El sector escenifica su compromiso con las buenas prácticas mercantiles

Redacción Qcom.es

Este martes ha tenido lugar en Madrid el acto de adhesión de empresas al Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la Contratación Alimentaria, un sistema de autorregulación que establece los compromisos generales a asumir por los operadores en los contratos y los acuerdos comerciales, y al que ya se han sumado 78 entidades.

La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, que ha presidido el acto en la sede del MAPAMA, ha defendido que el Código va a significar un “paso decisivo para incrementar la eficiencia del sector agroalimentario español, en un marco de seguridad basado en el interés mutuo”.  

En su intervención, García Tejerina destacó el esfuerzo de las asociaciones representativas de los agricultores, las cooperativas, las industrias y la distribución alimentaria para poner en marcha este Código. En particular, la ministra ha reconocido la decisión de adherirse a un Código voluntario y el trabajo necesario para su puesta en marcha.

Principios básicos

Según ha señalado García Tejerina, el Código de Buenas Prácticas Mercantiles establece una serie de principios básicos en las relaciones comerciales, como son el equilibrio y la justa reciprocidad entre las partes, la libertad de pactos, la buena fe, la equitativa distribución de riesgos y responsabilidades, la cooperación y la transparencia, así como el respeto a la libre competencia y la sostenibilidad de la cadena alimentaria.

Estos principios, ha apuntado la ministra, “son los pilares necesarios para que la cadena alcance un mayor equilibrio entre los distintos eslabones, y que contribuya a que contemos con un sector fuerte y cada vez más competitivo”.

Además de los compromisos generales, el Código aborda las prácticas en relación a aspectos clave, como la negociación, la gestión, la innovación y la información. Asimismo, incluye compromisos adicionales relacionados con la garantía de la calidad de los productos, la reducción de los desperdicios alimentarios y el refuerzo de la cooperación ante situaciones de crisis de mercado.

En este marco, la ministra ha precisado que también se establece un sistema de resolución de conflictos, que obliga a las empresas adheridas a diseñar un procedimiento interno para su resolución.