Restauración y hostelería lamentan las decisiones del gobierno

Redacción Qcom.es

Marcas de Restauración y Hostelería de España, principales representantes de los empresarios de la restauración nacional lamentan que el Gobierno siga ignorando la grave situación por la que atraviesa el sector, cuyas reclamaciones han sido excluidas en el Real Decreto-ley 15/2020 de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo, aprobado el 21 de abril.

No parece que la mejor manera de apoyar al empleo y a la economía sea no regular adecuadamente en el sector la suspensión y acomodación de los alquileres de locales comerciales a las circunstancias excepcionales provocadas por la crisis del Covid-19, tal y como hemos solicitado en reiteradas ocasiones.  En vez de adoptar medidas de ayuda solidarias y de justa equidad económica como han hecho países de nuestro entorno (Francia, Italia o Alemania), el Gobierno deja desasistido al colectivo que compone el tejido empresarial del país.

Instamos una vez más al Gobierno a adoptar medidas que supongan un alivio en las cargas económicas a las que deben hacer frente los hosteleros durante el cierre por fuerza mayor de sus negocios, como es la exoneración del pago del alquiler y su adecuación a las circunstancias a corto plazo. Según un estudio de Bain y EY, los negocios de restauración tienen que hacer frente durante su cese de actividad a gastos fijos de entre 6 y 16 mil millones de euros, lo que supone un compromiso inasumible para los más de 270.000 bares, restaurantes y cafeterías que conforman el sector.

En este escenario de incertidumbre y crisis profunda, la suspensión y acomodación proporcional de la renta de los alquileres a las ventas, nulas en este momento y muy restringidas en un futuro próximo, es de especial necesidad para un sector de frágil estructura financiera y sin la capacidad de resistencia de otros sectores.

La simple moratoria del pago de los alquileres aprobada el pasado 21 de abril, lejos de despejar las amenazas que se ciernen sobre miles de pequeñas empresas, sólo hace aplazar unos meses la condena al cierre obligado. No es descabellado afirmar que si no se implementan las medidas que reclamamos, un 15% de las todas las empresas están abocadas a la desaparición, lo que supone más de 40.000 pequeñas y medianas empresas. No será más que la propia Administración del Estado por su gestión en esta crisis la responsable directa de dicha situación, planteada bien por su inacción o por medidas claramente deficientes en su planteamiento básico.