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domingo 23 de septiembre de 2018

Especial La PAC que queremos
23/02/2017

Lorenzo Ramos

(Secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos)

Pregunta.- Bruselas tiene clara su idea de flexibilizar la definición de actividad agraria para acceder a las ayudas directas ¿Cuál es su posición?

Respuesta.- Para entender los efectos que una medida de este tipo puede ocasionar en el futuro, es necesario conocer la realidad de medio rural en España. La estructura de las diferentes explotaciones agrarias, la enorme variabilidad de los propietarios de la tierra y por tanto de los beneficiarios actuales de las ayudas de la PAC, nos obliga a mantener una regulación estricta en conceptos básicos como la actividad agraria o el agricultor activo. Es probable que en otros países europeos estas regulaciones no sean necesarias, y se vean más como una complicación de gestión de las ayudas, pero en España, si queremos que las ayudas lleguen a los titulares de explotaciones agrarias productivas, es necesario mantener dichas definiciones y en muchos casos mejorarlas. Seguro que desde Bruselas es muy complicado entender todas las características de los sistemas productivos de los diferentes países. Es aquí donde nuestro Ministerio de Agricultura debe realizar el trabajo para que la realidad de España se ve a reflejada en las propuestas de la Comisión Europea. Pero además, debemos ser conscientes que la PAC tiene muchos enemigos y todo se puede utilizar en su contra. La legitimidad de las ayudas está condicionada a un uso responsable de las mismas, y el sector agrario no debe permitir que en un futuro no muy lejano, el ciudadano europeo se cuestione el destino de sus impuestos hacia una actividad contemplativa que no le reporta alimentos de calidad.

P.- La aplicación de la reforma en España fue decidida entre Agricultura y las CCAA. ¿Es partidario de que en el futuro la misma se haga vía parlamentaria?

R.- Cualquier reforma del modelo de aplicación de la PAC lleva aparejado otro debate fundamental, centrado en los recursos económicos totales y autonómicos. En la reforma anterior el acuerdo de aplicación partía de evitar grandes transferencias de dinero entre CC. AA. Esto limitó en muchos casos la puesta en marcha de medidas que podían haber mejorado sustancialmente el resultado final. La valoración del modelo acordado tiene que centrarse en un enfoque global que tenga más en cuenta el modelo de explotación agraria que se quiere apoyar, y menos el lugar en el que esté ubicada. Teniendo en cuenta esta situación, probablemente el debate tendría más sentido en el Parlamento que en la Conferencia Sectorial, donde cada consejero viene con la premisa de maximizar su cheque, para evitar las críticas de la oposición en el parlamento regional correspondiente.

P.- La distribución de los fondos en la reforma anterior se hizo bajo los criterios de continuidad y estabilidad para las explotaciones que recibían las ayudas y de las CC. AA. ¿Debe seguir esa línea?

R.- Como hemos comentado en la pregunta anterior, los criterios utilizados en la reforma anterior solo pretendían evitar enfrentamientos entre territorios, sin abordar la cuestión con un enfoque global. En nuestra ocasión fue una oportunidad perdida y esperamos que no haya sido la última. Cualquier cambio de modelo genera una gran incertidumbre entre los agricultores y ganaderos, por lo que no es bueno someter al sector a modificaciones profundas de manera continua. Pero esto no significa que haya que cambiar el modelo para mantenerlo casi igual. Para decidir la línea de actuación de la próxima reforma, en primer lugar España y nuestro Ministerio de Agricultura tienen que tener claro cuál es el modelo de explotación a apoyar. Pero no solo con las ayudas directas, sino también en el resto de políticas, sanitarias, de modernización, fiscales, etc. Sin duda, lo más sencillo para los representantes políticos en utilizar criterios de continuidad para no meterse en líos, pero esto no es lo mejor para el sector a medio y largo plazo. Los recursos cada vez son más limitados y por tanto la priorización es cada vez más necesaria. UPA tiene claro que esa priorización tiene que estar dirigida a explotaciones familiares, que son los verdaderos profesionales del sector, y generados de empleo y riqueza en el medio rural.

P.- ¿Cómo valora el proceso de convergencia de las ayudas de la PAC aplicado en España?

R.- En primer lugar, es necesario comentar que la propuesta de convergencia propuesta por la Comisión Europea supuso una de las mayores evidencias del desconocimiento de la agricultura mediterránea por parte de la autoridad europea. Es difícil entender que después de tantos años de PAC los diferentes gobiernos españoles no hayan sido capaces de explicar cuál es la realidad del sector agrario en España para comprender que la propuesta de convergencia es uno de los mayores disparates que han llegado del ámbito comunitario. Con estos antecedentes, el modelo de convergencia finalmente aprobado partía de muchas restricciones, y a excepción de un pequeño porcentaje de explotaciones que han sufrido recortes muy importantes, en el resto las variaciones no han sido muy destacadas.

P.- ¿La nueva reforma debe avanzar hacia un pago igual por hectárea?

R.- Siguiendo el argumento de la pregunta anterior, la realidad de nuestro sector hace inviable un modelo de este tipo. La estructura de los diferentes modelos de producción, secano, regadío, ganadería intensiva o extensiva no permite esa ayuda igual para todas las hectáreas, porque la base territorial de cada explotación es muy diferente. Con este modelo se producirían unas desigualdades imposibles de explicar solo por el hecho de disponer más o menos superficie en la explotación, sin atender a otra serie de criterios.

P.- ¿Deben seguir los pagos por derechos históricos? ¿Se deben incluir otros sectores hoy fuera de las ayudas?

R.- UPA fue la única organización que reclamó en la anterior reforma que todos los sectores productivos deben estar incluidos en la PAC. Esto implica que tiene que existir un cambio en la asignación de derechos y cuantías en el resto de agricultores y el hecho de haber recibido pagos hace 3 o 4 campañas no puede ser argumento suficiente para mantener esa situación. Es en este punto donde tenemos que volver al debate sobre la priorización en un determinado modelo de producción, y olvidarnos de un reparto en el que prácticamente no se tiene en cuenta ningún criterio para definir a los posibles beneficiarios de ayuda. No tiene ningún sentido que un fruticultor que se dedica de manera específica a la producción de fruta no tenga apoyo público, y su vecino que además de frutas, también produce cereales, sí lo tenga.

P. ¿Hay que primar a las primeras hectáreas de cada explotación?

R.- Esta es una de las medidas que podían haber jugado un papel muy importante en la anterior reforma, como ha ocurrido en Francia. Parece lógico pensar que a medida que el tamaño de la explotación va creciendo el apoyo público debe ir descendiendo, como ya ocurre con otras ayudas como las medidas agroambientales. Igualmente, y como hemos comentado anteriormente, la variabilidad de las estructuras de las explotaciones agrarias de nuestro país hace necesario definir los umbrales en función de cada sector de producción, ya que hay sectores más extensivos donde el tamaño de la explotación no tiene que ver nada con otros más intensivos. Esta medida, junto a una definición más estricta de quién puede recibir ayudas de la PAC, puede dar lugar a un sector más profesionalizado y con mayores posibilidades de cara al futuro.

P.- ¿Deben recibir las ayudas los jubilados? ¿Sería posible un sistema de ayudas para que dejaran las tierras y se impulsara el relevo generacional?

R.- Uno de los principales problemas para resolver el problema del relevo generacional es la dificultad que encuentran muchos jóvenes para acceder al mercado de la tierra. En esta cuestión hay que analizar más aspectos que los relacionados con las ayudas de la PAC, como son los fiscales o de cotización a la Seguridad Social. Siempre que el titular de una explotación cumpla con todas sus obligaciones fiscales, de seguridad social, etc., puede suponer un activo importante en un medio rural que en amplias zonas sufre de un despoblamiento acuciante. Sin embargo, el objetivo de las políticas agrarias debe ser incorporar jóvenes al campo, y no podemos permitir que una posible incorporación se frene por una jubilación que no acaba de llegar. También tenemos que ser cuidadosos con los programas de incentivos al relevo generacional, ya que tenemos experiencia en sistemas anteriores que lo único que han provocado han sido aumentos del precio de la tierra. Lo ideal sería establecer un sistema que permitiese incorporar jóvenes con el máximo apoyo posible, pero esto también va a depender mucho de resolver otros problemas que sufre el medio rural español, como la prestación de servicios públicos de calidad.

P.- ¿Se debe fijar tope a las ayudas directas?

R.- Sin duda. UPA siempre ha defendido que las políticas de apoyo públicas no pueden suponer un desvío de dinero público para grandes fortunas, que solo por el hecho de acaparar grandes extensiones de terreno, en la actualidad reciben varios millones de euros, cuando cientos de miles de explotaciones familiares tienen un acceso limitado por sus estructuras de producción. De nuevo, la última reforma fue una oportunidad perdida, y mientras otros países aprobaron unos límites máximos en nuestro país, se impusieron las tesis de los que defienden a los grandes propietarios. Para el Ministerio de Agricultura no fue suficiente la novedad introducida en el reglamento comunitario por el que se exceptuaba de estos límites los gastos salariales de las explotaciones que superaran los límites propuestos. De nuevo tenemos que incidir en la necesidad de aclarar cuál es el modelo sobre el que priorizar las ayudas, porque todos los expertos en la materia anuncian reducciones continuas de presupuestos, y en ningún caso vamos a aceptar que esas reducciones afectan a todos por igual.

P.- ¿Cómo valora el uso de los fondos de desarrollo rural? ¿Cómo se deberían aplicar para frenar el abandono del medio?

R.- Actualmente existe un nivel excesivamente alto de subsidiaridad en la aplicación de las diferentes medidas de desarrollo rural con fondos FEADER en las CC.AA. a través de los PDR. El Plan Nacional de Desarrollo Rural (PNDR) debería ser más fuerte tanto en contenido como en presupuesto, e incluir medidas que son estratégicas para todo el Estado, fundamentalmente la incorporación de jóvenes, medida muy directamente ligada a la necesidad de rejuvenecimiento del sector agrario, en un contexto de progresivo despoblamiento en numerosas comarcas de nuestro medio rural. Pero también sería importante incluir en el PNDR o al menos dotarles de mayor concreción en el Marco Nacional de DR medidas que deberían tener una mayor homogeneidad en su aplicación, tales como la agricultura ecológica (con gran heterogeneidad en normas y apoyos en las CC. AA.), las medidas de lucha contra el cambio climático, el fomento de las leguminosas o el apoyo a la ganadería extensiva entre otras.

Para frenar el abandono rural es preciso revitalecer la actividad agraria como verdadero motor en el medio rural. Para ello es necesario desarrollar políticas en apoyo a los jóvenes, que no se queden solamente en las ayudas a la incorporación a la actividad agraria; valorizar los bienes públicos (especialmente los ambientales) que ejercen los agricultores y ganaderos y que no remunera el mercado (especialmente en zonas con alto valor ambiental y que sufren al mismo tiempo un gran despoblamiento); modernización de regadíos como instrumento dinamizador del medio rural: dotar de unos servicios básicos (sanidad, educación, asistencia social, cultura, etc.) y equipamientos adecuados (infraestructuras, telecomunicaciones) al medio rural a través de la aplicación del criterio “multifondo” (estrategias utilizando FEADER y el resto de fondos estructurales), acciones de diversificación económica en el medio rural. Pero por encima de los fondos FEADER, es necesario elaborar una estrategia sobre despoblamiento en el medio rural, coordinada desde Presidencia del Gobierno, así como rescatar la Ley de Desarrollo Sostenible en el Medio Rural con un presupuesto acorde a las necesidades y vinculada también a Presidencia del Gobierno.

P.- ¿Ha servido para algo el pago verde? ¿Cómo se debería gestionar para mejorar su eficacia?

R.- Claro que ha servido. Otra cosa es que desde antes de su puesta en marcha ya lo estuviésemos criticando y diciendo que no servía para nada. La inclusión de los criterios de diversificación en las explotaciones agrícolas, así como la definición de zonas ecológicas, ha permitido el aumento del número de cultivos en una explotación, así como unas mayores superficies de leguminosas, cuyos efectos agronómicos y medioambientales no es necesario volver a definir. El Ministerio de Agricultura sacó un informe muy bueno con la aplicación del greening el primer año donde se comprobaba un cambio importante de gestión en las explotaciones agrícolas. Es necesario tener en cuenta, que la peor medida para el medioambiente es el abandono de las tierras. UPA es consciente de la necesidad de trasmitir al agricultor y al ganadero de llevar a cabo una gestión lo más sostenible posible de los recursos, ya que son la base del sistema productivo de los agricultores y ganaderos. Pero los amantes del medioambiente, deben ser conscientes de las propuestas que trasladan a los gobiernos nacionales o comunitarios, porque alguna de ellas puede provocar el efecto contrario, como por ejemplo la prohibición de productos fitosanitarios en las zonas ecológicas del greening. Si finalmente esta medida se lleva a cabo, veremos cómo lleva aparejada una reducción de la superficie de cultivos fijadores de nitrógeno, y un aumento del barbecho.

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