22 DE diciembre DE 2021
Ricardo Migueláñez. @Rmiguelanez
Los ministros de Agricultura aprobaron en el último Consejo del año las conclusiones para llevar a cabo un Plan de contingencia para la protección del sistema de suministro de alimentos y la seguridad alimentaria de la Unión Europea contra futuras amenazas.
Un plan que había sido presentado por la CE poco más de un mes antes y que forma parte de las iniciativas a adoptar en la Estrategia “De la granja a la mesa”, junto con otras, como la intención de proponer una legislación marco sobre sistemas alimentarios sostenibles antes de finales de 2023.
En su Comunicación, Bruselas reconoce que la UE se beneficia de sistemas alimentarios diversificados, de un marco político de apoyo, de un mercado único que conecta a cerca de 450 millones de habitantes y de una economía abierta al resto del mundo. Sin embargo, reconoce que, en un panorama de riesgos cambiante, tras la “llamada de atención de la crisis de la COVID-19”, el nivel de preparación puede y debe intensificarse.
La CE añade, que “no hay una solución fácilmente disponible para hacer frente a una crisis futura e impredecible y la mejor es incrementar el conocimiento y mitigar en la medida de lo posible las vulnerabilidades y los riesgos, así como crear y mantener la capacidad procedimental para responder de manera rápida, coordinada y cooperativa, basándose en una combinación de políticas de la UE, que apoyen la resiliencia del sistema y proporcionen herramientas de gestión de crisis.”
Dentro del nuevo panorama de riesgos, la cadena alimentaria de la UE tiene que hacer frente a algunas de estas dependencias y vulnerabilidades como, por ejemplo, que el 76% de las harinas de semillas oleaginosas para la fabricación de pienso en la UE son importadas. Lo mismo que en el sector pesquero, donde existe un alto grado de dependencia de las importaciones, con un grado de autoabastecimiento que apenas es del 14% para las cinco principales especies consumidas.
En el caso de algunos productos importados, la UE depende de un número limitado de fuentes. Así, la producción de soja se concentra en gran medida en tres países, que representan el 85% de las importaciones de la UE y las importaciones de maíz proceden principalmente de dos países no pertenecientes a la UE.
Otros insumos, como fertilizantes o productos químicos proceden de unos pocos países vecinos y muchos aditivos para piensos y alimentos, como aminoácidos, vitaminas y productos veterinarios se importan en su mayor parte, en algunos casos desde un único país proveedor.
En la práctica, estamos ante un Plan que debería ayudar a la UE a hacer frente a una serie de desafíos a los que podría tener que enfrentarse, como son los fenómenos meteorológicos adversos, la escasez de insumos claves o graves problemas de sanidad animal y vegetal.
La intención de Bruselas es tratar de intensificar la coordinación entre los Estados miembros para garantizar que los ciudadanos no tengan que hacer frente a la escasez de alimentos durante la crisis, reconociendo la resiliencia general y el papel clave que tuvo la cadena de suministro de alimentos de la UE (sectores agrícola, pesquero, acuícola y alimentario) en el periodo más álgido de la pandemia, pero identificando también las deficiencias existentes y proponiendo mejoras.
Mecanismo de Respuesta
Estas mejoras deben dar respuesta, según la CE, a las crecientes repercusiones del cambio climático y la degradación del medio ambiente en la producción de alimentos, así como a los riesgos relacionados con la salud pública, las amenazas cibernéticas o los cambios geopolíticos que amenazan el funcionamiento de la cadena alimentaria.
El Consejo Europeo dio su visto bueno, como era de esperar, al citado plan de contingencia, pero unos cuantos Estados miembros avisaron a la Comisión Europea de que debe respetar el principio de subsidiariedad -margen de maniobra nacional para su aplicación- y tener en cuenta las especificidades de cada país cuando se trate de organizar y adoptar medidas de urgencia desde el nuevo Mecanismo Europeo Permanente de Preparación y Respuesta ante las Crisis de Seguridad Alimentaria (EFSCM en sus siglas en inglés o MEPRCSA).
El MEPRCSA es un instrumento creado por Decisión de la CE el pasado 12 de noviembre, que está formado por un grupo de expertos en la cadena alimentaria y coordinado por la propia Comisión, para el intercambio de datos y prácticas, y para reforzar la coordinación con el fin, entre otras cosas, de evitar que se impida el movimiento continuo de personas, bienes y servicios a través de las fronteras. Algo que los Estados miembros consideran que debe mantenerse incluso en situaciones de crisis.
Estamos, por tanto, ante un dispositivo diseñado para asegurar una mejor coordinación de la respuesta a la crisis de la cadena de suministro de alimentos, que congregará con un mismo fin a la Comisión Europea, a los Estados miembros, a países no pertenecientes a la UE pertinentes, así como a las organizaciones de partes interesadas.
A tales efectos, la Comisión adoptó una Comunicación, en la que ya se describían las medidas a adoptar en caso de que fuese necesario poner en marcha un plan de contingencia para garantizar la seguridad alimentaria en Europa, y que incluye la activación urgente del MEPRCSA para que implemente cuanto antes el Plan de contingencia si se produce alguna crisis.
Este grupo de expertos se reunirá periódicamente y, en caso de crisis, en un plazo muy breve y con tanto frecuencia como sea necesario, centrándose en actividades específicas y en una serie de acciones, que deberán completarse entre mitad de 2022 y 2024.
Entre éstas, por ejemplo, la prospectiva, evaluación de riesgos, pruebas de resistencia y seguimiento mediante un mejor uso de los datos disponibles (incluidos los relativos a las condiciones meteorológicas, clima y los mercados); un análisis más detallado de las vulnerabilidades y de los aspectos críticos de la cadena de suministro de alimentos.
También llevarán a cabo la coordinación, cooperación y comunicación, mediante la puesta en común de la información disponible, las buenas prácticas y los planes de contingencia nacional, así como la elaboración de recomendaciones para hacer frente a las crisis y la coordinación y cooperación con la comunidad internacional.
La primera reunión del mecanismo europeo, MEPRCSA, está prevista para el primer trimestre de este 2022. Su funcionamiento, según el comisario de Agricultura, Januzs Wojciechowski, se hará a partir de sinergias con otros mecanismos de preparación existentes en otros sectores, en la UE y en cada Estado miembro, puesto que “no tenemos intención de reinventar la rueda o de aumentar la carga administrativa”, añadiendo que se continuarán utilizando los instrumentos de respuesta a las crisis que ya contempla la PAC y se tendrán en cuenta, a la hora de fijar las vulnerabilidades del sistema alimentario europeo, las características y particularidades de las zonas alejadas, las islas, las montañas o los territorios ultra-periféricos.
Los 27 apoyaron la creación de este mecanismo permanente de supervisión ante las amenazas a la seguridad alimentaria y vieron necesario también fortalecer y aprovechar las herramientas existentes, tanto en la PAC, como en la Política Pesquera Común (PPC) u otras, para abordar las cuestiones de seguridad alimentaria, en lugar de superponerlas.
Estimaron necesario también que exista una comunicación fluida y eficaz con las partes interesadas (en el sector privado, por ejemplo, agricultores, pescadores, acuicultores, transformadores de alimentos, comerciantes y minoristas, así como transportistas y responsables de logística) y el público en general para combatir la desinformación y mantener la confianza del público.
¿Qué soluciones?
A pesar de que el Plan de contingencia de la CE y sus análisis en materia de seguridad alimentaria son apoyados tanto por la mayoría de los Estados miembros, como por el sector agrario y agroalimentario, sin embargo, no queda muy claro cuáles son las soluciones o las medidas que adoptaría la Comisión Europea en el marco en la Estrategia “De la granja a la mesa” para afrontar las vulnerabilidades de la producción y de los mercados, así como la dependencia europeas en caso de riesgo crítico de desabastecimiento coyuntural o temporal de alimentos.
Desde el COPA-Cogeca se comparte el análisis de Bruselas sobre la pertinencia de las medias puestas en marcha a nivel europeo durante la pandemia de Covid-19. Entre ellas, por ejemplo, el suministro de alimentos como actividad esencial, las directrices sobre los “carriles verdes” para el transporte de alimentos, los trabajadores transfronterizos y estacionales del sector agroalimentario como trabajadores esenciales, el marco temporal de las ayudas estatales, etc.
También ven necesaria una coordinación nacional y europea, a través del MEPRCSA, para estar preparados y tomar cartas en el asunto de forma oportuna y con la debida preparación en caso de que suceda una crisis imprevisible para evitar, por ejemplo, la desinformación y la aplicación sin más de medidas nacionales, que perturbarían el mercado único y agravaría la presión sobre la cadena alimentaria.
En cambio, aunque la Comisión hace referencia en su Comunicación a las oportunidades vinculadas a la Estrategia “De la Granja a la Mesa”, no parece tener en cuenta los riesgos y las tensiones que la misma puede causar, según el COPA-Cogeca, que defiende los intereses de los agricultores profesionales y de sus cooperativas en la UE.
Esta organización recalca que ya, en los primeros estudios sobre el posible impacto de la Estrategia “De la granja a la mesa”, aún pendientes de completarse, se muestran con claridad una serie de tendencias que apuntan a una disminución del potencial de la producción comunitaria y a una mayor dependencia de las importaciones, debido a las trabas y a los severos recortes planteados en el uso de insumos y, en muchos casos, de la falta de alternativas viables que puedan sustituirlos.
¿Tiene en cuenta la Comisión Europea esas vulnerabilidades cuando se refiere a su intención de garantizar el abastecimiento de alimentos? o, acaso, ¿es consciente de que la aplicación más o menos a rajatabla de lo exigido en esa estrategia –drástica reducción del consumo de fitosanitarios y fertilizantes, del uso de antibióticos y mayores porcentajes de tierras no productivas de aquí a 2030- podría acarrear un riesgo de desabastecimiento en algunos alimentos; de hacernos más dependientes de productos importados, y llevarnos a perder mercados en el exterior?
Ante esto, el COPA-Cogeca reclama a la Comisión, al igual que hizo en su día el Parlamento Europeo, que presente un estudio de impacto preciso sobre los efectos a corto, medio y largo plazo de la estrategia “De la granja a la mesa” en los diferentes sectores productivos, especialmente teniendo en cuenta que es la propia institución comunitaria la que ahora identifica la existencia de determinados riesgos en su Plan de Contingencia.
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