Pescanova se salva in extremis de la liquidación

Teresa Sánchez

Pescanova se salva y evita la liquidación. A falta tan sólo de dos días para que acabe el plazo dado por el juez para presentar las posibles ofertas de convenio de acreedores, Damm y la banca acreedora han alcanzado un principio de acuerdo para repartirse el control de la compañía. La cervecera catalana había presentado una primera propuesta junto a los fondos de inversión KKR, Luxempart y Ergon Capital, pero ha decidido ahora seguir en solitario y quedarse con un 49 por ciento del capital. Con ello se convierte no sólo en el socio industrial de la banca, sino también en el primer accionista de la multinacional gallega.

La participación que puedan tomar los bancos -los mayores acreedores son Sabadell, Banco Popular, Novagalicia y Caixabank- dependerá ahora de la deuda que decidan capitalizar. De momento, Damm y la banca han pactado ya una quita de entre el 65 y el 70 por ciento sobre los más de 4.200 millones de euros que debe Pescanova. Asimismo, realizarán una inyección de capital de algo más de 200 millones para poder atender los pagos y recapitalizar la empresa. La oferta definitiva deberá estar presentada antes de la tres de la tarde del próximo lunes, que es el tope fijado por el juez. Una vez cumplido este trámite, deberá ser aprobada en convenio de acreedores y posteriormente en junta de accionistas.

Por otro lado, la justicia está estrechando cada día que pasa un poco más el cerco en torno al expresidente de Pescanova, Manuel Fernández Sousa, acusado ante la Audiencia Nacional de varios delitos societarios tras haber llevado a la empresa a una situación de quiebra técnica, con una deuda de 4.200 millones de euros.

Según informan fuentes próximas a la investigación, la Fiscalía sospecha que Fernández Sousa podría haber utilizado hasta un centenar de sociedades a título individual que todavía no han podido ser detectadas.

El empresario ha reconocido de hecho en varias ocasiones que Pescanova contaba con un total de 200 sociedades en todo el mundo, pero el auditor sólo ha detectado hasta ahora 75 de ellas. Las fuentes consultadas explican que los primeros indicios apuntan a que Fernández de Sousa habría estado controlando el resto, aunque no se sabe aún si para esconder patrimonio o como soporte para el fraude contable en la multinacional gallega.

El juez Pablo Ruz, que instruye el caso, ha ordenado ya a la Udef, la Unidad de Delitos Económicos de la Policía, que siga investigando el patrimonio del empresario ante las sospechas cada vez más evidentes de un desvío de dinero.

De hecho, en un primer informe, la Udef ha informado ya que el mismo día en el que Fernández Sousa solicitó el preconcurso de acreedores de la compañía, el 1 de marzo del año pasado, se realizó una transferencia de 6 millones de euros desde una cuenta a nombre de la empresa en favor de Kiwi, una sociedad mercantil suya.

Sousa ha alegado que este dinero obedecía a la devolución de un préstamo que había concedido días antes a la compañía, aunque ni la Udef ni Deloitte, el administrador concursal, tienen constancia del mismo.

En medio de todo este proceso, el expresidente de Pescanova reclama además a la compañía gallega 9,3 millones de euros, lo que le convierte en uno de los diez mayores acreedores no bancarios de la empresa, por otro préstamo, que además trató de ocultar.

El empresario gallego, que está imputado ya por falseamiento de información económico financiera, falseamiento de cuentas, estafa y uso de información relevante, podría ser acusado igualmente de alzamiento de bienes, según un auto dictado por la Audiencia Nacional el pasado 6 de septiembre tras descubrirse que estaba intentando evadir 5,2 millones de dólares (4 millones de euros) a China, después de haber recibido la transferencia de 6 millones.

Antes de presentar en marzo el preconcurso de acreedores, Fernández de Sousa vendió un 7 por ciento de la compañía -redujo su participación hasta el 7,4 por ciento- sin comunicarlo a la CNMV, tal y como establece la Ley del Mercado de Valores y ocultándoselo además al consejo de administración para mantener la mayoría en el mismo. Por aquella operación, que se realizó en varias fases, se embolsó 32 millones de euros.

El expresidente alegó ya entonces que había hecho un préstamo de más de 9 millones a la compañía, de la que ahora se declara acreedor, y que aunque había sufrido con ello fuertes pérdidas lo había hecho para "poner su patrimonio a disposición de la sociedad, con el fin de resolver los urgentes problemas de liquidez". Entonces no dijo nada de este nuevo préstamo de 6 millones por el que ahora se le está investigando