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martes 22 de agosto de 2017

Reportajes
21/11/2016

Recomendaciones para mejorar la posición de los agricultores en el mercado

Ricardo Migueláñez. @rmiguelanez

Era muy esperado el informe “Improving market outcomes” de recomendaciones del Grupo de 12 expertos (“Task force”) sobre mercados agrarios que, tras diez meses de trabajo, fue finalmente presentado el lunes 14 de noviembre al comisario de Agricultura y Desarrollo Rural de la CE, Phil Hogan, por el ex ministro de Agricultura de los Países Bajos y profesor universitario, Cees Veerman, y en el que participó, como vicepresidenta del mismo, la representante española, Esther Valverde, subdirectora general de Estructura de la Cadena Alimentaria de la DG de la Industria Alimentaria del Ministerio de Agricultura y pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA).

Y lo era y es porque, según reconoció el propio Hogan, será uno de los documentos de referencia que tendrá más en cuenta en la definición de las opciones políticas sobre la futura Política Agraria Común (PAC) a aplicar a partir de 2021, que presentará en el segundo semestre del próximo año 2017. Tras recibir el informe del Grupo Operativo sobre Mercados Agrarios, el comisario de Agricultura afirmó que “a la vista de las dificultades experimentadas recientemente en algunos sectores concretos, nos dimos cuenta de la necesidad de reforzar el papel que desempeñan los agricultores en la cadena alimentaria, con el objetivo de garantizar que obtengan una remuneración justa por su productos. Fortalecer la voz y la posición de los agricultores es para mí una prioridad”.

Veremos en qué queda todo esto, porque no es la primera vez que las palabras del comisario de Hogan no acompañan luego a los hechos posteriores. El denso documento de 74 páginas analiza grandes bloques de temas: las prácticas comerciales desleales, el derecho de la competencia, la mejora en el uso de herramientas de gestión de riesgos, la transparencia del mercado; la necesidad de reforzar la cooperación entre los agricultores y facilitar su acceso a la financiación, el impulso de la innovación… etcétera. Luego plasma una serie de conclusiones o recomendaciones dirigidas no solo el comisario del ramo, sino también a la Comisión en completo, al Consejo de Ministros de la UE y hasta al Parlamento Europeo.

A corto plazo, el informe, que se subtitula “Enhancing the position of farmers in the supply chain” (Mejorar la posición de los agricultores en la cadena de suministro), plantea una serie de acciones que, precisamente, deberían llevar a eso, a pesar de tratarse ya, sin lugar a dudas, de uno de los asuntos manidos, que lleva años analizándose y debatiéndose, sin que, por el momento, se hayan adoptado decisiones eficaces que contribuyan realmente al objetivo que se persigue, como es la mejora de la posición del primer eslabón de la cadena de valor alimentaria.

Legislación marco europea

Entre las recomendaciones figura la necesidad de introducir una legislación marco europea, que armonice las actuaciones para luchar contra las prácticas comerciales desleales en la cadena alimentaria, puesto que, aunque las iniciativas voluntarias han resultado útiles, no han servido para introducir medidas de cumplimiento eficaces e independientes, así como regímenes de apoyo al cumplimiento efectivo en los Estados miembros como, por ejemplo, mediante el recurso a un árbitro (“ombudsman”) independiente.

La realidad, sin embargo, es tozuda. A pesar de que una veintena de Estados miembros han adoptado disposiciones a nivel nacional para luchar contra esas prácticas, los agricultores y ganaderos siguen llevándose la peor parte de la volatilidad de los precios y de los periodos prolongados de precios bajos. Es más, Hogan mantiene ciertas reservas sobre la necesidad de legislar en esta materia, teniendo en cuenta que también existe una fuerte división entre Estados miembros en el Consejo de Ministros de Agricultura.

Estos se muestran por lo general favorables a mejorar la colaboración dentro de la cadena alimentaria e incluso a reforzar la posición del sector primario en la misma. Sin embargo, las opiniones divergen cuando se trata de contar o no con  un marco legislativo comunitario. Mientras que unos están a favor de esa legislación marco, sería el caso de España (“siempre hemos entendido que, además de impulsar una ley nacional de mejora de la cadena alimentaria, es conveniente adoptar medidas a nivel comunitario”, dijo la ministra, Isabel García Tejerina), otros prefieren dejar que cada país establezca su propia normativa estatal si así lo consideran conveniente. Habrá que esperar a la reunión del Consejo de 12 y 13 de diciembre para ver si la presidencia eslovaca es capaz de lograr que los Estados consensuen una posición conjunta en este asunto.

Para las organizaciones de agricultores comunitarios y de sus cooperativas (COPA-COGECA) es “primordial disponer un marco legal para combatir las prácticas comerciales desleales, como venimos pidiendo desde hace tiempo, de manera que los operadores sean sancionados cuando infrinjan la legalidad” y también es positiva “la atención que se ha prestado al carácter específico de las cooperativas, a la hora de examinar los contratos escritos obligatorios entre productores, transformadores y distribuidores”.

El grupo de expertos recomienda que la medida más rápida de aplicar y más eficaz para reforzar la posición de los agricultores en la cadena de suministro sería aclarar y simplificar las normas europeas de competencia para que los productores puedan organizarse, pero sin temor a sanciones por parte de las autoridades de competencia. Existe bastante incertidumbre sobre lo que pueden o no pueden hacer cuando deciden constituirse en una organización de productores (OP), lo que frena las iniciativas para su creación y su desarrollo.

Este grupo operativo recomienda también que sea obligatorio la firma de contratos por escrito si una de las partes, que suele ser la parte más débil (los agricultores), lo pide y que la Comisión Europea adopte para potenciar la cooperación en este colectivo medidas adicionales que favorezcan una mayor transparencia del mercado y una competencia efectiva a lo largo de toda la cadena de suministro.

Observatorios del mercado

En esta línea se sitúa la recomendación de poner en marcha un sistema obligatorio de comunicación o de información de los precios de mercado, que tenga en cuenta e integre también datos relativos al consumo y a los precios de los insumos o medios de producción facturados a los productores. Se trataría, por tanto, de mejorar los actuales observatorios del mercado en los sectores de la leche, carne de vacuno y de porcino y extenderlos, como demanda el COPA-COGECA, a otros sectores, como la carne de ovino-caprino, el azúcar, el vino, los cereales y las patatas.

Para facilitar el acceso de los agricultores, sobre todo de los más jóvenes, a la financiación, el “Task force” recomienda un mayor y mejor uso de los instrumentos financieros, con una participación mayor del Banco Europeo de Inversiones (BEI), que podría contribuir también a reforzar la investigación y la innovación en el sector y al desarrollo de un instrumento de garantía del crédito a la exportación. Según estos expertos, “la actual aversión de los bancos comerciales al riesgo, podría conducir a una situación de sub-inversión y perjudicar a la competitividad del sector”.

Otro de los asuntos clave abordados por este grupo operativo se centró en los instrumentos de gestión de los riesgos en el marco de la futura PAC. Aunque esta Política ha abierto progresivamente la agricultura a los mercados mundiales, los pagos directos no parece que hayan sido suficientes para estabilizar las rentas de los agricultores. Por el momento, este colectivo utiliza muy poco los seguros de rentas o de cosechas, introducidos en la nueva PAC desde 2014.

El grupo de expertos recomienda a Bruselas que haga más atractivos este tipo de instrumentos, obligando, por ejemplo, a los Estados miembros a que los incluya en sus programas de desarrollo rural (España es una excepción, pues cuenta con un Plan nacional de Seguros Agrarios, en el que participan empresas privadas, agrupadas en un pool asegurador –Agroseguro- en coordinación con  la Administración pública, a través de ENESA, que es la que concede ayudas de Estado para la suscripción de pólizas de aseguramiento, complementadas en su caso con subvenciones de las Administraciones autonómicas).

En este ámbito, el grupo recomienda también a la Comisión poner en marcha una plataforma europea, que agrupe a los Estados miembros y a las partes implicadas para intercambiar prácticas en materia de gestión de los riesgos agrícolas, así como sistemas de seguimiento y evaluación de todos los datos pertinentes (incluido el desarrollo de unos mercados de futuros eficientes y que funcionen bien para ayudar a los agricultores),  a efectos de la previsión de riesgos, y que, además, se revisen los umbrales mínimos aplicables a las pérdidas de cosecha que sean asegurables.

Reducir pagos directos

Incluso va  más allá y se atreve a sugerir que, de cara al futuro, se reduzcan los pagos directos de la PAC para constituir un fondo, a modo de “gran caja de herramientas”, que sirva a la gestión de los riesgos agrícolas, con el argumento que estos pagos han frenado la instalación de agricultores jóvenes, al provocar un incremento del precio de las tierras. Esta justificación ha soliviantado a las organizaciones europeas de agricultores (COPA-COGECA), para las cuales el régimen de pagos directos del primer  pilar de la PAC es el principal instrumento de estabilización de las rentas para los agricultores, “y debe seguir siéndolo”, porque contribuye también “a garantizarles la liquidez en sus negocios”.

Para el COPA-COGECA, “los sistemas de gestión del riesgo deberían continuar siendo flexibles y coexistir con las ayudas estatales y los sistemas ya existentes a nivel nacional, con una aplicación voluntaria por cada agricultor individual, siendo importante que las primas (de suscripción de pólizas de seguro) se mantengan a nivel bajo y aceptable para así promocionar la aplicación de estas medidas”.

No obstante, el grupo de expertos considera que la futura PAC deberá seguir apoyando y remunerando a los agricultores que, aunque menos integrados en los mercados mundiales de exportación en el desarrollo de su actividad, se especialicen en productos y servicios específicos, con la condición de que ofrezcan una serie de ventajas cuantificables de interés público en beneficio de los animales, la naturaleza y los paisajes.

Creado en enero de 2016, el grupo de expertos sobre mercados agrícolas abordó también otras cuestiones que contribuirán al debate sobre la PAC futura después de 2020, haciendo hincapié, por ejemplo, en los riesgos surgidos con el cambio climático, así como en la escasez de agua y de energías fósiles. También destacó la importancia de atraer a los agricultores jóvenes agricultores al sector para dar respuestas a los desafíos actuales y futuros de esta actividad en la Unión Europea.

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