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viernes 28 de julio de 2017

Reportajes

El dilema de Coca-Cola

Teresa Sánchez

La confirmación por parte del Tribunal Supremo de que el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de la embotelladora de Coca-Cola, Iberian Partners, es nulo, tal y como ya sentenció la Audiencia Nacional en junio del año pasado, ha dejado a la empresa en una situación más que complicada.

El gran dilema que se plantean en este momento en la dirección del grupo, que encabezan Sol Daurella como presidenta y Victor Rufart como director general, es si ceder y reabrir al menos una parte de las cuatro fábricas cerradas o encontrarse con una plantilla absolutamente sobredimensionada teniendo en cuenta que suma ahora unos 4.000 trabajadores, más que suficiente para cubir las líneas de producción de las que dispone, y que podría verse o obligada a reincorporar a un total de 836 personas, si se descuentan las recolocaciones.

El ERE de Coca-Cola Iberian Partners afectó en total a 1.156 empleados y supuso el cierre de las fábricas de Fuenlabrada (Madrid), Mallorca, Alicante y Colloto (Asturias). Del conjunto de trabajadores de afectados, hubo 320 recolocaciones, 319 prejubilaciones, 279 bajas voluntarias y 238 despidos forzosos.Fuentes en el entorno de la compañía admiten, en este sentido, que las fábricas que siguen abiertas -las de Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, Bilbao y La Coruña- no tienen capacidad para integrar ahora mismo a todos los despedidos

Coca-Cola Iberian Partners tiene, de momento, que volver a reincorporar con carácter inmediato a los 238 despedidos de forma forzosa, a los que había dado una indemnización de 33 días por año trabajado.

La práctica totalidad de ellos pertenece a la fábrica de Fuenlabrada, que aunque todavía no se ha desmantelado -la empresa lo ha intentado en varias ocasiones, según han denunciado los sindicatos- lleva un año cerrada. El gran problema que se plantea en este caso es que aunque la embotelladora les ofreciera su traslado a otros centros, los trabajadores se niegan y, de hecho, la Audiencia Nacional les dio ya la razón y calificó de "irregulares" sus reincorporaciones en fábricas situadas en un lugar distinto al de su origen.

A partir de ahí, todos aquellos que han salido con una prejubilación o una baja voluntaria deberán comunicar también a la dirección de la compañía que es lo que quieren hacer: si reincorporarse o quedarse como están, teniendo en cuenta que sus indemnizaciones fueron más altas, de 45 días y una paga lineal de 10.000 euros en el caso de los que salieron voluntariamente.

De momento, y a la espera de lo que vayan diciendo los trabajadores, la embotelladora les está comunicando ya que una vez dictada la sentencia por parte del Tribunal Supremo deben pronunciarse cuanto antes sobre la decisión que adopten. Lógicamente, en el caso de que opten por reincorporarse, deberán devolver las indemnizaciones y las cantidades cobradas en concepto de desempleo. Eso al margen de las cantidades que les hayan sido abonadas también como trabajadores por cuenta ajena de otra empresa o incluso como autónomos.

La dirección de la compañía se debate en cualquier caso en este momento entre varias posibilidades. La más fácil, pero la que se quiere evitar a toda costa es la reapertura de las fábricas. Sobre todo porque aunque la de Madrid sigue disponiendo de la maquinaria necesaria, todas las demás están ya desmanteladas desde hace meses y el daño para la imagen de la marca sería aún más fuerte de lo que han supuesto ya las sentencias primero de la Audiencia Nacional y después del Tribunal Supremo.

Otra opción pasaría por intentar pactar recolocaciones ofreciendo indemnizaciones por traslado más altas, pero para ello hay que llegar previamente a un acuerdo con los empleados y no parece de momento nada fácil. Y eso sin olvidar que las fábricas estarían sobredimensionadas y con unos costes laborales muy altos, aunque se apostara también por incrementar la capacidad de los almacenes o centros de distribución logística.

La compañía podría barajar también como última posibilidad la presentación de un nuevo ERE, partiendo desde el principio y volviendo a negociar con los sindicatos. En ese caso, y siempre que llegara a un acuerdo ofreciendo indemnizaciones más altas, podría sacar adelante una nueva reestructuración. Pero tampoco parece que vaya a ser nada fácil porque los sindicatos están ahora en una posición de fuerza, tras una huelga que ha hecho mucho daño a la marca y con dos sentencias en firme que les dan la razón.

Adopte la decisión que finalmente adopte, la salida para Coca-Cola Iberian Partners no es nada fácil. Para la compañía lo ideal sería poder recolocar a los 238 despedidos de forma forzosa, siempre y cuando estos lo adopten, y que los demás opten por no solicitar su reingreso. Pero para eso tiene que tratar de convencerlos, algo que, según dicen algunas fuentes, podría estar tratando de hacer ya a título individual ofreciendo complementos económicos personales o, incluso, como ha pasado en algún caso concreto, presionando a los extrabajadores advirtiéndoles que su reincorporación no será nada fácil, según denuncia alguno de ellos. Por ahora, en privado. Pase lo que pase, Coca-Cola tendrá muy difícil así recuperar su imagen como la marca de la felicidad.

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