FIAB señala la ambigüedad y difícil aplicación del Coste Efectivo de Producción

Redacción Qcom.es

El director general de FIAB, Mauricio García de Quevedo, ha comparecido ante la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso de los Diputados para trasladar la posición de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) sobre el proyecto de reforma de la Ley 12/2013 de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.

La industria es el eslabón central de la cadena alimentaria, por ello, considera necesaria una reforma que abogue por unas relaciones comerciales equilibradas, transparentes y justas. “Todos buscamos una cadena más fuerte y en la que el valor se reparta en todos los eslabones, pero que, al mismo tiempo, garantice un sector competitivo”, ha expuesto Mauricio García de Quevedo.

Así, desde FIAB se ha propuesto la mejora de la Ley en cuanto a la inseguridad jurídica que genera el Coste Efectivo de Producción, concepto que conlleva muchas ambigüedades y es muy difícil de aplicar en la práctica.

“Esta medida plantea incertidumbre e inseguridad jurídica debido a toda la casuística que puede entrar en juego, como el propio cálculo de los costes, los cambios sobrevenidos en los precios o la eficiencia en la gestión de las producciones, además de obviar la realidad del mercado y los cambios entre oferta y demanda, entre otros muchos aspectos. Vemos una difícil aplicación práctica”, ha expuesto García de Quevedo.

Otro aspecto relevante puesto de manifiesto por FIAB es la importancia de que se regule adecuadamente la Venta a Pérdidas, incluyendo el último eslabón de la cadena, lo que garantizará la creación de valor en todos los eslabones de la misma.

En cuanto a los plazos de pago, desde la Federación se considera que la reforma de la Ley debe contemplar que los productos frescos que se venden para transformación puedan aumentar los plazos de pago hasta los 60 días como el resto de productos. El director general de FIAB también ha resaltado la importancia de dotar de competencia plena a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) como autoridad especializada de control de las relaciones comerciales de la cadena alimentaria.