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domingo 23 de septiembre de 2018

Especial La PAC que queremos
23/02/2017

Pedro Barato

(Presidente de la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores)

Pregunta.- Bruselas tiene clara su idea de flexibilizar la definición de actividad agraria para acceder a las ayudas directas. ¿Cuál es su posición?

Respuesta.- La idea inicial de la Comisión de canalizar los pagos de la PAC a aquellos beneficiarios que ejerzan una actividad agrícola, ya sea de producción o de mantenimiento, tuvo que matizarse como consecuencia del rechazo de algunos países y de los límites impuestos por compromisos internacionales, y como consecuencia de ello la propuesta inicial se ha quedado en una lista negativa, que los propios Estados miembro pueden decidir aplicar o no. No obstante, España ha sido el país que más ha avanzado en esta idea y no solo mantiene la lista negativa, de la que obviamente puede salir si demuestra actividad agraria y riesgo empresarial en la agricultura, sino que marca como prueba definitoria, esta vez no en la figura del agricultor activo sino en la de actividad agraria, que un mínimo de las rentas agrarias del beneficiario procedan de la venta de su producto o sea capaz de demostrar los gastos correspondientes a las tareas productivas o de mantenimiento.

Entendemos que esta medida favorece la necesaria legitimación de los pagos de la PAC y acerca la realidad del sector agrario y de sus profesionales a la sociedad y a los contribuyentes que están en su derecho de saber que el dinero público se destina a una actividad productiva de carácter estratégico que garantiza la seguridad alimentaria en términos cuantitativos y cualitativos, con los más altos estándares de sanitarios, de respeto ambiental y bienestar animal, a la vez que contribuye a la conservación del territorio y a la lucha contra el cambio climático y es un actor principal en la generación de empleo y riqueza en el medio rural

P.- La aplicación de la reforma en España fue decidida entre Agricultura y las comunidades autónomas. ¿Es partidario de que en el futuro la misma se haga vía parlamentaria?

R.- Si no recuerdo mal, la capacidad última de decisión en materia de política comunitaria, según el Tribunal Constitucional, corresponde a la Administración central, si bien es no solo recomendable sino que me atrevería a decir que necesario un cierto grado de consenso y de entendimiento con las comunidades autónomas y con las organizaciones profesionales.

En principio, la PAC actual debería estar vigente como mínimo hasta 2020 y nada hace pensar que los actuales cauces de negociación sobre la aplicación de la PAC en España vayan a cambiar.

Pero acaba de comenzar el debate sobre la PAC que podría venir a partir del año 2020. La Comisión acaba de lanzar una consulta pública y anuncia una comunicación para finales de año. El Ministerio tiene el firme propósito de situarse en el grupo más proactivo de los debates, y también ha anunciado una Conferencia para finales de marzo, donde tanto CC. AA. como organizaciones agrarias estaremos presentes de forma muy activa.  

Pero a nadie se le escapa que este es también un debate económico, con el Marco Financiero Plurianual como mar de fondo y el eventual reparto de las partidas presupuestarias como legitima preocupación política para los gobiernos autonómicos. No obstante, el Ministerio debe buscar el interés general y en este caso ese interés general es el modelo agrario de futuro que queremos para España.

P.- La distribución de los fondos en la reforma anterior se hizo bajo los criterios de continuidad y estabilidad para las explotaciones que recibían las ayudas y de las comunidades autónomas. ¿Debe seguir esa línea?

R.- Acabamos como quien dice de aprobar una reforma de la PAC y apenas hemos alcanzado velocidad de crucero, por lo que todavía es pronto para analizar su funcionamiento. Evidentemente se han detectado fallos, disfunciones e incluso errores importantes que deben ser corregidos, ya que muchos de ellos suponen mayor carga administrativa para los beneficiarios y para las administraciones.

Lógicamente, una de las primeras demandas de los agricultores y ganaderos es la estabilidad en el diseño de políticas. Nada puede generar más incertidumbre en la toma de decisiones de una actividad como la agraria que la falta de un horizonte temporal para desarrollar la actividad.

P.- ¿Cómo valora el proceso de convergencia de las ayudas de la PAC aplicado en España?

R.- Nuestro proceso de convergencia, parcial y por aproximación ha permitido garantizar la realidad de la diversidad productiva de nuestro país. No es un sistema sencillo, pero podría decir que hace más justicia que el sistema que la Comisión pretendía implantar en un principio.

Además, la adopción de este sistema ha permitido mantener unos ciertos equilibrios entre productores, producciones y territorios, evitando cambios artificiales en las orientaciones productivas y manteniendo en la medida de lo posible equilibrios presupuestarios entre las regiones. Otro modelo podría haber generado distorsiones irremediables.

P.- ¿La nueva reforma debe avanzar hacia un pago igual por hectárea?

R.- En primer lugar habría que saber si estamos hablamos de un pago igual en toda la UE, o pagos diferenciados en cada EE. MM. o en cada región. Ese debate ya se avanzó en las propuestas para la PAC actual y no estuvo exento de polémica con el resultado que hoy conocemos.

En un país con una agricultura tan diversa y con tantos sistemas productivos no creo que sea la mejor opción ya que previsiblemente podría generar trasvases indeseados entre cultivos, desequilibrios entre regiones y podría afectar muy seriamente a la inversión e innovación en las explotaciones agrarias. No siempre lo más simple o sencillo a primera vista significa ser lo más justo.

P.- ¿Deben seguir los pagos por derechos históricos? ¿Se deben incluir otros sectores hoy fuera de las ayudas?

R.- Uno de los riesgos añadidos que acarreaba la adopción de un pago igual por hectárea o “tasa plana” era la consideración de admisible de cualquier superficie a efectos de percibir el PAC de la PAC.

La regionalización productiva adoptada por España permitía limitar el pago básico limitar los derechos a asignar a las hectáreas subvencionables declaradas en 2013 y así evitar una reducción desproporcionada de los importes unitarios de los pagos base.

El modelo originalmente propuesto por el Ministerio era de 24 regiones y no de 50 como finalmente ha impuesto la Comisión Europea. Será un ejercicio interesante poder evaluar cómo ha funcionado tras unos años de aplicación y de proceso de convergencia y ver si es oportuno avanzar en su simplificación.

P.- ¿Hay que primar a las primeras hectáreas de cada explotación?

R.- El conocido como pago redistributivo, por el que se sobrepriman las primeras hectáreas, fue una reclamación de Francia para apoyar a su ganadería de montaña, inmediatamente asumida por el Parlamento y recogida en el acuerdo con carácter voluntario para los Estados miembro. Hay que decir que este incremento del pago a las primeras hectáreas viene pagado por un recorte en el pago base del conjunto de las explotaciones agropecuarias y no está encauzado a una producción en particular, ya que no puede estar ligado a la producción al no ser un pago asociado.

Cabe preguntarse si debido a la diversidad agrícola de España este modelo de pago redistributivo está adaptado a la realidad de nuestras explotaciones.

P.- ¿Deben recibir las ayudas los jubilados? ¿Sería posible un sistema de ayudas para que dejaran las tierras y se impulsara el relevo generacional?

R.- La normativa vigente establece las condiciones por las que un jubilado puede acceder a los pagos de la PAC como agricultor activo, por lo tanto poco hay que decir al respecto. Otra cosa es el inquietante grado de envejecimiento que sufre la población agrícola europea y española en particular. La media de edad entre los agricultores españoles es muy elevada y el relevo generacional es muy escaso a pesar de que estos últimos años ha habido un repunte ciertamente alentador.

El acceso a la tierra y la financiación son ciertamente los principales obstáculos con los que se encuentra el joven a la hora de plantearse su instalación como titular de explotación agraria. Y es aquí donde hay que apoyarle.

La actual PAC incorpora un sistema de apoyo complementario al pago base, adicionalmente a las ayudas que se otorgan en el ámbito del segundo pilar de la PAC, de desarrollo rural, a la incorporación de jóvenes a la actividad agraria. Es importante poder poner a disposición de los jóvenes estas herramientas, y las CC. AA. deberían hacer un esfuerzo para priorizarlas en sus PDR y en pagar las ayudas cuanto antes.

Y lo que es más que fundamental, es crucial para que el joven se vea interesado en vivir del campo es poder vivir de sus productos, poder vender a un precio remunerador que le permita plantearse inversiones y desarrollar proyectos innovadores, que tanta falta hacen en nuestro sector.

P.- ¿Se debe fijar tope a las ayudas directas?

R.- Este es un debate no exento de sesgo político y de interpretaciones tendenciosas e incluso populistas, alimentado a veces por las propias instituciones para crear un caldo de cultivo favorable a las reformas. Los pagos directos responden a una finalidad que no es otra que el apoyo a unas prácticas productivas según los más altos estándares de calidad y de respeto ambiental, de bienestar animal y acción positiva para el clima, que generan empleo e inversión, riqueza y actividad económica en el medio rural. Hay que preguntarse si un recorte o tope en los pagos no tendría un efecto sobre estos aspectos.

p.- ¿Cómo valora el uso de los fondos para desarrollo rural? ¿Cómo se deberían aplicar para frenar el abandono del medio?

R.- La política de desarrollo rural ha ido incrementando su peso, no solo político sino presupuestario y social en los últimos años y especialmente desde la celebración de la Conferencia de Cork de 1996. Y esta evolución parece que seguirá en el futuro.

Al tratarse de medidas con un importante nivel de subsidiariedad y ser cofinanciadas, las regiones tienen un altísimo y fundamental nivel de participación, tanto política como económica en su diseño, por lo que es esencial que tengan muy presentes sus prioridades, capacidades y limitaciones a la hora de abordarlas. Nosotros siempre hemos abogado, y creo que el tiempo nos está dando la razón, porque el foco de las medidas de desarrollo rural se centre en crear, facilitar y consolidar actividad en el medio rural.

P.- ¿Ha servido para algo el pago verde? ¿Cómo se debería gestionar para mejorar su eficacia?

R.- Con el pago verde posiblemente se generaron en algunos colectivos determinadas expectativas que, objetivamente, eran incompatibles con una producción agrícola sostenible y rentable. Las primeras propuestas planteaban unas medidas ciertamente peligrosas para la continuidad de numerosas explotaciones en nuestro país, que de por sí realiza practicas agronómicas muy favorables a los objetivos perseguidos en el llamado pago verde.

Afortunadamente, se pudo hacer cambiar la postura de la Comisión, y los cultivos leñosos permanentes, o los cultivos bajo agua, pudieron ser considerados como verdes per se.

Estamos a la espera de una evaluación sobre el grado de aplicación de los pagos verdes y sus repercusiones. Hay que decir que este pago verde, y en particular el capítulo de las superficies de interés ecológico, ha tenido importantes problemas de aplicación, especialmente en otros países que han optado por medidas equivalentes. No ha sido el caso de España que optó por el nivel de aplicación más básico pero que, salvo algunas adaptaciones que serán necesarias, ha funcionado sin generar demasiados problemas ya que el nivel de concienciación de los agricultores y ganaderos es muy elevado, gracias entre otras cosas, a la labor informativa de organizaciones como ASAJA.

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