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domingo 23 de julio de 2017

Reportajes

La Ley de la Cadena Alimentaria, un año después

Rocío Antón. Periodista @rocio_anton

Hace un año, en el verano de 2013, se aprobó la Ley de medidas para la mejora de la cadena alimentaria, con la aspiración de equilibrar las relaciones comerciales entre los diferentes operadores del sector (producción, industria, distribución). Ahora, el Gobierno trabaja en el desarrollo reglamentario de la norma, que recoge el Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la contratación alimentaria como una de sus medidas ‘estrella’.

Las organizaciones representativas del sector han celebrado durante las últimas semanas un calendario intenso de reuniones, entre las diferentes partes y con el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, para negociar el contenido de este código deontológico, que será de adhesión voluntaria.

“A nadie le tiene que dar miedo sumarse al Código, porque va a beneficiar a cada uno de los eslabones”, dijo recientemente el secretario de Agricultura y Alimentación, Carlos Cabanas, quien animó a todos los agentes a avanzar para conseguir un acuerdo que permita poner en marcha este instrumento “lo antes posible”.

En el sector estiman que el texto no estará listo antes de otoño, porque, si bien existe voluntad de negociación en todas las organizaciones implicadas, se parte de “visiones bastante diferentes” y las conversaciones son “complejas”.

El director general de la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados (ACES), Aurelio del Pino, considera que el Código debe responder a un acuerdo entre las organizaciones que lo están negociando, con “ventajas” para las distintas partes, y “proscribir prácticas perjudiciales o que no aporten valor a la cadena”.

El Código debe ir “más allá” de la Ley

Por su parte, el presidente de Promarca, Ignacio Larracoechea, aboga por consensuar un texto que incluya aquellas conductas que no quedaron cubiertas por la Ley de la cadena alimentaria, entre las que cita la eliminación de la transferencia de riesgos --“que cada parte asuma su riesgo empresarial sin transferirlo al proveedor”-- y de los márgenes garantizados.

Para Agustín Herrero, subdirector de Cooperativas Agroalimentarias de España, el código debe abarcar cada una de las fases de la relación comercial (negociación de contratos, logística, entrega de mercancías, entre otras) y describir la “forma óptima” en la que se deberían desarrollar.

En concreto, Herrero apuesta por detallar el modo en que se deben hacer los contratos (contenido, fijación de precios, documentos a entregar, plazos, etc.) y por incluir medidas en relación a las promociones en el punto de venta, dado que, según afirma, la Ley es “poco explícita” al respecto. Así, defiende la necesidad de eliminar la promoción de los frescos como productos reclamo para evitar devaluarlos y prácticas como la venta a pérdida.

Compromiso de sostenibilidad económica de la cadena

“Nos gustaría que, teniendo en cuenta que el código es voluntario, haya un compromiso por la sostenibilidad económica de la cadena y no se venda por debajo de los costes de producción”, recalca el subdirector de Cooperativas.

Según explica José Ramón Díaz, de Asaja, las organizaciones de productores están tratando de negociar con la industria alimentaria que todas las operaciones comerciales estén amparadas por contratos y que se cumplan los plazos de pago fijados en la Ley de Morosidad, sobre todo en relación con los productos frescos. Con la distribución, por su parte, las conversaciones se centran en prácticas como la venta a pérdida y la banalización de productos.

Pese a que fue aprobada el año pasado, la Ley de la Cadena Alimentaria no entró en vigor hasta el pasado mes de enero. Desde entonces, ya está operativa la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), órgano que se encarga de velar por el cumplimiento de la norma.

De hecho, la  AICA ya está investigando denuncias por incumplimientos que, según fuentes del sector, han sido presentadas por organizaciones de productores y, en caso de que se verifiquen, se impondrán las sanciones correspondientes.

“Queda bastante por hacer”

“Queda bastante por hacer”, explica Álvaro Areta, de COAG, quien advierte de que el grado de conocimiento de la norma en el sector “no es suficiente” en lo concerniente a los contratos escritos. “Nuestra máxima preocupación es que los contratos se empiecen a hacer de forma generalizada; por desconocimiento, el nivel de contratación obligatoria no es el que debería ser”, lamenta Areta.

Agustín Herrero coincide en la conveniencia de que los operadores conozcan el contenido de la Ley, porque incorpora derechos y obligaciones que antes no existían. En todo caso, para el subdirector de Cooperativas Agroalimentarias, el balance de estos primeros siete meses es positivo: “se han dado pasos muy importantes” para mejorar las relaciones comerciales; “hay un antes y un después de la Ley, y en los próximos meses avanzaremos mucho más”, comenta.

Ley con efecto disuasorio

Para la industria alimentaria, la nueva regulación ha tenido un “efecto disuasorio de ciertas conductas que se han corregido sin necesidad de denunciarlas”, según asegura el presidente de Promarca. “Por fin se establece un conjunto de medidas que intentan equilibrar las reglas del juego en un mercado asimétrico, con muchos agricultores, bastante industria y pocos distribuidores”, destaca Larracoechea, quien subraya que se trata de corregir ese desequilibrio de poder para que “no gane el más fuerte, sino el mejor”.

Para la distribución, en cambio, la nueva norma no ha introducido grandes cambios en lo referente a las relaciones comerciales, que ya estaban reguladas por la Ley de Ordenación del Comercio Minorista. Aurelio del Pino sostiene que “la propia forma de trabajar de las compañías ya establecía relaciones estables y con contratos escritos”, por lo que la Ley de la cadena alimentaria “afecta más a otros sectores que a la distribución comercial”.

Según el director general de ACES, los operadores de distribución han revisado sus esquemas de contratación para adaptarlos a la nueva normativa, por lo que ésta solo ha supuesto un “esfuerzo de gestión administrativa contractual”. “Entendemos que la Ley tiene que cambiar las relaciones entre agricultores e industria, que son menos estructuradas”, agrega.

En cuanto a la actividad de la AICA, Del Pino confía en que trate de enfocar sus actividades hacia las funciones recogidas en la Ley, “sin distorsionar el funcionamiento de mercado ni establecer procedimientos que resulten discriminatorios”.

La postura de Competencia

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha emitido varios informes acerca de la norma, en los que rechaza cualquier medida que suponga introducir un mecanismo de fijación de precios mínimos y advierte de “la burocratización innecesaria y desproporcionada de las relaciones comerciales entre los agentes de la cadena”.

Ahora, en relación con reglamento de la Ley, opina que presenta “riesgos propios de afectación a la competencia efectiva” y recomienda replantear puntos como que los firmantes del Código de Buenas Prácticas tengan prioridad para recibir ayudas del Ministerio. Para la Comisión, esta medida “puede introducir disfunciones en la persecución de los fallos de mercado a los que supuesta y preferentemente se orientan las subvenciones públicas, además de menoscabar el carácter voluntario” del Código.

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