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martes 22 de agosto de 2017

Reportajes
05/01/2017

Vino de dos mundos

  • Producir más o menos no es cosa de superficie, sino de filosofía, estrategia o falta de estrategia frente a los mercados
  • En la última década, España redujo la superficie un 14% y aumentó la producción media en un 16%
  • Agricultura baraja dar nuevas autorizaciones de plantación para 2017 por un volumen de unas 4.500 hectáreas

Vidal Maté. @trigolimpio_VM

Evitar mares de vino y lo que ello conllevaba en costes para las arcas comunitarias en su transformación en alcohol ha constituido una de las preocupaciones más importantes de las autoridades comunitarias en la última década con el objetivo de tener un equilibrio entre la oferta y la demanda. La vía elegida era mantener el potencial productivo en hectáreas.

En base a esta filosofía, desde el año 2000 Bruselas ha impulsado una política de apoyos a los programas de reconversión y reestructuración del viñedo, incluidos los arranques subvencionados donde los viticultores españoles fueron protagonistas. En el caso de España, esos programas se concretaron en ayudas por 1.300 millones de euros entre 2001 y 2008 para actuar sobre 203.000 hectáreas. En una segunda oleada de medidas, entre 2009 y 2013, las ayudas ascendieron a 552 millones de euros sobre 100.000 hectáreas. Finalmente, en el periodo de 2014 a 2016, los apoyos se elevaron a 208 millones con 72.000 hectáreas. Para el periodo de 2017 a 2018, los apoyos serán de 72,5 millones de euros. En total, hasta la campaña pasada, actuaciones sobre un volumen total de 376.000 hectáreas con un montante de ayudas comunitarias de más 2.098 millones de euros.

Con esos recursos, se llevaron a cabo restructuraciones y arranques de viñedos (de las 175.000 hectáreas promovidas con ayudas por Bruselas, 95.000 fueron españolas), reconversiones varietales, mejora de estructuras, aumento de los regadíos, etc. Todas estas actuaciones se tradujeron en una bajada de la superficie dedicada al viñedo de 1.100.000 hectáreas a la actual de 959.500 hectáreas. Sin embargo, el volumen de las producción media de vino y mosto pasó de unos 36-37 millones de hectolitros a una media actual más cerca de los 43 millones de hectolitros con picos por encima de los 52 millones de hectolitros convirtiendo a España algunas campaña en líder comunitario en la producción de vino consecuencia de la decisión de miles de agricultores de mejora de estructuras y, sobre todo, de optar por variedades muy productivas en regadío, aunque fuera para la venta de la uva a bajos precios en las zonas con las mayores superficies.

A Bruselas le ha salido el tiro por la culata en su estrategia por mantener el potencial productivo en los países miembros para no aumentar las producciones y los gastos. El mayor y más representativo ejemplo es el de España, donde se ha puesto de manifiesto que el potencial productivo de un país y, sobre todo en determinados territorios, no es cuestión de superficie, sino de filosofía a la hora de plantear las producciones.

En el sector hoy, en España, con la excepción de unas pocas denominaciones de origen como Rioja, Ribera del Duero o Rueda, donde existe un especial celo para ajustar las producciones a la demanda, hay una mayoría donde no existe esta política tan restrictiva a que se amplíe el número de hectáreas y, además, también en lo que se refiere al volumen de uva que se pueda calificar en las mismas con cifras por hectárea que triplican las aplicadas en Rioja o Ribera. Además están las superficies de viñedo cuyos propietarios se hallan u operan voluntariamente al margen de las denominaciones de origen.

Todo ello ha dado lugar a la existencia de dos mundos más diferenciados en el sector del vino. Los situados en el segmento de los vinos de calidad para su venta envasada de las denominaciones de origen y el otro mundo del vino que opera básicamente con graneles y que supone más del 50% de la exportación española de 22 millones de hectolitros a un precio medio de 0,40 euros litro y que ha convertido a España en líder mundial en el comercio del vino y también en el que opera con los precios más bajos.

En este sector del vino con dos cabezas, uno empeñado en la venta de calidad y precios y otro como los graneles como salida barata a sus elevadas producciones, Ministerio de Agricultura y el sector iniciaron las conversaciones para decidir el volumen del nuevas autorizaciones a conceder para las plantaciones en el año 2017 que se deberán comunicar antes del próximo mes de febrero.

Inicialmente, desde la Administración se planteó un incremento del 1% sobre las superficies existentes en julio de 2016 que ascendían a 959.500 hectáreas, frente a las posiciones del sector que, en el mejor de los casos, hablan de una cifra similar a la adoptada la campaña anterior donde el incremento fue de solo un 0,43 % con 4.173 hectáreas. Para el próximo ejercicio, lo más probable es que la decisión oficial suponga un incremento en el entorno del 0,5% con unas 4.500 hectáreas. Esa cifra, ligeramente por encima de la campaña anterior, se justificaría por la evolución en positivo de los niveles de existencias en el mercado ante el buen comportamiento de las exportaciones y a pesar de la estabilidad en el mercado interior con un sector de la restauración que, en base a sus políticas de precios altos, está alejando a los consumidores.

La campaña anterior, primera donde se ponían en marcha las autorizaciones de plantación frente a la política de los derechos históricos, el sector reclamaba permisos para poner más de 13.000 hectáreas de viñedos, de las que finalmente fueron admitidas casi 12.000 y concedidas 4.173. Agricultura aceptó las demandas de varias denominaciones de origen como Ribera del Duero, Rioja, Navarra o Chacolí para limitar ese volumen de plantaciones muy por debajo de los límites legales con el fin de mantener un mayor equilibrio en la oferta, la demanda y, con ello, los altos niveles de precios.

Para el próximo año, tras una buena campaña con una producción de unos 42 millones de hectolitros entre vino y mosto, y de 32,9 millones de hectolitros de vino, con unas existencias en positivo por el mantenimiento de unas elevadas exportaciones, existe una impresión más generalizada de que se puede levantar ligeramente el pie del freno para aumentar el volumen de autorizaciones de nuevas plantaciones. Como en la campaña anterior, varias denominaciones de origen han vuelto a solicitar que en sus respectivas demarcaciones la limitación de esas autorizaciones sea superior a la que decida Agricultura con carácter general. En esa línea, Rioja plantea que el incremento sea de solamente 645 hectáreas frente a las 387 hectáreas autorizadas en la campaña anterior, Ribera del Duero reclama que las autorizaciones sean de solamente 500 hectáreas frente a las 314 del año pasado, Rueda solicita por primera vez que en su caso sean solamente 68 hectáreas ante el fuerte incremento de las plantaciones en los años precedentes y siete hectáreas entre las dos denominaciones de origen del chacolí.

Al margen del volumen de las autorizaciones para las nuevas plantaciones, el sector coincide en la necesidad de establecer unos criterios mucho más rigurosos y de unos mayores controles sobre la asignación de las mismas para evitar abusos, triquiñuelas que han dado lugar a que lo permisos vayan a parar a quienes menos lo merecen. Desde el sector se reclama, en primer lugar, un mejor tratamiento para los demandantes con edades por debajo de los 40 años, lo que supone una apuesta por dar una continuidad a la actividad en el sector del viñedo, además de apoyar con ello al mantenimiento de la población en el medio rural. Además de ese mayor apoyo a los jóvenes, se pretende que los destinatarios de esas autorizaciones sean agricultores activos que quieran vivir de la viticultura y que las mismas no vayan a parar a personas ajenas al sector cuyo objetivo es solamente hacer negocio con ellas. En la campaña anterior se dieron muchos casos de personas, en ocasiones jóvenes, que no tenían nada que ver con la actividad agraria ni pensaban tenerla en el futuro y que actuaban simplemente como tapadera de otros.

Desde las organizaciones agrarias se han hecho duras críticas contra este tipo de actuaciones donde, al margen de las decisiones de Agricultura, hay una responsabilidad básica en manos de las comunidades autónomas que deberían haber procedido a la depuración de las solicitudes.

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