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miércoles 16 de agosto de 2017

Reportajes

Mal crónico de las empresas españolas

Ricardo Migueláñez. Ingeniero agrónomo. @rmiguelanez

El retraso excesivo en los pagos en las empresas sigue siendo uno de los déficits o males crónicos más preocupantes que tiene la actividad económica en España y afecta también a las relaciones comerciales entre los diferentes eslabones de la cadena de valor de los alimentos. En la reciente presentación del balance anual de la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) se destacó que la primera infracción con diferencia de la Ley 12/2013 de medidas para la mejora del funcionamiento de la cadena, que ha dado lugar a la apertura de más expedientes sancionadores, es el incumplimiento de los plazos legales de pago, con un 40% del total, seguido de lejos por la falta de remisión de la documentación solicitada (19%) y la ausencia de contratos obligatorios por escrito (15%).

Esta situación no es nueva y forma parte de la “cultura” (o incultura) empresarial de nuestro país. En el informe “¿Cómo pagamos hoy en día?”, presentado en mayo por el director del Centro de Estudios de Morosología, Pere Brachfield, de la EAE Business School y por la Asociación de Profesionales en la Gestión del Riesgo de Crédito y Cobro (APGI) se hace un somero análisis de la legislación de la morosidad en operaciones comerciales, diez años después de la promulgación de la Ley 3/2004 de lucha contra la morosidad.

En el mismo se dicen cosas tan veraces como, por ejemplo que “a pesar de las sucesivas reformas para reforzar la implementación de la legislación y acotar el plazo máximo de pago a 60 días desde la entrega de bienes (30 días en el caso de los alimentos frescos perecederos), como fueron introducidas en la Ley 15 2010, de 5 de julio, y la Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor (que incorporó al derecho interno diversas normas dictadas por la Directiva 2011/7/UE), España no ha conseguido poner en vereda a la morosidad y los plazos de pago, en lugar de disminuir, han aumentado en el año 2014, encontrándose en torno a los 95 días, muy por encima de la media europea de 46 días e incluso por encima de Gracia, que tiene un periodo de pago de 92 días”.

En el análisis de las razones por las que existe en España una problemática crónica de morosidad se identifica a tres factores principales: la inexistencia de un régimen de penalizaciones en forma de intereses de mora cuando se produce un retraso; la exacerbante lentitud de la Administración de Justicia de España en los procesos de reclamación de deudas, y la cultura empresarial de las malas prácticas de pagos como el principal factor generador de morosidad.

Respecto a la inexistencia de un régimen de penalizaciones (algo con el que, afortunadamente, sí cuenta el sector agroalimentario en el marco de la Ley 12/2013 de la Cadena), se señala que los países, como los escandinavos, en que los plazos de pago son más breves  disponen de un sistema de penalizaciones muy estricto y, por lo tanto, disuasorio. En España, por el contrario, no es corriente que se apliquen como penalización tipos de interés elevados, ya que en caso de sufrir impagos, la reclamación de intereses moratorios solamente la realizan habitualmente un 5% de las empresas, frente al 85% restante que nunca o casi nunca lo hacen, según una encuesta de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM).

Temor de los proveedores

El motivo de esta no reclamación radica en “el temor de los proveedores de perder clientes si les aplican las penalizaciones por demora que establece la Ley 3/2004, de 29 de diciembre o simplemente tienen miedo a que el moroso se les ría en la cara, dada la inexistencia de medidas coercitivas eficaces para obligar al pago de los interese de demora devengados”. La consecuencia de esto, añade, es que “en España es más conveniente para los deudores deber dinero a los proveedores que pedir un crédito bancario para pagar sus deudas a tiempo”.

La segunda razón de la problemática de la morosidad en nuestro país no es baladí y es que la Administración de Justicia de España es una de las que mayor lentitud acumula en los procesos de reclamación de deudas, desde que se inicia el trámite de ingreso de causas judiciales, hasta que se produce la ejecución de la sentencia, según cita este informe. La falta de agilidad de los juzgados españoles hace que la mayoría de los empresarios opinen que con frecuencia los deudores provocan el hecho de acabar en los tribunales para ganar tiempo y no para solucionar los conflictos. Esta excesiva lentitud hace opinar a gran parte de los mismos que la vía judicial beneficia a quienes actúan de mala fe, provocando sensación de inseguridad y de indefensión, afectando incluso al estado anímico de los empresarios y a la competitividad de las empresas por el encarecimiento de costes que supone.

Muchas empresas intentan por ello evitar los tribunales y, ante problemas de cobro de deudas, procuran ir hacia un arreglo extrajudicial al coste que sea, aunque haya que hacer importantes concesiones al moroso y perder parte del valor económico en la disputa. Según el estudio realizado por la Fundación ICO, “casi el 60% de los empresarios prefiere renunciar a parte de las cantidades adeudadas (o incluso a todo el valor económico en disputa) antes de pasar por los trámites judiciales para reclamar una deuda”. Esta postura de buena parte de las empresas es conocido por los “morosos recalcitrantes”, que se aprovechan de ella para dejar de pagar definitivamente sus deudas.

En tercer lugar, el factor cultural, la cultura empresarial de las malas prácticas de pago en nuestro país. “Las empresas han encontrado un sustituto gratuito al crédito bancario, gracias al alargamiento del plazo de pago a los proveedores”, señala el informe.  Esta demora es mayor en las grandes empresas con sus proveedores, y se utiliza como forma de reducir sus ciclos de caja y obtener financiación sin coste.

“En España no existe una cultura empresarial que fomente el pago puntual y las empresas no dan prioridad alguna a tener un perfil de buen pagador; por consiguiente, no supone ningún objetivo estratégico para las empresas, por lo que no se han implantado políticas de atender puntualmente los pagos a proveedores. La inexistencia de una ética definida en el cumplimiento de las obligaciones de los deudores ha dejado un vacío moral que permite la existencia de una morosidad permanente.

Hoy en día, según este informe,  “el retraso intencionado de los pagos a los proveedores es sinónimo de buena gestión empresarial, así como imponerles plazos de cobro muy dilatados y por encima del plazo máximo que marca la ley”. Un estudio de la PMcM del año 2014, “el 70% de las empresas encuestadas se vieron obligadas a aceptar acuerdos comerciales con proveedores que les obligaban a cobrar plazos superiores a los 60 días, lo que aun siendo una condición contractual nula de pleno derecho, como dicta la legislación, los proveedores se ven obligados a aceptar si quieren realizar operaciones comerciales y sobrevivir”.

Abundancia de leyes

Y todo esto sucede no porque no haya legislación suficiente al respecto. Pero como recuerda Pere Branchfiel, “en España se vuelve a cumplir el aforismo acuñado por el insigne jurista Federico de Castro y Bravo, de que “la abundancia de leyes se mitiga con su incumplimiento”, lo que “nos lleva a pensar que las leyes se publican en el BOE, pero luego nadie se encarga de realizar una función coercitiva para asegurar el cumplimiento de la norma jurídica”, es decir, “nuestros pusilánimes legisladores han obviado incluir en la legislación anti-morosidad medidas coercitivas, como un régimen sancionador que penalice el incumplimiento de la Ley”.

Todo esto entronca con el Manifiesto “Tolerancia Cero con la Morosidad”, presentado en el mes de febrero por la PMcM, y en el que se instaba, con diez puntos concretos, a las grandes empresas, a los partidos políticos y al Gobierno a adoptar una posición común para erradicar el incumplimiento de los plazos legales y las prácticas de pago abusivas, y con la aplicación de la Ley 12/2013 de medidas para la mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria.

En ese manifiesto, la PMcM demanda la aprobación e implantación de un régimen sancionador en materia de morosidad para asegurar el cumplimiento de la normativa contra la morosidad de manera uniforme en todo el territorio del Estado y disuadir los retrasos en los pagos. Esto es algo con lo que cuenta la Ley 12/2013 de la Cadena, al establecer un control administrativo, en el que se tipifican las infracciones y sanciones, graduadas en función de su intencionalidad y del perjuicio causado, y en donde el incumplimiento de los plazos de pago de alimentos (asumiendo lo que “de facto” se regula en la Ley 3/2004 de lucha contra la morosidad) se considera en su artículo 23 como infracción grave.

En segundo lugar, el manifiesto se refiere a la necesidad de constitución de la Agencia de Control de la Morosidad para velar por el cumplimiento de los plazos máximos de pago, el derecho de los acreedores a percibir intereses de demora y el cobro de las indemnizaciones establecidas por la Ley, y encargada de trasladar a las autoridades competentes los hechos sobre presuntos incumplimientos detectados en las actuaciones de control. Esta función, en la Ley 12/2013 lo viene ejerciendo en buena parte ya la AICA, con potestad para iniciar el procedimiento sancionador que corresponda como consecuencia de las denuncias recibidas o bien de oficio por las irregularidades que constate en el ejercicio de sus funciones y que supongan incumplimientos de la Ley, así como proponer a la autoridad competente (Gobierno o CC.AA.) la resolución que proceda o formular denuncia ante la Comisión Nacional de la Competencia y de los Mercados (CNCM).

Unificar plazos de pago

El manifiesto “Tolerancia Cero con la Morosidad” solicita también una reforma legislativa para unificar de manera definitiva los plazos de pago que deben cumplir todas las empresas en España, eliminando ambigüedades e incongruencias normativas; plazos concretos para manifestar la conformidad con los bienes y/o servicios para que no puedan utilizarse dolosamente para ampliar el plazo máximo legal de pago; reforma de la normativa del IVA para introducir un nuevo régimen alternativo y eficaz a la obligación de tener que anticipar el abono de este gravamen de facturas no cobradas; la constitución del Observatorio contra la Morosidad, con funciones de seguimiento, asesoramiento, consulta, información, comunicación y estudio del funcionamiento de la Morosidad (y cuya traducción en la Ley 12/2013 es el Observatorio de la Cadena Alimentaria, ya en marcha).

Dicho Manifiesto incluye también la necesidad de poner en marcha procedimientos extrajudiciales rápidos y económicos, tales como la figura del mediador interempresarial y los tribunales de comercio, para buscar la conciliación en los conflictos entre clientes y proveedores, relativos a plazos de pago, reclamación de facturas impagadas, intereses legales de demora e indemnizaciones por costes de cobro, etc.; evitar la confusión entre plazos de pago y medios de pago, dado que los títulos cambiarios (pagarés, cheques, letras de cambio y servicios financieros, como el confirming) no son un medio para cumplir la Ley contra la Morosidad si la fecha de vencimiento que establecen es superior a los plazos de pago máximos establecidos por ley y, por último, exigir ejemplaridad en la actitud de las Administraciones Públicas en materia de pago a proveedores.

Infracciones, sanciones y competencia sancionadora en la Ley 12/2013 de medidas para la mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria

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