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lunes 24 de julio de 2017

Reportajes

Los sindicatos acercan posturas a Coca-Cola para pactar el ERE

Teresa Sánchez

El acuerdo entre los sindicatos y la embotelladora de Coca-Cola en España, Iberian Partners, para pactar el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) puesto en marcha en enero está más cerca que nunca. Los representantes de los trabajadores han asumido ya que, a pesar de que la Audiencia Nacional declaró nulo el proceso, la compañía no abrirá en ningún caso las fábricas y tan sólo negociará una mejora de las condiciones de salida o, cómo mucho, un mayor número de recolocaciones.

UGT y CCOO han pedido a la empresa en los últimos días un compromiso de que no habrá más despidos en un futuro próximo para poder materializar así un acuerdo. De acuerdo con las fuentes consultadas, el objetivo tanto de los representantes de los trabajadores como de la propia dirección de Coca-Cola Iberian Partners es que el acuerdo pueda estar sellado definitivamente antes de que concluya el presente ejercicio.

El ERE del gigante de los refrescos afectó a un total de 1.190 trabajadores. De ahí, 370 fueron recolocados y los 820 restantes abandonaron la compañía. La mayoría se apuntó a un plan de bajas voluntarias con indemnizaciones de 45 días por año o se prejubiló. El problema fueron los 234 empleados de la fábrica que la empresa tenía en Fuenlabrada (Madrid), que al rechazar todas las opciones posibles, fueron despedidos con 33 días de manera forzosa. Fueron ellos los que plantearon el recurso ante la Audiencia, los que consiguieron la nulidad del proceso, y los que están poniendo ahora trabas a la firma de un acuerdo definitivo.

Tanto los responsables de la federación agroalimentaria de UGT como los de la de CCOO les han trasladado ya en distintas reuniones que la única vía posible es el acuerdo y que la reapertura de la fábrica madrileña, tal y como pretenden, es prácticamente una utapía. Pero ellos se resisten a aceptar la realidad y son hoy por hoy el único escollo pendiente a un proceso que, en cualquier caso, parece estar llegando a su fin.

El exministro de Empleo, Manuel Pimentel, fichado por Coca-Cola Iberian Partners para ejercer de mediador y materializar el acuerdo ha prometido a los sindicatos en este sentido una serie de mejoras si firman el ERE.Para empezar, les ha prometido la posibilidad de reducir los 234 despidos pendientes de ejecutar y recolocar hasta a 80 trabajadores en el centro logístico que la compañía tiene en Madrid, o en el caso de que acepten su traslado a otra planta o almacén.

De la misma manera, los trabajadores en situación de despido forzoso podrán acogerse así a medidas de salida incentivada, con una posible prejubilación a los 56 años de edad o una baja indemnizada con 45 días por año, con un máximo de 42 mensualidades -el máximo es de dos anualidades- más una paga complementaria de 10.000 euros lineales.

La compañía considera que con todo ello ha hecho ya un esfuerzo  muy importante, pero estaría dispuesta incluso a una mejora aún mayor, reduciendo al mínimo el número de despidos para llegar a un acuerdo cuánto antes con los sindicatos. Así las cosas, tanto CCOO como UGT reconocen que "el pacto está próximo", a falta eso si de la presentación de un plan industrial que ofrezca ciertas garantías a la plantilla que se quede.

En la dirección de Coca-Cola en España el proceso se está siguiendo muy de cerca, con una total implicación, frente a las palabras iniciales del presidente de la filial, Marcos de Quinto, asegurando  que "éste no es mi ERE ni es mi empresa", con las que trataba de cargar toda la responsabilidad sobre la embotelladora, controlada, entre otras, por la familia Daurella.

El cambio de postura de De Quinto obedece a varios factores. Para empezar, la embotelladora exigió una mayor implicación y la propia dirección de la compañía a nivel mundial en Atlanta así se lo traslado a su presidente en España dado el daño que se estaba haciendo a la imagen de la marca. Pero es que además, Marcos de Quinto sabe que si el proceso acabara encallando, su posición en la compañía acabaría  muy comprometida, especialmente dada la lucha de poder que mantiene desde hacer meses con Sol Daurella,  la presidenta de la embotelladora, Coca-Cola Iberian Partners.

De hecho, en algún momento se ha llegado a plantear, especialmente antes del  verano, que si la empresa no conseguía firmar un acuerdo con los sindicatos para materializar finalmente el ERE y poner fin al deterioro de la marca, su salida del grupo podía ser tan sólo cuestión de tiempo. En cambio, si, tal y como parece, la negociación que encabeza Pimentel llega a buen puerto, todo indica, que podría incluso salir reforzado.

Coca-Cola sabe, en cualquier caso, que no le sobra el tiempo. Todo porque, aunque es poco probable que la Audiencia Nacional ordene la ejecución de la sentencia a la espera del recurso que su embotelladora ha presentado ante el Tribunal Supremo, si la negociación se retrasa y éste último acaba pronunciándose la situación se puede complicar.

En el caso de que el Supremo le diera la razón, la negociación sería lógicamente mucho más fácil ya que podría incluso ejecutar el ERE forzoso. Pero en el caso de que no fuera así, lo más probable es que no le quedara más remedio que recolocar a los 234 trabajadores de Fuenlabrada. El proceso, de un modo u otro, está llegando a su fin. Y lo hace además, según los cálculos previstos, con un coste para la compañía de alrededor de 150 millones de euros.

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17/07/2017