Unos 80 representantes de las DOP, IGP y ETG, de todas las regiones españolas, se reunieron en Segovia para debatir sobre el "paquete de calidad alimentaria", en un Seminario organizado por la Oficina del Parlamento Europeo en España. Asistieron representantes del Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Consejo de la UE (Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino), así como de la CCAA de Castilla y León y el Ayuntamiento de Segovia.
Tal como se adelantó la pasada semana a cerca de esta jornada, a continuación se presentan las conclusiones finales del intenso debate que tuvo lugar.
Necesidad de crear un sistema con información más clara para el consumidor
En general, hay gran coincidencia entre el sector y los representantes de la Unión Europea sobre la necesidad de aprovechar esta nueva regulación para crear un sistema con información más clara para el consumidor. La confusión o el desconocimiento del ciudadano son una dificultad a la hora de hacer rentable esas producciones de calidad y conseguir vender con éxito esos alimentos.
En este sentido, consideran que hace falta un régimen más simple y más racionalidad cuando se diseñan sellos de calidad, para evitar que se multipliquen etiquetas que confunden al consumidor.
Las eurodiputadas admitieron que hay que buscar equilibrios a la hora de proteger las DOP e IGP y de conseguir que los esquemas de etiquetado sean compatibles con otros. En ese sentido abogaron por una mayor educación del consumidor para dar valor a estas enseñas.
En el debate también se habló de la conveniencia de especificar cómo funcionarían, por un lado, el distintivo voluntario para los "productos de montaña" y por otro, los términos que se barajan para designar un producto destinado a la venta directa o local.
Las DOP y las IGP reclaman una mayor protección
Las DOP y las IGP están especialmente preocupadas por la competencia de otros distintivos de alimentos, tanto privados como aquellos sellos amparados o promovidos por Administraciones públicas, como puede ser el caso de marcas regionales (en España distintivos promovidos por Gobiernos autonómicos). Reclaman más protección de las distintas Administraciones, porque no se ven lo suficientemente amparadas y sienten que deben cumplir requisitos más estrictos que cualquier otro tipo de marca.
También piden apoyo ante la competencia de productos importados de países terceros, obtenidos con menos exigencias de calidad. Por ejemplo, las DOP de pimentón citan el caso de las importaciones de productos similares de Asia que las industrias compran barato, como ingredientes, porque su proceso de producción cumple menos estándares de calidad.
Otra idea es un mayor control del logotipo.
Más apoyo financiero
Hace falta más apoyo a medidas de promoción, comunicación y divulgación del sistema de calidad de DOP, IGP y ETG. Para ello es necesario un presupuesto adecuado.
Las DOP y las IGP solicitan que la próxima reforma de la PAC prevea más ayudas para estas marcas de calidad y que los productores o ganaderos vinculados a este método de producción tengan un mejor trato en el reparto de los fondos.
También plantean que dentro de los futuros presupuestos para la PAC haya una línea específica de ayuda para las DOP e IGP.
Hubo menciones a la protección del empleo.
Medidas contra el fraude
Existe una preocupación general por el fraude en la utilización o el abuso de los nombres y de los términos que acreditan productos de calidad, por lo que las DOP piden una mayor vigilancia. En este punto, fueron muy numerosas las quejas por parte de las DOP y de las organizaciones del sector del aceite de oliva.
Reglas más homogéneas
Los representantes de las DOP e IGP reclaman una mayor armonización y homogeneidad en las reglas. Un ejemplo es la dificultad y las diferencias que algunas DOP encuentran en sus trámites dependiendo de las regiones.
Autorregulación
Muchos productores de las DO están a favor de la autorregulación de la producción.
En este sentido piden a las Administraciones un trato mejor dentro de las leyes sobre Competencia. Hablan de un marco igualitario a escala europea y citan el caso de algunas legislaciones nacionales, que consideran extremas, porque con el argumento de la libre competencia se restringen mucho las actuaciones del agricultor o ganadero para adaptar su oferta a la demanda.
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