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jueves 20 de julio de 2017

Reportajes

La innovación alimentaria encuentra refugio en la nueva ley de la cadena

Gema Boiza. Periodista. @GemaBoiza

Soplan aires de cambio en la industria agroalimentaria española. La nueva ley de la cadena, que entró en vigor el pasado 3 de enero, ha dibujado un nuevo escenario en el que tendrán que negociar y entenderse tanto los fabricantes como los distribuidores de los productos alimentarios en España, y en el que la innovación del sector tiene ante sí una oportunidad para relanzarse y acabar con sus seis años de constante caída.

Una caída que ha sido del 70% desde que empezó la crisis económica, con la que la marca blanca ha vivido sus momentos de mayor auge en España. Aunque su situación está lejos de empeorar, lo cierto es que el ritmo de crecimiento de la marca del distribuidor se ha frenado en los últimos meses. Meses en los que las marcas de fabricante, también llamadas primeras marcas, han vuelto a promocionarse, incluso en algunas de las cadenas de distribución en las que antes no lo hacían porque, en algunos casos, directamente no se les permitía.

Que esta situación haya cambiado no es pura casualidad. Y es que la nueva ley de la cadena alimentaria, además de poder ayudar a la innovación de las primeras marcas, nace con la intención de vigilar muy de cerca los comportamientos de todos los eslabones de la cadena para evitar, entre otras cosas, la discriminación de productos, la copia de envases y el uso de información confidencial previo al lanzamiento de un producto para copiarlo.

Y para hacerlo esta ley cuenta, la mayoría de las veces, con el poder de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA). Y es que esta entidad podrá sancionar desde 3.000 hasta con 100.000 euros las prácticas abusivas que cometan los actores implicados en la ley de la cadena alimentaria.

Eso sí, ella sólo podrá proponer castigos que tendrán que aprobar el ministro de Agricultura (Miguel Arias Cañete), el Consejo de ministros, el director general de la Industria Alimentaria del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Fernando Burgaz) o la Secretaria de Agricultura y Alimentación (Isabel García Tejerina).

Sea quien sea el firmante de esas sentencias, lo cierto es que la nueva ley es como una espada de Damocles que planea sobre todos los actores que participan en la misma y está dispuesta a atajar cualquier comportamiento de fabricantes o distribuidores que vaya contra sus reglas.

Reglas que han ido más allá que las aprobadas por otros países de la Unión Europea, según asegura Promarca. De todos los artículos que componen esa ley, la asociación -que engloba a los fabricantes de productos de gran consumo líderes de alimentación, bebidas, droguería y perfumería de España- destaca los artículos 12, 13 y 14.

Si el primero pone fin a las modificaciones unilaterales y a los pagos comerciales no previstos en los contratos que previamente hayan alcanzado fabricantes y distribuidores, el segundo protege la información que un fabricante ha de dar a un distribuidor antes de lanzar al mercado un nuevo producto, y el tercero pone orden en lo que a la gestión de marcas se refiere.

En concreto, el artículo 12 prohíbe las modificaciones de las condiciones contractuales establecidas en el contrato, salvo que se realicen por mutuo acuerdo. Además, los contratos alimentarios deberán contener las correspondientes cláusulas en las que se prevea el procedimiento para su posible modificación y, en su caso, para la determinación de su eficacia retroactiva.

Asimismo, se prohíben los pagos adicionales, sobre el precio pactado, salvo que se refieran al riesgo razonable de referenciación de un nuevo producto o a la financiación parcial de una promoción comercial de un producto.

Información previa al lanzamiento de un producto

Mientras, el artículo 13 establece que en los contratos alimentarios deberá concretarse por escrito la información que las partes deban suministrarse para el efectivo cumplimiento de sus respectivas obligaciones contractuales, así como el plazo de entrega de dicha información, que en todo caso deberá ser proporcionada y estar justificada en razones objetivas.

Es decir, en ningún caso un operador podrá exigir a otro operador de la cadena información comercial sensible sobre sus productos, ni tampoco los documentos que permiten verificar dicha información, salvo que así conste en el contrato escrito.

La ley establece también que la información comercialmente sensible que se obtenga en el proceso de negociación o ejecución de un contrato alimentario se destine exclusivamente a los fines parta los que fue facilitada, respetándose en todo momento la confidencialidad de la información transmitida o almacenada.

Con este artículo la ley persigue proteger a los fabricantes de los distribuidores que, con sus marcas blancas, han pasado de ser sólo distribuidores a ser también competidores de los propios fabricantes.

Además, el artículo 14 especifica que los operadores gestionarán las marcas de productos alimentarios que ofrezcan al consumidor, tanto las propias como de otros operadores, evitando prácticas contrarias a la libre competencia o que constituyan actos de competencia desleal. Eso sí, en este caso, la ley remite a la Comisión Nacional de la Competencia y, por tanto, a los tribunales ordinarios, y no a la AICA, lo que no ha gustado del todo a las marcas.

Lo que éstas sí apoyan es que este artículo 14 prohíbe el aprovechamiento indebido por parte de un operador y en beneficio propio de la iniciativa empresarial ajena, así como las que constituyan publicidad ilícita mediante la utilización, ya sea en los envases, en la presentación o en la publicidad de producto o distintivos que provoquen riesgo de confusión o asociación con los de otro operador o con marcas o nombres comerciales de otro operador. Prácticas que han hecho mucho daño a la innovación alimentaria en los últimos años y que han perturbado al consumidor, haciéndole dudar entre unas marcas y otras.

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