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miércoles 16 de agosto de 2017

Reportajes
04/02/2016

El vino chequea su estrategia

  • Superficies, rendimientos, denominaciones de origen y calidad, ejes de los debates
  • El sector reconoce que los actuales éxitos en producción y exportaciones esconden graves agujeros negros por la masiva oferta de graneles, precios bajos y caída de la demanda interior

Vidal Maté. @trigolimpio_VM

Con una superficie de casi un millón de hectáreas prácticamente en todas las Comunidades Autónomas, más de 4.000 bodegas y de 300.000 viticultores, España es líder mundial en superficie y en exportación con más de 23 millones de hectolitros, y uno de los tres primeros grandes productores comunitarios, junto con Italia y Francia. El vino es un sector clave en la actividad agraria y en la industria alimentaria. Sin embargo, bajo esas grandes cifras, sobre el papel propias de un sector en pleno éxito, se esconden también agujeros negros y dudas actualmente motivo de debate y polémica en diferentes frentes sobre la política seguida en el sector. Se trata de unos debates que van desde las superficies de cultivo y los rendimientos idóneos para el desarrollo de una actividad rentable, hasta la necesidad de ir más lejos en las política de los vinos de calidad en las denominaciones de origen con el objetivo de potenciar la gran diversidad de la oferta, pasando por las estrategias exportadoras. En definitiva, un trabajo de chequeo y una autocrítica interna en la búsqueda de un nuevo modelo de sector para afrontar el futuro desde la competitividad y la calidad en unos mercados globalizados y con la máxima rentabilidad.  

Un primer escenario en el debate sobre el futuro del sector del vino ha pasado por marcar un punto de equilibrio en las superficies en función del previsible comportamiento de la demanda.

En base a las actuales disposiciones comunitarias, el Ministerio de Agricultura fijó a finales de enero el volumen de nuevas autorizaciones para las superficies de viñedo en 2016 que sustituyen a los derechos de plantación que han estado vigentes a esos efectos en los años precedentes generando un importante mercado de compraventa. Según esas directrices, cada país tiene la posibilidad de fijar cada año como máximo un volumen de autorizaciones de hasta el 1% sobre las superficies existentes a julio de 2015. Otros países competidores en el mercado comunitario del vino como Italia y Francia establecieron un incremento del 1%.

Agricultura optaba en un primer momento por establecer un incremento del 0,6%, para fijarlo finalmente en el 0,43%, equivalente a 4.173 hectáreas, atendiendo las demandas de las organizaciones agrarias y de las cooperativas que apostaban por un incremento cercano al 0%. Ese volumen se sumaba, no obstante, a las más de 68.000 hectáreas en manos del sector que ya disponen de derechos para plantar y que pueden ejercitar en los próximos tres años, por lo que el incremento de superficie a plantar podría ser muy superior.

Desde el sector agrario, organizaciones como UPA argumentaban su rechazo a un aumento de las autorizaciones considerando los bajos precios percibidos por la uva por parte de los agricultores en las zonas de producción más importantes, por los bajos precios de las ventas en el exterior para dar salida a los excedentes y por la caída progresiva de la demanda interior del consumo de vino. Por su parte, desde el mundo cooperativo, el responsable del sector, Ángel Villafranca defendía  solamente un incremento del 0,25% para no elevar el potencial en la producción. Sin embargo, en su opinión, el principal problema del sector  no era el riesgo de más superficies o un aumento de la producción por  unos rendimientos elevados, sino la búsqueda de mercados y el pago de la uva por calidad.

Atendiendo a las demandas de algunas denominaciones de origen, Navarra solo tendrá autorizaciones para plantar 56 hectáreas, 314 Ribera del Duero y 387 Rioja. Además, en estas denominaciones de origen los consejos reguladores podrán poner igualmente restricciones a las autorizaciones de replantaciones, así como a la conversión de derechos de plantación.

En la parte contraria, desde la industria se defendía la libertad de plantaciones desde una posición de competitividad y no eliminar la posibilidad de que vinos en una zona determinada, con buenas salidas en los mercados, tengan capacidad para aumentar sus producciones.

En definitiva, en el mismo mercado se encuentran dos formas de ver el futuro de un sector, donde comparten espacio los vinos de calidad de producciones reducidas con otros de grandes rendimientos que provocan situaciones excedentarias y precios bajos y donde uno de los debates se centraría en el control o no de superficies o el de los rendimientos o los dos a la vez.

Mantener el potencial productivo del vino ha sido uno de los objetivos en los últimos años de Bruselas. Para ello, puso en marcha desde 2008 varios programas de arranque y de reestructuración con importantes ayudas comunitarias de las que España fue uno de los principales perceptores. Bruselas subvencionó el arranque de 175.000 hectáreas en aras de reducir el potencial productivo, de las que 95.000 correspondieron a las peticiones de los viticultores españoles. De acuerdo con los programas de reestructuración y reconversión, España actuó sobre unas 300.000 hectáreas desde 2008 con  ayudas por un importe de unos 1.700 millones de euros. Esas políticas supusieron reducir la superficie de cultivo de 1.150.000 a la actual de 958.000 hectáreas. Sin embargo, a la Comisión Europea le salió el tiro por la culata porque España, lejos de reducir la producción, aumentó la misma desde una media de 37 a unos 43 millones de hectolitros, mejorando estructuras, con nuevas plantaciones en espaldera o variedades de alto rendimiento, lo que intensificado la existencia de dos mundos en el mismo sector.

Un segundo debate sería el de los rendimientos. Hoy, mientras una serie de consejos reguladores mantienen sus políticas de limitar producciones por hectárea para proteger sus mercados y calidades, en la mayor parte  se impone la política de libertad o de elevados rendimientos, como en las zonas  libres de todo tipo de denominación, sin que por parte de las bodegas, en su mayor parte cooperativas, se exijan unas políticas de precios ligadas a la calidad.

En esta coyuntura, causa cierta sorpresa que se haya centrado el debate por temor a los excedentes y los bajos precios en las nuevas autorizaciones para las plantaciones de viñedo y que, sin embargo, no se hayan tratado de poner en marcha en los últimos tiempos mecanismos para limitar los rendimientos que han dado lugar a la crisis de precios en la que vive parte importante de los viticultores desde hace varias campañas en las principales zonas de producción.

El vino, frente a esa imagen de sector de éxito en producciones y su liderazgo mundial en exportaciones con más de 23 millones de hectolitros, sufre día a día la caída de la demanda interior hasta solo 10 millones de hectolitros y, año tras año, solamente supera sus ventas en el exterior vía bajadas de los precios fundamentalmente de los graneles, que suponen más del 50% de todas las operaciones.

Por parte de analistas del sector, como Rafael del Rey, responsable del Observatorio Español de los Mercados del Vino, se considera que, en lo que afecta a las producciones, al margen de los debates sobre superficies o rendimientos, lo importante sería que cada viticultor tuviera una idea clara de su objetivo a la hora de producir sus uvas, si quiere lograr vinos de calidad o con calidad inferior, lograr producciones para su destino a la elaboración de mostos o simplemente para hacer alcohol. En lo que afecta al exterior, el cambio progresivo del actual modelo dominado por graneles baratos es un objetivo inaplazable, aunque es un cambio de estrategia que no se puede lograr de un día para otro.

Junto a superficies y rendimientos, el sector del vino ha sido igualmente en las últimas semanas punto de debate sobre la política y el funcionamiento de los consejos reguladores bajo la acusación de haber desarrollado simplemente políticas de control del origen, pero no para impulsar otras de calidad diferenciada.

El debate no es nuevo, aunque tomó forma en Rioja ante la decisión de la bodega Artadi, en la zona alavesa, de salir de ese Consejo Regulador por considerar que la estrategia desarrollada por las grandes bodegas en esa Denominación no tenía nada que ver con la política de calidad seguida por las bodegas más pequeñas en tierras alavesas y que debería existir una política de mayor diferenciación. Se trataba de una vía impulsada inicialmente por una bodega, a la que más tarde se sumaron apoyos políticos en el País Vasco. Mala estrategia cuando solo se hablaba de un tema puramente de calidad.

Es probable que por parte de algunos consejos reguladores no se haya actuado o se actúe con una clara apuesta por una mayor diferenciación de la calidad. Pero la realidad es que si una bodega se considera que tiene argumentos para presentarse con una calidad superior al margen de la imagen de esos grandes grupos, la normativa actual le permite aspirar a clasificaciones diferenciadas como vinos de pago sin necesidad de acusar al resto de hacer vinos de calidad inferior.

Todo ello confirma que el vino, con sus debates, es un sector vivo.

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14/05/2014

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