a nivel geográfico y de coberturas de riesgos pasando de cinco líneas que cubrían básicamente daños de pedriscos y heladas hasta las actuales 43 líneas que lo han convertido en una referencia internacional cubriendo los principales riesgos que afectan a una explotación con una revisión y actualización permanente en base a las propuestas del sector. Se cubren prácticamente la totalidad de los riesgos climáticos y otros eventos que escapan al control de los productores e incluso en determinadas producciones, los daños en instalaciones. Recientemente se han modificado los seguros dirigidos a explotaciones ganaderas para contratar un paquete básico que cubre los principales riesgos que pueden poner en peligro la viabilidad de su explotación.

P.- Cada año se habla del seguro de rentas como uno de los temas de estudio. No sería un paso en esa dirección un seguro que cubriera unos rendimientos más elevados acordes con las producciones reales más altas.

R.- Seguimos trabajando en analizar esa opción. Pero los seguros basados en rendimientos, como por ejemplo el de cultivos herbáceos extensivos, permiten cubrir pérdidas por cualquier adversidad y son muy eficaces para cubrir riesgos como la sequía donde se paga la diferencia entre rendimientos garantizados y el obtenido según la tasación, descontando la franquicia. Hay que señalar que los rendimientos son revisables en dos escenarios diferentes. Uno, los asignados individuamente por un histórico a cada agricultor. Cuando el agricultor no posea ese dato, se le asigna el rendimiento de referencia de la zona que se actualiza de forma periódica.

P.- Las OPA y las propias aseguradoras reclaman más ayudas para paliar el coste elevado de las primas. El seguro es caro.

R.- El Ministerio realiza un importante esfuerzo presupuestario que ha supuesto aportar en los últimos años de crisis un volumen de unos 200 millones y de 211 en 2016 que finalmente llegaron a los 256 millones. A esas cifras se suman las cantidades que aportan, según sus prioridades, las comunidades autónomas.

Esta política ha supuesto que en 2017 se haya logrado un record contratación de capital con 13.600 millones de euros. La subvención media las primas en este año ha sido el 42% de su coste y de ese porcentaje, el 32% lo aporta Agricultura.

(La entrevista continúa en una tercera parte)