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jueves 20 de julio de 2017

Reportajes

El auditor dice que los gastos de Pescanova siguieron estando sin control en 2013

Teresa Sánchez

Pescanova ha sido incapaz de calcular exactamente a cuánto ascendieron sus gastos financieros en el último ejercicio. En las cuentas anuales de 2013 que la propia empresa ha hecho ya públicas ese importe ascendió a 217 millones de euros, frente a 251 millones del año anterior, pero BDO, la firma que se ha encargado de auditar el balance, asegura que eso es sólo una estimación, porque a Deloitte, encargado de la administración concursal de la pesquera gallega, le ha resultado imposible calcular a cuánto asciende en realidad dicha cantidad.

En el informe de auditoría, BDO asegura, en concreto, que el gasto financiero, asociado al pago de los intereses de la deuda, "no se corresponde con el efectivamente devengado" ni en 2012 ni en 2013. De hecho, manifiesta que se trata sólo de "juicios y estimaciones (...) basándose en la información disponible a la fecha de formulación de las cuentas anuales consolidadas, al resultar de hecho impracticable una cuantificación con un mayor nivel de exactitud".

Y no sólo es eso. En la misma línea, BDO asegura que tanto el patrimonio del grupo como la deuda registrada a 31 de diciembre podrían también ser distintos de los publicados por la empresa. En este caso, sin embargo, "el efecto total de las diferencias (...) no resultaría relevante", según dice el auditor. Pescanova ha admitido ya ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que tiene un patrimonio neto negativo, o lo que es lo mismo, un agujero contable, de 2.137 millones de euros, y que sus compromisos financieros se elevan a 3.616 millones.

Y eso, en una situación de quiebra técnica que provocó que la empresa gallega tuviera que solicitar el año pasado el concurso de acreedores ante la imposibilidad de poder hacer frente a los pagos, pero que ha superado ya tras la presentación y aprobación por parte del juez de un convenio, encabezado por la banca.

Las principales entidades financieras acreedoras de la compañía -Popular, Sabadell, Caixabank, BBVA, Bankia, NGC Banco y el italiano UBI Banco- se han hecho ahora con el control del grupo, aprobando una quita media de algo más del 60 por ciento de la deuda y una inyección de capital de 150 millones de euros, todavía por ejecutar.

Es un salvavidas para un gigante que emplea a 10.000 trabajadores en todo el mundo -unos 2.000 de ellos en Galicia- y que a pesar de todo sigue teniendo todavía una gran inestabilidad debido a la incertidumbre existente, sobre todo, en sus negocios internacionales.

Pescanova tiene derechos de pesca en algunos de los mejores caladeros del mundo, como en Namibia o Mozambique, pero más de la mitad de su negocio está actualmente en la actividad de acuicultura, sobre todo tras haber invertido en los últimos años más de 800 millones de euros en piscifactorías, y son unos activos que están ahora en peligro. El gigante de la pesca gallego tiene filiales en Chile, dedicadas a la cría de salmón; en Portugal para el rodaballo y en Centroamérica, para el langostino.

El problema está en que todas estas filiales atraviesan también gravísimos problemas financieros, que al contrario de lo que ha sucedido con la empresa matriz, todavía no han resuelto. En Chile, la filial Pescachile, sigue de hecho en suspensión de pagos y el juez que gestiona el proceso ha iniciado ya su subasta, a la que se han presentado algunas de las principales compañías mundiales del sector.

Y en Portugal y Centroamérica, el nuevo equipo gestor que designe ahora la banca acreedora en España, tendrá que negociar con las entidades financieras locales, que son las acreedoras de las filiales del grupo en estos países.

Sólo si consiguen un acuerdo Pescanova podrá mantener el negocio, pero en caso contrario, se puede desatar una tormenta cuyas consecuencias, según admiten en la propia empresa, serían desastrosas. "Si Pescanova pierde su negocio internacional de piscifactorías, se corre el riesgo de que haya una caída en cadena y todo el negocio acabe quebrando de forma definitiva", aseguran las fuentes consultadas.

La compañía, que bajo la gestión del anterior presidente, Manuel Fernández de Sousa, ocultó pérdidas durante años y declaró ventas ficticias, ha tenido que reformular las cuentas de 2011 y 2012 y admitir que tan sólo en el último ejercicio registró unos números rojos de 719 millones de euros.

La empresa está pendiente ahora del nombramiento de la búsqueda de un nuevo presidente tras la dimisión de Juan Manuel Urgoiti, así como de un consejero delegado.

En el primer caso, el favorito es Jacobo González-Robatto, responsable del comité internacional del Banco Popular, y en el segundo Senén Touza, la persona que designó Deloitte como administrador concursal y que lleva más de un año trabajando ya en la compañía. Todo ello al margen de la posible incorporación también al accionariado de un socio industrial, que acompañe a la banca acreedora en el capital con una participación que tendría que ser, en cualquier caso, minoritaria.

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