La industria de alimentación y bebidas reclama una legislación en economía circular asumible

Redacción Qcom.es

La Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) ha celebrado hoy en Madrid un encuentro institucional con la participación de la subdirectora general de Economía Circular del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Margarita Ruiz, y representantes del sector para analizar el Proyecto de Real Decreto de Envases y Residuos de Envases.

Durante la jornada, organizada con el apoyo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, FIAB y el resto de los representantes del sector asistentes han reiterado el compromiso con el medioambiente y sus esfuerzos para seguir evolucionando hacia un modelo de economía circular donde se mejore el uso, reutilización y reciclado de los envases y residuos de envases, se prevenga el abandono de residuos en el medio y se impulse el mercado de materias primas secundarias con objeto de volver a reintroducirlas en nuevos productos.

Asimismo, desde FIAB han transmitido a la subdirectora general de Economía Circular del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Margarita Ruiz, las principales preocupaciones y reivindicaciones del sector en torno al Real Decreto y han destacado que algunas de las medidas que plantea el mismo son de difícil aplicación. Además, ha advertido de que algunos puntos recogidos en el texto suponen un cambio sustancial en la estructura de negocio y ponen en peligro la competitividad del sector.

“Las empresas han dirigido sus inversiones a los objetivos y medidas marcados por las Directivas Europeas. El Real Decreto va más allá, alejándose de las tendencias en circularidad que se planteaban en dichas normas, lo cual podría suponer una distorsión del libre mercado, además de poner en riesgo la viabilidad de las compañías”, ha señalado Paloma Sánchez Pello, directora de Competitividad y Sostenibilidad de FIAB.

El sector considera inasumible la intención de ampliación de los costes a asumir por los productores en materia de responsabilidad ampliada, que les obliga a financiar los costes en la gestión de residuos abandonados en el medioambiente o de la limpieza de las vías públicas que señala el Real Decreto. Igualmente, advierte de que el cambio de modelo que plantea el texto actual supone un retroceso de los objetivos de reciclado alcanzados en la actualidad por España, en los primeros puestos de Europa.