'Este Ministerio ha olvidado todo lo concerniente a la regulación'

Entrevista a Andrés del Campo. Presidente de FENACORE

En unos años marcados por los fenómenos climatológicos extremos tales como sequías e inundaciones, y celebrada la jornada “Directivas y Gobernanza del Agua” en el marco de la Feria Internacional para la Gestión Eficiente del Agua, Efiaqua, hemos querido entrevistar a Andrés del Campo, presidente de FENACORE para que nos hable sobre la situación actual que vive la regulación del agua en nuestro país.

Qcom.es.- Partiendo de que el agua es un bien común, ¿por qué es tan complicado llevar adelante algo tan necesario como un proceso de planificación hidrológica?

Andrés del Campo.- El problema es que hay 17 legislaciones de agua. Prácticamente cada Comunidad Autónoma tiene su propia legislación y otras la están preparando, y con tantos diferentes criterios es un problema a la hora de hacer una planificación nacional y poner a todo el mundo de acuerdo, por eso muchas veces se retrasan los planes.

En este sentido, las CC.AA están teniendo cada vez más competencias sobre el agua y pretenden cada vez tener más, incluso hasta en cuencas intercomunitarias que son las que dependen de la administración central y eso dificulta la planificación por una razón sencilla, porque el interés que se persigue ya no es el interés general o el bien común, sino el interés localista.

Q.- ¿Cree que se está gestionando el agua por encima de las posibilidades reales?

A.C.- Desde siempre las CC.AA. han presionado a la administración central porque el agua es desarrollo del territorio, sobre todo a nivel municipal y todos quieren regar lo máximo posible porque es riqueza para la zona, y presionan muchas veces a las confederaciones y, a veces, se concede un agua con la mejor voluntad pero que no existe realmente.

En años de mucha pluviometría sí puede haber agua disponible para todos, pero en otros, la mayoría de ellos, no la hay. Por eso a veces hay más agua concedida que la que realmente existe, y todo eso ocasiona conflictos. Ahora a la hora de revisar la planificación, lo importante es que se tenga en cuenta el agua realmente existente, con las limitaciones que puede haber en cada cuenca, tanto por el clima como cualquier otro factor.

Q.- ¿Debería ser el agua una cuestión de Estado?

A.C.- Es lo que dice la legislación española. Las cuencas intercomunitarias, que son aquellas que discurren por varias comunidades autónomas, y es en lo que nosotros insistimos, dependen de la administración central. Tiene que ser gestionada por una administración que ponga orden y persiga el interés común, que se ponga de acuerdo con las CC.AA. y con los usuarios, pero que a la hora de la verdad las decisiones las tome la administración.

Nosotros somos partidarios de que la gestión del agua corresponda a una autoridad responsable que negocie con las CC.AA. lo que sea negociable pero que a la hora de la verdad imponga la aplicación de la ley y gestione las cuencas como se debe.

Q.- Hablamos de unir a España por el agua, pero ¿cómo se encuentra España en relación a otros países de la Unión Europea?

A.C.- Si hablamos de masas de agua, España dispone de más del 56% en buen estado, mientras que en Alemania sólo llegan al 8% y en Holanda, que nos está causando tantos problemas por sus exigencias medioambientales, apenas llega al 0,6%. Tenemos que ir con la cabeza bien alta por la gestión del agua que se hace en nuestras cuencas hidrográficas, ahora que tanto se critica injustamente a las confederaciones. En la modernización de regadíos ocurre lo mismo. El 75% de nuestros regadíos ya están modernizados, un porcentaje del que también nos podemos sentir orgullosos.

En el caso del uso agrícola los españoles pagamos bastante más que la mayor parte de los países de Europa, porque asumimos casi todos los costes relacionados con el agua, de acuerdo a nuestra legislación vigente. Crear un nuevo impuesto medioambiental no tiene sentido porque ya asumimos los costes derivados de la compensación ambiental de nuestras infraestructuras.

La realidad del sector agrícola es que los precios de nuestros productos son los mismos de hace 30 años para muchos de nuestros cultivos, que de no ser por la PAC no serían viables desde un punto de vista económico. Otro nuevo impuesto, como el ambiental, sólo tendría como consecuencia la disminución de la rentabilidad de la agricultura, que podría terminar implicando el abandono rural.

Q.- ¿Cómo debería llevarse a cabo una buena planificación hidrológica en nuestro país?

A.C.- La planificación hidrológica debería hacerse planteándose expectativas muy a largo plazo y con la participación de los verdaderos usuarios, que son los que sufrirían las consecuencias de cualquier tipo de déficit hídrico. Hay que priorizar el interés general de los ciudadanos mediante una distribución equitativa del agua para que continúe siendo un bien común, objetivo del dominio publico hidráulico, como reconoce nuestra legislación. Y es que los perjuicios y efectos colaterales de los enredos normativos que causa la excesiva descentralización ponen de manifiesto la urgente necesidad de llevar a cabo un nuevo Plan Hidrológico Nacional. Máxime teniendo en cuenta que las intromisiones legislativas y las presiones políticas de las comunidades autónomas son las principales dificultades para llevar adelante el necesario proceso de planificación hidrológica.

Las obras pendientes que se contemplan en los planes hidrológicos de las cuencas ya aprobados deben ejecutarse lo antes posible, porque aparecen en los Presupuestos Generales del Estado, pero no se hacen por la falta de dinero. Por lo tanto, permanecen los déficits de agua existentes en las correspondientes cuencas.

Y, por otro lado, hay que dedicar más recursos a la modernización de regadíos; ahora que nos queda en torno al 25% de la superficie regada por modernizar.

Y es que, ante la posibilidad de un cambio climático donde las lluvias van a tener un carácter torrencial, necesitamos esas obras de regulación como los embalses o los trasvases, porque van a retener esas aguas que provocarían inundaciones y podrán soltarla poco a poco para que no haga daño, al margen de permitir disponer de esa agua en épocas de sequía.

Este Ministerio prácticamente ha olvidado todo lo concerniente a la regulación. La ministra ha llegado a decir que España era un país maduro hidráulicamente y que había que buscar otras medidas. Nosotros decimos lo contrario, ya que los embalses y los trasvases van a ser vitales hasta el punto de que serán fundamentales para mitigar los efectos más adversos del cambio climático. Por eso, ahora más que nunca, seguirán siendo necesarios.

Q.- Se ha hablado de una subida del precio del agua pero sigue sin invertirse dinero de cara a ahorrar agua y energía, sobre todo en la agricultura, ¿cuál es la postura de Fenacore al respecto?

A.C.- Aunque todavía está en fase de elaboración, existe un Libro Verde que propone erróneamente una modificación del régimen económico-financiero del agua, cuando la legislación española ya está adaptada al principio de recuperación de costes que pide la normativa europea -la Directiva Marco de Agua (DMA)-, siendo simplemente necesario aplicarlo de forma correcta.

Lo cierto es que en España se recuperan alrededor del 80% de los costes financieros relacionados con el agua y cerca del 70% de los costes totales, lo que demuestra que efectivamente se cumple con la normativa europea, máxime cuando la Directiva Marco de Agua no exige recuperar el montante total, sino únicamente tener en cuenta el principio de recuperación de costes.

En concreto, en los planes hidrológicos habría que determinar qué precio deben pagar por el agua los usuarios y qué debe cargarse a los Presupuestos Generales del Estado, ya que los costes ambientales tienen que ser asumidos por la sociedad en su conjunto pues benefician a todos. En este sentido, si se incrementa la tributación del agua, se perjudicará todavía más la competitividad de un sector estratégico como es la agricultura, ya en clara desventaja por unos costes de producción desorbitados debido al fuerte encarecimiento de la factura eléctrica en los últimos años.

Las modificaciones planteadas en el borrador del Libro Verde muestran un desconocimiento de los aspectos básicos, pues la legislación actual promueve ya un uso eficiente del agua a través de la modernización de regadíos, siendo necesario impulsar el Plan Director de Regadíos orientado a modernizar las aproximadamente 800.000 hectáreas todavía pendientes, con el doble objetivo de ahorrar agua y energía.

Un trabajo de este relieve debería haberse encargado a un centro oficial reconocido internacionalmente y con experiencia como consultora oficial de la Administración del Agua como por ejemplo el CEDEX, en lugar de delegar las propuestas a las comunidades autónomas a través de foros territoriales, haciendo prevalecer el interés localista sobre el general, cuando el agua es competencia del Estado.

Mal encaminada iría la política del agua en España si se diseña sin tener en cuenta desde el minuto cero el criterio de los principales usuarios del agua, que son los regantes, y se le cede la responsabilidad a nuevas corrientes ecologistas que rayan el extremismo al defender que las cuencas no tienen déficits sino demasiada demanda y que para reducirla hay que incrementar las costes del agua.