INVAC defiende el sector tras la sentencia de Contador

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) ha condenado al ciclista Alberto Contador con dos años de suspensión por consumo de 'suplemento alimentario contaminado', quien en su día alegó que el positivo por clembuterol en el Tour de 2010 se debía al consumo de un filete de solomillo de carne de vacuno comprada en España y no por dopaje.

Desde la Interprofesional de la Carne de Vacuno Autóctono de Calidad (INVAC) creen que esta sentencia resalta la delicada y compleja situación que vive desde hace unos años un deporte, el ciclismo, que cuenta con un gran número de grandes profesionales y fervientes seguidores al verse teñido con un nuevo caso de dopaje. Sin embargo, sí suponen una defensa por parte del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) a un sector que en su día fue atacado de forma injustificada y directa: el del vacuno de carne español, del que viven directa o indirectamente más de 150.000 familias en España.

A través de este comunicado difundido por INVAC resalta que no es misión nuestra juzgar el posible positivo de Alberto Contador, pero sí defienden su voz para defenderse del ataque recibido y de la crítica a la producción de carne de vacuno, en España y en la Unión Europea, hecha por el señor Contador hace un año. Desde INVAC insisten en que el uso de clembuterol para el engorde de animales está prohibido en nuestro país y se contempla en nuestro código penal como un delito contra la salud pública.

Precisamente los productores nacionales de carne de vacuno pueden presumir de su esfuerzo, de la aplicación de directivas, reglamentos y normas para ofrecer al consumidor un alimento sano y seguro, sin este tipo de sustancias prohibidas. INVAC valora esta sentencia como un respaldo a un sector y a unos sistemas de control y trazabilidad bligatorios para todos los alimentos, en general, y para la carne de vacuno en particular, que suponen una verdadera herramienta de garantía para las administraciones y consumidores. Además, a la Interprofesional les queda la esperanza de que sirva como un elemento más de defensa para el trabajo que realiza el sector, junto con las administraciones, para garantizar a los consumidores que el producto adquirido en el punto de venta es un alimento que cumple con todos los estándares de calidad y, sobre todo, libre de sustancias prohibidas.