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miércoles 16 de agosto de 2017

Portada
28/07/2017

PAC: tierras movedizas

Vidal Maté. @trigolimpio_VM

Siguiendo su ofensiva del último Consejo de Ministros, Isabel García Tejerina se fue a finales de julio con todo su equipo a París para la reunión bilateral con su homólogo francés donde, por encima de las tormentas sobre los conflictos fronterizos en diferentes sectores como vino, frutas de hueso o porcino, el principal objetivo era lograr un pacto con los vecinos para defender en Bruselas en los próximos meses una Política Agrícola Común más verde, pero sin cofinanciación en las ayudas de los pagos directos, así como el mantenimiento de los niveles presupuestarios.

Tanto la cofinanciación, como sobre todo la rebaja de fondos, han sido cuestiones recurrentes históricas a la hora de negociar cada nueva reforma. Hoy, sin embargo, de cara a la PAC post 2020, esos temores tradicionales del sector agrario se quedan cortos ante los interrogantes que se ciernen sobre la misma básicamente por la reducción de fondos netos consecuencia de la salida del Reino Unido, unos 12.000 millones euros, y por la existencia de otras prioridades como la defensa, la seguridad, la inmigración o el empleo, advertencia hecha ya recientemente por el propio comisario Phil Hogan al sector del vino.

Se trata de una situación nueva que preocupa especialmente a la Administración española, que ya ha tenido en el pasado dificultades para cubrir los compromisos de cofinanciación en el desarrollo rural y que aumentarían ahora ante unas cuentas públicas ya castigadas por asumir las pérdidas de las autopistas radiales y las compensaciones de pago hechas a cambio de votos nacionalistas en los presupuestos. En medios del seguro se comenta que no fue posible aumentar fondos para las primas en el seguro agrario por la entrega de una partida nueva al gobierno vasco. Por esta razón, parar el golpe constituye uno de los objetivos prioritarios de la ministra de Agricultura Isabel García Tejerina en sus contactos con los colegas de otros países comunitarios como Francia, Italia, Grecia, Polonia, Irlanda o Portugal.

Atocha, a pesar del duro ajuste de fondos habido en la última década, nunca ha creado problemas a los responsables de Hacienda en cuanto el grueso de sus recursos procede de las arcas comunitarias, dineros que obviamente no caen del cielo, sino básicamente de las aportaciones de cada país. En 2016, sobre el presupuesto del departamento de 9.785 millones de euros, la aportación estatal se quedó reducida a solamente 1.979 millones. Si hay cofinanciación de los pagos directos, Hacienda se vería obligada a poner más recursos sobre la mesa, un problema más si se tiene en cuenta que, en el caso del desarrollo rural, donde ya existe un sistema de cofinanciación, en algunos casos en los últimos años se han perdido fondos comunitarios por falta de recursos en la parte nacional. Algo así en los pagos directos que suponen una media superior al 20% de la renta agraria, hoy parece inimaginable.

Para el actual periodo de 2014 a 2020, los gastos comunitarios en ayudas directas ascenderán a 298.410 millones y de otros 95.578 millones como fondos para desarrollo rural, a los que se suman otras partidas para el funcionamiento de los mercados. En conjunto, la PAC supone entre un 36% y 37% del presupuesto comunitario que actualmente se nutre en un 80% de los fondos que aporta cada Estado miembro en un volumen ligeramente por debajo del 1% de su Producto Interior Bruto, un 16% de los derechos de aduana cada día más bajos por la firma de acuerdos comerciales con diferentes terceros países y un 12% por recursos propios del IVA.

Frente a esta situación, una vía sería la posibilidad de aumentar la aportación de cada país por encima del 1% actual, que hoy ni siquiera se llega a cumplir, y tener recursos para todo, convencer a los Estados miembros sobre la importancia de mantener la PAC como una política prioritaria.

En principio, frente a esos riesgos cabe destacar la existencia también de una corriente muy favorable en los países miembros sobre el peso y el papel de la PAC en el marco comunitario como apoyo para la producción suficiente de alimentos de calidad seguros y a precio sostenible, superando el estereotipo de que el campo vive sin trabajar simplemente para cobrar ayudas. Los datos comunicados por la Comisión sobre los resultados de la reciente consulta pública hecha a toda la sociedad, lo ponen de manifiesto. De las 322.000 respuestas, un 90% consideraron que era necesaria una PAC única para todos los países miembros, lo que ha dado lugar a una UE sin fronteras. Un 88% coincidía que la misma es importante por lo que suponía de apoyo a las rentas y un 66% apostaba también por pagos directos. Para un 85% la PAC es importante por su papel para proteger el medio ambiente, un 73% la apoyaba por su papel para frenar el cambio climático, un 86% por su peso en la cohesión social y territorial y finalmente otros 97% considera clave la PAC para luchar contra los desajustes y desequilibrios en la cadena alimentaria frente al peso de la gran distribución.

Pero la decisión sobre la distribución de los fondos y el montante del presupuesto no la toman las encuestas, sino la Comisión y, a la postre, los gobiernos. Está en su tejado. Y en el tejado de España, un vuelco en la actual dirección de la PAC podría provocar demasiadas goteras en los presupuestos y en el campo. España se juega mucho en cómo vengan las ayudas, quizás demasiado, a falta de otros mecanismos y estructuras en política agraria.

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