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domingo 23 de septiembre de 2018

Especial La PAC que queremos
06/03/2017

Miguel Blanco

(Presidente de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos COAG)

Pregunta.- Bruselas tiene clara su idea de flexibilizar la definición de actividad agraria para acceder a las ayudas directas. ¿Cuál es su posición?

Respuesta.- En la última reforma de la PAC, la definición de “actividad agraria” se concretó en el mantenimiento de las superficies en un estado adecuado para el pasto o el cultivo, en el caso de que en las mismas no se realice una producción agropecuaria. Se pretendía así evitar la deslegitimación de la PAC que supone que algunos especuladores cobren pagos directos teniendo las superficies agrarias abandonadas. Este concepto no debería debilitarse en ningún caso.

En cuanto a la figura del “agricultor activo”, COAG ha defendido que sean perceptores de ayudas PAC los agricultores activos y profesionales, entendiendo por profesional aquel agricultor que obtiene al menos el 25% de sus ingresos de la actividad agraria y cotiza a la Seguridad Social por esta actividad. Es decir, queríamos que las ayudas de la PAC fueran fundamentalmente para los agricultores que obtienen una parte significativa de su renta total de la actividad agraria (25%). Las últimas propuestas de la Comisión, que permitirían a los Estados aplicar de forma voluntaria la figura del agricultor activo y consiguientemente, la renuncia a la aplicación actual, son para nosotros equivocadas y graves, van en la dirección equivocada y provocarían una ruptura legislativa en Europa, ya que habría EE. MM. que contemplarían en sus legislaciones la figura del agricultor activo y otros que no.

P.- La aplicación de la reforma en España fue decidida entre Agricultura y las comunidades autónomas. ¿Es partidario de que en el futuro la misma se haga vía parlamentaria?

R.- La política agraria es la única común de la Unión Europea. Esto significa que los Reglamentos de Base (las leyes que regulan la PAC) se debaten y aprueban en Bruselas. Además la Comisión Europea tiene competencia para publicar Actos Delegados y de Ejecución, que desarrollan dichos Reglamentos de Base. Estos Reglamentos son de aplicación directa en los EE. MM. Esto quiere decir que la función principal del Parlamento Español –promulgar leyes-, en el caso de la agricultura, se concreta en Bruselas.

De cara a la próxima reforma todavía es pronto para saber que margen quedará para su aplicación en España. En cualquier caso, en esta negociación estimamos que es imprescindible la participación de las comunidades autónomas y de las organizaciones agrarias, como ha sucedido hasta ahora. Por supuesto, también creemos que es valiosa la participación del Parlamento español, cuya posición podría sustanciarse a través de una iniciativa parlamentaria.

P.- La distribución de los fondos en la reforma anterior se hizo bajo los criterios de continuidad y estabilidad para las explotaciones que recibían las ayudas y de las comunidades autónomas. ¿Debe seguir esa línea?

R.- El acuerdo final de la última reforma de la PAC introdujo finalmente una amplia flexibilidad para los EE. MM a la hora de su aplicación práctica, que permitió suavizar el principio de “tasa plana” que inicialmente pretendía introducir la Comisión y tanta alarma causó en España. No obstante, hay que resaltar que España es el único país que ha optado por una aplicación regional del nuevo Régimen de Pago Básico, a través de 50 regiones que toman la referencia de 2013 con el objetivo de mantener el “statu quo” (continuidad y estabilidad). Una de las características de este modelo es que las regiones son discontinuas, dibujando un mosaico o puzle.

Este sistema ha logrado su objetivo político principal, mantener el “statu quo”, es decir, la distribución histórica de los pagos directos. Pero por otra parte, ha dejado a España alejada de la norma general de aplicación de los pagos directos en Europa (básicamente una única región por país con pagos homogéneos por hectárea) y muy mal situada de cara a la negociación de la próxima reforma de la PAC. El principal peligro que se nos presenta en esta reforma es la imposición de una tasa plana por hectárea en el futuro y es necesario exponer los argumentos que demuestran que este sistema es muy negativo para toda Europa y, específicamente, para España, dada su diversidad agronómica.

P.- ¿Cómo valora el proceso de convergencia de las ayudas de la PAC aplicado en España?

R.- Como hemos comentado en la anterior pregunta, el sistema aplicado en España ha permitido alcanzar el objetivo político del Gobierno de “statu quo” y a esto ha contribuido la aplicación de un sistema de convergencia atenuada, para lo que ha sido necesario crear 50 regiones. El sistema español aplica esta convergencia parcial a través de un período transitorio, ya que los derechos de pago con valor por debajo del 60% de la media de la región, alcanzarán en 2019 ese 60%, a no ser que supongan pérdidas para los donantes superiores al 30% de sus importes. Como consecuencia de todo lo anterior, el volumen de los importes afectados por la convergencia es muy bajo (menos del 6%).

Una contrapartida de este modelo es su rigidez, ya que no permite ceder derechos del Régimen de Pago Básico entre distintas regiones, ni tampoco cambios de superficies entre regiones, aunque en dicha superficie se haya modificado la orientación productiva.

P.- ¿La nueva reforma debe avanzar hacia un pago igual por hectárea?

R.- Sería muy negativo para España. En el caso de implantar una tasa plana desacoplada, directamente aquellas explotaciones que cuentan con más hectáreas cobrarían los mayores montantes. El desequilibrio que se produciría sería muy acusado, ya que hay fuertes contrastes en la estructura de la agricultura en toda la UE. por un lado, hay un gran número (4,9 millones, casi la mitad de todas las explotaciones) que son muy pequeñas (menos de 2 hectáreas) que cultivan una pequeña proporción de la superficie agrícola (2,5%) y por otro lado tenemos un pequeño número (336.000 explotaciones, que corresponde al 3,1% del total) que son grandes explotaciones (más de 100 hectáreas) que cultivan la mitad (50,1%) de la superficie agrícola utilizada en la UE-28 (2013).

En España estos efectos negativos se agudizarían por la diversidad agronómica que nos muestra grandes territorios de bajos rendimientos en secano y, por otro lado, zonas de regadío y tierras fértiles. La mayor parte de los fondos se destinarían a la agricultura menos productiva y que menos empleo y riqueza genera, desatando procesos especulativos y acabando con la lógica económica en el sector.

P.- ¿Deben seguir los pagos por derechos históricos? ¿Se deben incluir otros sectores hoy fuera de las ayudas?

R.- Por supuesto, los pagos directos deben continuar, son imprescindibles para la viabilidad de un gran número de explotaciones agrarias, en muchos sectores y amplios territorios. Los bajos precios de los productos agrarios, que muchas veces se encuentran por debajo de los costes de producción, justifican los pagos directos a las explotaciones agrarias como medio para alcanzar una renta mínima que posibilite su viabilidad.

Actualmente, los pagos que reciben las regiones, sectores y productores españoles tienen un origen histórico, que data de la Reforma de la PAC de 1992. De cara al futuro, y atendiendo a la defensa de un modelo social y profesional agrario mayoritario en Europa y en nuestro país, COAG viene proponiendo un modelo de pagos directos vinculado a la actividad y en base al empleo generado en las explotaciones agrarias, con un tope por explotación. Con los objetivos de mejora de la renta agraria, incorporación de agricultores jóvenes, sostenibilidad de la actividad agraria, protección de la biodiversidad y los ecosistemas, conservación de la actividad en las zonas desfavorecidas y de montaña, generación de empleo y riqueza, calidad e innovación.

Miles de agricultores profesionales no tienen hoy día acceso a las ayudas PAC. COAG siempre ha defendido que todos los agricultores activos profesionales tengan derecho a integrarse en el sistema de pagos directos, evitando así actuaciones discriminatorias. En consecuencia, los profesionales de viñedo y frutas y hortalizas deberían estar integrados en el sistema de pagos directos. También se trata de evitar una distorsión de la competencia porque hay agricultores en estos sectores que sí perciben los pagos directos, lo que les coloca en una posición ventajosa sobre el resto.

Siendo necesarios los pagos directos, COAG considera imprescindible una política de regulación de mercados y estabilización de precios. El futuro de los agricultores se decide principalmente en el ámbito de los precios y los mercados.

Las principales propuestas de COAG en este ámbito son: control efectivo de las importaciones y recuperación del principio de preferencia comunitaria, rechazo de los acuerdos comerciales y las importaciones que no respetan los estándares de seguridad alimentaria, calidad y sostenibilidad de la Unión Europea e implantación de instrumentos efectivos de gestión y regulación pública. Asimismo, es imprescindible mejorar la regulación de la cadena agroalimentaria, afrontando las posiciones de dominio y repartiendo el valor creado de forma justa y equilibrada entre todos los operadores.

P.- ¿Hay que primar a las primeras hectáreas de cada explotación?

R.- La Reforma de la PAC de 2013 contemplaba un pago redistributivo (suplemento a las primeras hectáreas) de aplicación opcional por parte de los EE. MM. Permitía que se concediese a las 30 primeras hectáreas (máximo). En España no se ha aplicado este pago redistributivo.

La posición de COAG ha sido favorable a un pago redistributivo, porque entendemos que favorece una aplicación más justa y legítima de la PAC y ayuda a mantener el mayor numero de activos en el campo. Nuestra posición estaba, no obstante, condicionada a que la capa redistributiva no fuera de aplicación al régimen de pequeños perceptores y a que la definición de agricultor activo se ajustase a la de agricultor profesional (al menos el 25% de ingresos agrarios).

P.- ¿Deben recibir las ayudas los jubilados? ¿Sería posible un sistema de ayudas para que dejaran las tierras y se impulsara el relevo generacional?

R.- COAG ha defendido que deben recibir ayudas los “agricultores activos”, entendidos como los profesionales que obtengan al menos el 25% de sus ingresos de la actividad agraria y coticen a la Seguridad Social por esta actividad. A partir de aquí, apoyamos que esta definición se aplique por igual a todos los solicitantes de ayudas PAC.

Hay que recordar también que según la normativa española, los jubilados provenientes del RETA o SETA en función de su actividad agraria, pueden compatibilizar su pensión de jubilación con el trabajo en el sector agrario hasta un nivel de rendimientos que no supere el salario mínimo interprofesional (9.907,80 euros/año). En el caso de superar esta cifra, el Real Decreto Ley 5/2013 establece que el agricultor debe pasar a la situación de jubilación activa, en la que cobrará el 50% de la pensión de jubilación y cotizará una cantidad.

Pensamos que uno de los objetivos fundamentales de la PAC debe ser la incorporación de agricultores jóvenes al sector agrario, que sufre una estructura de edad envejecida y para el que supondría una mejora estructural importante. Es cierto que la permanencia de agricultores jubilados al frente de las explotaciones está frenando la mejora estructural e impidiendo el acceso de agricultores jóvenes a las tierras que necesitan para dimensionar sus explotaciones. Desde nuestro punto de vista, se debería facilitar y fomentar el traspaso de tierras y explotaciones a los jóvenes, a la vez que los jubilados reciben una renta por dicho traspaso que les permita complementar unas pensiones muy bajas, que se encuentran lejos de la media española.

P.- ¿Se debe fijar tope a las ayudas directas?

R.- Actualmente el Reglamento comunitario de pagos directos contempla exclusivamente una reducción de los pagos en al menos un 5% a partir de los importes que sobrepasen los 150.000 euros. No existe un techo.

En todas las reformas, la Comisión Europea propone unos techos a las ayudas directas que finalmente acaban desapareciendo en los reglamentos finales aprobados. Esto es muy decepcionante para nosotros porque apoyamos una reducción de los pagos directos a los grandes perceptores, aunque pensamos que debería estar ligada al nivel de empleo que se mantenga en las explotaciones. COAG ha propuesto un techo de 100.000 euros por explotación (siempre teniendo en cuenta que podría incrementarse en función del empleo que genere esa explotación).

P.- ¿Cómo valora el uso de los fondos para desarrollo rural? ¿Cómo se deberían aplicar para frenar el abandono del medio?

R.- El nuevo reglamento de desarrollo rural no supone cambios radicales en cuanto al funcionamiento, objetivos y medidas, aunque creemos que debería enfocarse más claramente hacia el sector agrario. También contiene cambios positivos como son principalmente la inclusión de apoyos a los canales cortos de comercialización, la ampliación de los servicios de asesoramiento a explotaciones, la creación de la asociación europea para la innovación, el incremento del apoyo a los jóvenes y un apoyo específico a la agricultura ecológica.

En España, la aportación estatal se reduce del 50% al 30%, dejando el resto en manos de la administración regional. En este capítulo COAG ha mostrado su rechazo ante estos drásticos recortes presupuestarios, ya que pueden poner en peligro los fondos de Bruselas ante los problemas de cofinanciación por parte de las CC. AA. de los programa de desarrollo rural. COAG considera vitales medidas estructurales para el sector como la incorporación de jóvenes, modernización de explotaciones, medidas agroambientales, regadíos o zonas desfavorecidas.

En este apartado, el papel de las CC.AA. es esencial, ya que cada una de ellas ha diseñado su propio programa de desarrollo rural y ha priorizado aquéllas medidas que ha considerado oportunas.

P.- ¿Ha servido para algo el pago verde? ¿Cómo se debería gestionar para mejorar su eficacia?

R.- COAG se ha mostrado en desacuerdo con el sistema de “capas” contemplado en la última reforma de la PAC y propuso alternativamente un pago único directo al activo agrario, siempre condicionado al cumplimiento de compromisos de actividad productiva, empleo, sostenibilidad medioambiental, condiciones socio-laborales y de calidad y seguridad alimentarias.

El pago verde o greening es una capa que representa un 30% de los pagos directos -excesivo desde nuestro punto de vista- y no es más que un mecanismo de burocratización verde de las ayudas que no aporta especiales ventajas medio ambientales, pero que sin embargo exige mayores obligaciones para los profesionales, mayores costes de producción y mayor riesgo de pérdida de ayudas.

Se trata además de una mecanismo redundante, ya que las medidas de contempla se podían haber incluido en la rigurosa condicionalidad general (bienestar animal, trazabilidad, condiciones de cultivo, etc.) que se venía aplicando a los pagos directos. Para nosotros el pago por “verdeo” es una pseudo-medida ambiental, que además provoca un trasvase injusto de ayudas a favor de las explotaciones más absentistas e improductivas, a la vez que a los profesionales se les exige más por menos.

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