El sector de bebidas espirituosas se reúne en Mallorca

Redacción Qcom.es

de la Federación Española de Bebidas Espirituosas (FEBE) y del Consell de Fabricants de Begudes Espirituoses de Mallorca acudían esta mañana a una recepción con la presidenta del Gobierno de las Islas Baleares. En la recepción, el Sector de Bebidas Espirituosas ha querido hacer partícipe a la presidenta de las principales demandas del Sector y del peso que este tiene tanto a nivel nacional, como en las Islas Baleares.

La Presidenta balear ha manifestado su apoyo al Sector de bebidas espirituosas, especialmente lo referente a sus Indicaciones Geográficas, ya que constituyen una herramienta capaz de velar por el mantenimiento de las tradiciones y su vinculación con el medio rural y el sector agroalimentario. Del mismo modo, Armengol mostraba su reconocimiento a los esfuerzos del sector en sostenibilidad medioambiental y sobre su implicación en las iniciativas de promoción del consumo responsable y de prevención e información del consumo de riesgo. Asi, durante el encuentro se puso especial atención a las campañas que el sector desarrolla para prevenir el consumo indebido de bebidas alcohólicas en menores de edad, como la Campaña Menores ni Una Gota.

De igual manera, la presidenta balear ha mostrado su comprensión por el impacto de la Fiscalidad a la que se ven sometidas las empresas de espirituosos.

Generador de riqueza y empleo

Las bebidas espirituosas suponen en la comunidad balear una importante actividad económica generadora de riqueza y empleo, a nivel directo a través de su producción y/o distribución (a través de su cadena de suministro) y a nivel indirecto mediante su consumo (a través de la comercialización de sus productos, tanto en gran consumo como en hostelería). Cada euro de valor añadido bruto generado por el sector contribuye a generar 4€ de valor añadido en la economía.

Del mismo modo, las bebidas espirituosas contribuyen significativamente al estado de bienestar mediante los impuestos especiales que les son aplicables, por los que el Estado recauda más de 1.200 millones de euros todos los años, de los que el 40% se destina a las Comunidades Autónomas.