20 DE marzo DE 2020
Redacción Qcom.es
La Asociación Marcas de Restauración, integrada por 41 empresas y que agrupa a las principales cadenas de restauración organizada y moderna del país, reitera su apoyo al Gobierno en la lucha contra el COVID-19; así como a todos los profesionales que están dedicando sus esfuerzos a trabajar contra este virus.
El sector de la Hostelería es una industria que actúa de motor económico y supone un pilar clave de la economía de nuestro país, aportando un 6,2% del PIB y empleando a un total de 1,7 millones de personas (1,3 millones en actividades de restauración) suponiendo un 8,7% del empleo total de España, según datos del Anuario de Hostelería de España de 2019. Las 41 empresas integrantes de Marcas de Restauración, por su parte, facturan más de 7.000 millones de euros a través de los más de 6.000 establecimientos que la componen y generan 200.000 empleos directos.
Por ello, Marcas de Restauración celebra las medidas adoptadas, que facilitarán e impulsarán la recuperación del sector una vez superado el escenario de pandemia, pero reclama más medidas orientadas a evitar la quiebra de los negocios hosteleros. Considera las iniciativas aprobadas hasta ahora insuficientes e insta al Ejecutivo a poner en marcha un nuevo paquete de iniciativas en materia de fiscalidad, arrendamiento y suministro eléctrico.
En este sentido, las empresas representadas por Marcas de Restauración consideran sólo un primer paso las medidas de índole laboral, y ponen el acento en incentivar aún más la flexibilidad y la agilidad de la tramitación de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). Además, insisten en la necesidad de la suspensión de la cotización de los autónomos de restauración.
Apoyo en materia de fiscalidad, arrendamiento y suministro energético
Marcas de Restauración reclama la suspensión de cualquier obligación de pago de los establecimientos a las administraciones, como son el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y resto de tributos municipales como los correspondientes a las terrazas, extendiendo así su solicitud a ayuntamientos y gobiernos autonómicos.
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