El desperdicio alimentario no ahogará a las microexplotaciones

Unión de Uniones se felicita de que la Comisión de Agricultura del Congreso aprobara este miércoles 11 de diciembre tanto la exención de la burocracia de la Ley de Desperdicio alimentario para la inmensa mayoría de las explotaciones agrarios, como la elevación jerárquica de la AICA y un nuevo mecanismo de determinación de la representatividad agraria abierto, objetivo y democrático.

El proyecto de ley de prevención de pérdidas y desperdicio alimentario pasó ayer su primer examen en la Comisión de Agricultura del Congreso. El proyecto de ley contemplaba la obligación para todos los operadores de la cadena, incluidos agricultores y ganaderos, de contar con un plan para gestionar los desperdicios conforme a una jerarquía de destinos (donaciones, transformación, alimentación animal, subproductos y residuos), así como llegar a acuerdos para donar sus excedentes a entidades sociales. Ello supondría una carga más de papeleo y costes que penaliza doblemente a las explotaciones agrarias que no pueden comercializar parte de su producción por cuestiones de mercado, normas de calidad u otras causas.

Para evitarlo Unión de Uniones presentó a los grupos parlamentarios una propuesta de enmienda para liberar de esas obligaciones a las pequeñas y microempresas.

Esta enmienda fue aprobada ayer por una mayoría suficiente. La pequeñas y microempresas son aquellas que ocupan a menos de 50 empleados y tienen un volumen de negocio de menos de 10 millones de euros, lo que deja fuera estas obligaciones a la práctica totalidad de las explotaciones agrarias españolas.

Asimismo, queda recogido en el proyecto de ley que as campañas agrícolas tendrán la consideración de situación ocasional, previsible y de duración reducida y se podrán hacer contratos por circunstancias de la producción (no fijos discontinuos) como máximo 90 días en el año natural. Esto facilitará enormemente la gestión de las contrataciones temporales en el sector agrario para atender a las recolecciones. Unión de Uniones ha puesto de manifiesto en reiteradas ocasiones que la reforma laboral en el sector agrario no se ajustaba a las condiciones de eventualidad intrínsecas a esta actividad y espera que esta medida dé respuesta a ello.

Nuevo sistema de representatividad que abre la puerta a la democracia en el campo

Por otro lado, la Comisión aprobó también un nuevo sistema de determinación de la representatividad de las organizaciones agrarias. Se trata de un mecanismo abierto, que tiene en cuenta en primer lugar los resultados de las elecciones autonómicas vigentes donde se celebran y la implantación de las organizaciones allí donde no hay elecciones todavía.

En cualquier caso, desde Unión de Uniones no se  renuncia a seguir reivindicando que los agricultores puedan elegir a sus representantes, tanto en las regiones como a nivel estatal. De hecho, en la norma se ha incluido la obligación legal de que antes de 5 años el Gobierno presente un nuevo sistema en el que las elecciones entre los autónomos agrarios sea su base fundamental y “si no se cumple lo recurriremos ante los tribunales, al igual que tenemos recurrida la ley actual por no haber convocado elecciones”, avisan desde Unión de Uniones.

Más competencias para la AICA

La organización subraya también la aprobación en el mismo procedimiento del refuerzo jerárquico de la AICA, que la dota de más competencias y recursos legales para actuar contra los incumplimientos de la Ley de la Cadena Alimentaria.

Esta medida está recogida en el acuerdo suscrito por Unión de Uniones con el MAPA en abril pasado. “Sabemos que no es suficiente para acabar con los abusos y para garantizar que se cumple con la obligación de pagar a los agricultores y ganaderos por encima de lo que les cuesta producir” señalan “pero por eso hemos impulsado que en las Cortes esté una nueva reforma de ley para prohibir la reventa a pérdidas y definir la posición dominante en el mercado y estamos planteando al Ministerio los protocolos para poder presentar denuncias colectivas y anónimas para los productores”.

Una vez cumplido el trámite de la Comisión, el proyecto de ley enmendado, más las enmiendas que los grupos deseen mantener vivas, queda abocado a Pleno que se celebrará antes de final de año y posteriormente habrá de pasar por Senado y, previsiblemente, volver a pasar al Congreso. No obstante, la organización se muestra optimista porque “una vez alcanzada la mayoría suficiente en la Comisión no debería haber sorpresas en los pasos posteriores”.