Muchas dudas aún sobre la certificación de la agricultura de carbono

Ricardo Migueláñez. @Rmiguelanez

La propuesta reglamentaria para establecer un marco relativo a la certificación de la eliminación de dióxido de carbono (CO2) en agricultura crea, por el momento, muchas más dudas que certidumbres en el propio sector.

Aunque la intención de la Comisión Europea es armonizar y estructurar este sistema, muy diluido por la multitud de iniciativas locales con modelos y enfoques distintos, resulta todavía bastante difícil hacerse una idea clara de lo que se pretende llevar a cabo al respecto.

Para empezar, el COPA-Cogeca, la organización de productores agrícolas europeos y de sus cooperativas, lamenta que la definición de las prácticas agrícolas de captura del carbono sea tan restrictiva y excluya de su ámbito de aplicación todas las actividades de mitigación.

La agricultura del carbono es un asunto que se viene debatiendo en el sector desde hace muchos años y, aunque se reconoce que no es ni la panacea universal, ni la fórmula mágica de que puede aplicarse de manera uniforme en todas partes, sí se trata de una opción pragmática con la que lograr resultados concretos sobre el terreno. Pero, claro, todo depende.

Como decimos, uno de los puntos más problemáticos para el sector agrario en esta fase inicial está en la propia definición de la “agricultura del carbono”, puesto que la CE solo considera una fracción ínfima de las prácticas agrícolas que conllevan una reducción de las emisiones.

Por ahí ya vamos mal. Solo la “eliminación neta de gases de efecto invernadero (GEI) puede optar a la certificación, mientras que las prácticas de mitigación de emisiones, que ya están llevando o podrían llevar a cabo los agricultores y sus cooperativas no están incluidas.” Este marco tan estrecho no permitiría explotar todo el potencial de mitigación de la agricultura del carbono.

Prácticas como la inclusión de aditivos para piensos, la concepción de instalaciones con emisiones reducidas o el uso de fertilizantes de precisión generan un impacto real a la hora de limitar las emisiones de gases contaminantes, por lo que “resulta difícil entender por qué tales prácticas, que suponen un coste real para los agricultores, no tienen cabida en el ámbito de la aplicación final de la certificación”, según el COPA-Cogeca. Eso sin considerar que el propio sistema de acreditación previsto conlleva ya una carga administrativa excesiva.

Por ello, demandan tanto al Consejo como al Parlamento Europeo que aborden esta cuestión para simplificar los regímenes e introducir más pragmatismo y ayudas, con el que fin de que un gran número de agricultores puedan participar en el sistema de absorción de emisiones de CO2 y que la agricultura del carbono pueda tener éxito, es decir, cumpla sus objetivos.

Riesgos

Con todo, la  intención de la Comisión Europea de seguir un planteamiento orientado al mercado para incentivar y estructurar la absorción y/o eliminación del carbono agrícola plantea sus riesgos.

En un primer momento, deberían tener en cuenta todos los esfuerzos que ya se han venido realizando en las explotaciones agrarias para reducir las emisiones. Pero, a la vez, orientar los incentivos al funcionamiento de un mercado de derechos de emisión puede traer consigo un acaparamiento de tierras, que tenga más que ver con ese objetivo de reducción, pero sin considerar o dejando en un segundo plano la producción de alimentos.

La  CE adoptó ya el pasado 30 de noviembre una propuesta sobre el Primer Marco Voluntario a escala de la UE para certificar de forma fiable las eliminaciones de dióxido de carbono, mediante el impulso de tecnologías innovadoras y de soluciones sostenibles de captura en suelos agrícolas con las que contribuir a los objetivos en materia, medioambiente y contaminación cero. Su fin central es mejorar significativamente la capacidad de la UE para cuantificar, supervisar y verificar las eliminaciones de CO2.

No obstante, los detalles sobre cómo podrá implementarse este dispositivo no podrán conocerse realmente hasta que un grupo de 70 expertos concluya su trabajo de elaboración de métodos de certificación para los distintos tipos de actividades de absorción del carbono, entre ellos la agrícola y la forestal.

La primera reunión de este grupo está prevista para el primer trimestre de 2023 y el COPA-Cogeca teme que las muchas dudas y los aspectos más concretos del marco general se vayan a poner en marcha mediante actos delegados.

Prioridades

Desde el Comité Europeo de las Regiones (CDR) se emitió recientemente un dictamen sobre “Estrategias regionales de adaptación para lograr una agricultura con bajas emisiones de carbono”, en el que su ponente Loig Chesnais-Girard (PSOE/Francia) señala que “la prioridad de la agricultura debe seguir siendo alimentar a la ciudadanía europea, por lo que la propuesta de la Comisión Europea de establecer un sistema de certificación del carbono, en particular para el sector agrícola, debe regularse y alinearse con la PAC.”

Por este motivo, añadió, ”los entes locales y las regiones son las mejor situadas para aglutinar proyectos y garantizar que la captura de carbono en suelos agrícolas beneficie primordialmente al sector agroalimentario, no favoreciendo el blanqueo ecológico (“greenwhasing”) de otros sectores que no hagan suficientes esfuerzos por reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero.

Por eso, deben ocupar un lugar central a la hora de gestionar esta certificación para apoyar el desarrollo de proyectos adaptados a las necesidades locales, que están en consonancia con las estrategias agrícolas y rurales de las regiones.

El ponente francés aboga por adoptar un enfoque basado en prácticas agrícolas reconocidas para aumentar y mantener el contenido de carbono en los suelos -lo que contribuiría al mismo tiempo a proteger la biodiversidad-, en lugar de un enfoque basado únicamente en los resultados.

Además, añade, “es preciso apoyar a los agricultores para reducir todos los gases de efecto invernadero (amoniaco, metano, partículas…etc.), sin centrarse únicamente en el dióxido de carbono (CO2). Es decir, el nuevo sistema de certificación debe tener en cuenta todas las emisiones de GEI de las explotaciones agrícolas e integrar una sólida dimensión social, medioambiental y económica pues, de lo contrario, existe el riesgo de obstaculizar la seguridad alimentaria de la Unión Europea.”

Acaparamiento de tierras

En concreto, en lo referido al sistema de certificación de carbono de la UE, el dictamen del CDR señala que debe regularse desde el principio. De lo contraría podría dar lugar a una “financierización” y al acaparamiento de tierras para cumplir con las exigencias de reducción de GEI en otros sectores que no son capaces o no les sale rentable cumplir en este ámbito.

En este contexto, un aumento de la demanda y del precio de los créditos de carbono podría contribuir a una fiebre en la compra de tierras o a especular con este insumo por parte de los inversores que busquen poner en marcha prácticas de agricultura del carbono, con el fin principal de beneficiarse, más que del resultado de la producción de alimentos, de los ingresos de esos créditos, lo que a su vez podría disparar su precio.

El cambio de uso de la tierra por estos mismos motivos, indica el CDR, corre el riesgo también de afectar a la producción global de alimentos de la UE y, en este sentido, el nuevo sistema no debe penalizar a los pequeños agricultores, ni a aquellos que ya han integrado en su trabajo prácticas de mitigación, reducción y almacenamiento de gases de efecto invernadero.

El Comité Europeo de las Regiones apuesta, por tanto, por un sistema coherente, transparente y seguro que garantice la fiabilidad de los créditos concedidos al sector agrario, con un marco de seguimiento y evaluación de la certificación que sea fiable y accesible, y que no genere costes de administración y control desproporcionados.

Preocupa que el modelo económico previsto de certificación de las absorciones de carbono agrícola, previsto para impulsar y desarrollar una agricultura baja en carbono, se base en la venta de créditos en los mercados voluntarios de carbono. Algo que así sin más se considera bastante arriesgado, como hemos ya señalado.

Los criterios que establece la CE en su propuesta son para el CDR demasiado vagos y apenas hace distinción, por ejemplo, entre la captación  natural y la captación industrial de carbono, sin garantías para evitar o excluir el uso de sistemas de “blanqueo ecológico”.

Por último, una cuestión que también preocupa es si la certificación de las absorciones de carbono en agricultura competirá o no con el régimen de ayudas de la nueva PAC, provocando en su caso una doble financiación, ya que ciertas obligaciones para que los agricultores o ganaderos reciban apoyo por sus prácticas bajas en carbono o de reducción o eliminación de emisiones serían similares.

Parece claro que solo con el actual apoyo de la PAC puede ser insuficiente para que los agricultores impulsen la agricultura del carbono, pero es cierto también que, por ahora, es imposible conocer qué importes adicionales recibirían por los créditos de la certificación de sus explotaciones agrarias.