En el marco de su función de promoción de la competencia, la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha hecho público un Informe en el que analiza las relaciones entre fabricantes y distribuidores de productos alimentarios en términos de su poder de negociación relativo, y los efectos que ello tiene sobre el funcionamiento del sector alimentario.
Durante los últimos años, siguiendo una tendencia similar a la experimentada en otros países, la distribución alimentaria en España ha experimentado una transformación considerable, que ha venido acompañada de un aumento del poder de negociación de los distribuidores frente a sus proveedores a raíz de diversos factores, entre los que cabe destacar el aumento de la concentración y el fuerte desarrollo de la marca del distribuidor. Caracteriza al modelo español, también, el creciente protagonismo de los supermercados medianos y grandes frente a otros formatos comerciales.
A pesar de que en el corto plazo el mayor poder de negociación de los distribuidores puede tener un impacto positivo sobre el bienestar si existe un grado suficiente de competencia entre distribuidores, en el medio y largo plazo puede tener un efecto negativo sobre la competencia entre fabricantes y entre distribuidores y contribuir a ralentizar el ritmo de innovación en la industria alimentaria, efectos que, en caso de materializarse, pueden sobrepasar el impacto positivo inicial.
El Informe considera que en España existen varios factores que aumentan el riesgo de que en largo plazo el mayor poder de negociación de los distribuidores tenga un efecto negativo en términos de competencia y bienestar.
En segundo lugar, la CNC considera necesario establecer los mecanismos adecuados para facilitar el conocimiento exacto de las características y grado de incidencia de las prácticas comerciales en la distribución que pueden afectar negativamente a la competencia y al funcionamiento eficiente del mercado, y promover determinadas medidas encaminadas a limitar los efectos nocivos de prácticas comerciales concretas.
Finalmente, el Informe advierte contra el riesgo de ruptura del mercado interior derivado de la proliferación de regulaciones y códigos de conducta diferentes entre las Comunidades Autónomas para el tratamiento de determinadas prácticas comerciales, lo que puede reducir la intensidad de la competencia y restar eficiencia y competitividad al sector alimentario español, instando a las Administraciones públicas a tener en cuenta los criterios de competencia en estas actuaciones.
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