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El punto de encuentro de la cadena agroalimentaria

Periódico Digital Qcom.es: El punto de encuentro de la cadena agroalimentaria

6 DE febrero DE 2019

La macroAICA no baja a la arena

Vidal Maté. @trigo_limpioVM

En las últimas fechas, el Ministerio de Agricultura festejó los cinco años de actividad de la Agencia para la Información y el Control de la Cadena Alimentaria, Aaica, que, en el marco de esa ley, es como la joya de la corona de los que mandaban antes y mandan también ahora en ese departamento, con sus carencias, es una de las agarraderas que se suelen utilizar cuando se trata de mirar la parte positiva de las actuaciones de Atocha.

Resumiendo, el balance exitoso de cinco años de una sociedad al servicio del sector, como la califica el Ministerio, se concretaría en unas pocas grandes cifras donde hay de todo: en el marco de la Ley de la Cadena, más de 4.000 inspecciones de oficio, pero solo 243 denuncias, lo que pondría de manifiesto, bien el escaso interés de los propios afectados por las irregularidades, algo incomprensible por parte de quienes sufren este tipo de situaciones o, lo que sería más grave, que muchos no se atreven a hacerlo por considerar que no existe la suficiente protección de anonimato ante quienes son sus compradores o vendedores; a esas cifras se suman las inspecciones en las interprofesionales y en las IGP supra autonómicas; un total de 1.500 infracciones y, yendo un poco más abajo, de las que 559 corresponden al sector de frutas y hortalizas, 295 en el lácteo, 183 en el oleícola, 172 en el sector del vino, 24 infracciones con sanción, con solo seis denuncias en el sector de los cereales con miles de operaciones sin contratos y un volumen reducido de infracciones en otros sectores. En total, al grano, 10,2 millones de euros en multas.

Uno de las penalizaciones más importantes contra quien lleva a cabo actuaciones en contra de la normativa es la sanción económica. Las multas están ahí, esos 10,2 millones en cinco años para una facturación en la cadena en los productos alimentarios superior a los 500.000 millones de euros. Parece obvio que las multas no alteran el rumbo de la cadena. Sin embargo, para una serie de actividades y empresas que operan de cara al consumidor, la mayor sanción no sería la dineraria, sino otra que afectara a su imagen ante la sociedad en general.

El actual ministro de Agricultura se fijó entre sus objetivos para esta legislatura lograr la máxima transparencia.

En medios oficiales de Atocha, tanto en relación con el real decreto por el que las industrias de la leche comunican al Ministerio los precios de cesión de leche a la gran distribución, como en el casi de las multas impuestas por la AICA, aunque las mismas ya sean firmes tras agotar el sendero de los recursos, que se trata de una información que no se puede hace pública en base a la misma normativa por la que se imponen.

En las últimas semanas tuvo lugar la comisión para el seguimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria donde, desde diferentes posiciones, dejaban ya como imposible lo de incluir en la misma lo de la venta a pérdidas, pero sin embargo se contemplaba la necesidad de introducir algunas modificaciones para que la misma fuera más eficaz. Una de esas medidas, podría ser la posibilidad de hacer públicas la identidad de las empresas sancionadas en firme que han habido en los últimos cinco años que nunca se han hecho públicas y que, en algunos casos solo se sugirieron como de tapadillo o incluso que fuera una misma firma sancionada la que comunicaba haber ganado un recurso, no los que había perdido.

En una actividad donde operan docenas de miles de empresas, no tendría sentido ni interés dar a conocer la identidad de esos 1.500 sancionados y más cuando sus infracciones fueras muy reducidas. Pero, cuando se trata de sanciones importantes, cuando dicha sociedad tiene capacidad para afectar con sus políticas a todo un sector, cuando varios grupos de la gran distribución se unen para comprar en común, cuando uno abusa de su cuota de mercado para presionar al límite, cuando una serie de operadores comarcales blindan un territorio con sus pactos de precios…, no debería haber razones para proteger esas acciones de la publicidad para salvaguardar los derechos de los menos protegidos. Porque hay leyes que están para cambiarlas. Y la Agencia no es lo eficaz, no es ese organismo de servicio que dice el quinto aniversario, si se queda en las macromagnitudes, a ser solo la “macroaica”, si no puede bajar más a la arena y quedarse en el tendido, o lo que sería peor, quedarse en el burladero, viendo la arena y taparse.

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