7 DE agosto DE 2026
Tras décadas de abandono del medio rural, acumulación de biomasa y políticas forestales pensadas para el corto plazo, España y buena parte de Europa afrontan incendios cada vez más virulentos. Quizá haya llegado el momento de dejar de hablar solo de extinción y empezar a debatir seriamente sobre prevención, gestión forestal y futuro del territorio, en lugar de hacer cálculos políticos por parte de unos y otros, pero sin hacer nada para prevenir lo que cada verano se ha convertido ya en un ritual.
Las televisiones conectan en directo con los grandes incendios, los presidentes autonómicos comparecen desde los puestos de mando, los ministros visitan las zonas afectadas, los responsables de emergencias actualizan el número de hectáreas calcinadas y los ciudadanos asistimos con impotencia a un drama que, por desgracia, ya forma parte del calendario estival.
Y, sin embargo, siempre pienso lo mismo. Cuando un presidente autonómico, un ministro o un delegado del Gobierno llegan al puesto de mando, el incendio ya está donde nunca debió estar. Allí se puede coordinar la emergencia, proteger a la población y respaldar el extraordinario trabajo de bomberos, brigadas forestales, Guardia Civil, UME y servicios de protección civil. Pero el verdadero partido ya se ha perdido.
Los incendios no se previenen en agosto. Se previenen en enero. España lleva más de un cuarto de siglo cometiendo el mismo error. Han gobernado partidos de distinto signo político. Han cambiado ministros, presidentes autonómicos y consejeros. Han pasado varias generaciones de responsables públicos. Sin embargo, el resultado es prácticamente el mismo: “La gestión forestal es deficiente”.
España cuenta con cerca de 28 millones de hectáreas de superficie forestal, lo que representa más del 55 % del territorio nacional, según el Ministerio para la Transición Ecológica. Además, el Inventario Forestal Nacional confirma que la superficie arbolada ha aumentado de forma constante durante las últimas décadas, en buena medida como consecuencia del abandono de tierras agrícolas y ganaderas.
A primera vista parece una magnífica noticia. Lo sería si ese crecimiento hubiera ido acompañado de una gestión activa. Pero aumentar la superficie forestal sin aumentar su gestión equivale, en muchos casos, a incrementar el combustible disponible para los grandes incendios.
El abandono del medio rural, la desaparición progresiva de la ganadería extensiva, la pérdida de aprovechamientos forestales tradicionales y las enormes dificultades administrativas para intervenir en muchos montes han provocado una acumulación de biomasa sin precedentes. Allí donde antes había pastores, resineros, madereros o agricultores, hoy abundan matorrales, árboles jóvenes sin clarear y toneladas de combustible esperando una chispa.
Durante demasiado tiempo hemos confundido conservar con abandonar. Hemos terminado tratando muchos espacios naturales como si fueran jardines ornamentales donde cualquier intervención humana fuese una amenaza. Pero un bosque no es un jardín. Es un ecosistema vivo que necesita ser gestionado.
Y esta no es únicamente una reflexión española.
Portugal sufrió en 2017 algunos de los incendios más devastadores de su historia reciente. Francia vive cada verano fuegos de una intensidad desconocida hace apenas dos décadas. Grecia e Italia acumulan tragedias similares. Toda la Europa mediterránea está comprobando que el cambio climático multiplica el riesgo, pero también que unos montes abandonados convierten cualquier foco en una catástrofe.
Por supuesto que el cambio climático existe. Negarlo sería absurdo. Pero utilizarlo como explicación única también resulta demasiado cómodo. La temperatura no depende de nosotros, pero la gestión del territorio, sí.
No podemos evitar una ola de calor, pero sí decidir si esa ola encuentra un monte limpio, gestionado y con discontinuidades vegetales o un inmenso polvorín acumulado durante décadas.
Hay otra realidad que conviene recordar. Durante años se ha señalado al sector primario como si fuera un problema para la conservación del medio natural, cuando la experiencia demuestra exactamente lo contrario. Agricultores, ganaderos, selvicultores y propietarios forestales no son los enemigos del bosque, son, probablemente, sus mejores aliados.
Quien vive del territorio lo conoce, lo cuida y tiene interés en mantenerlo productivo y seguro. Un ganadero con su rebaño elimina cada día toneladas de combustible vegetal de forma natural. Un agricultor mantiene franjas de cultivo que actúan como barreras frente al avance del fuego. Un selvicultor limpia y aprovecha la madera para mejorar la salud del monte. Un propietario forestal que obtiene rentabilidad de su explotación invierte en caminos, cortafuegos y trabajos silvícolas que benefician a toda la sociedad.
Sin embargo, los datos nos traen a la realidad y también reflejan otra realidad preocupante. Desde comienzos de este siglo España ha perdido decenas de miles de explotaciones agrarias y ganaderas, especialmente de pequeño y mediano tamaño. Miles de municipios del interior siguen perdiendo población y buena parte de las zonas forestales más vulnerables coinciden precisamente con las comarcas más afectadas por la despoblación.
Cuando desaparece la actividad económica desaparecen también quienes cuidan diariamente el territorio. El abandono demográfico acaba convirtiéndose, tarde o temprano, en abandono forestal.
Por eso la gestión forestal no debería entenderse únicamente como una política ambiental, también es política agraria y política energética, porque la biomasa es un recurso renovable que hoy, generalmente, desaprovechamos. Es también política industrial, porque genera actividad económica y empleo, pero al mismo tiempo es política de cohesión territorial, porque ayuda a fijar población allí donde más falta hace.
No habrá montes bien gestionados si antes no conseguimos que vivir y trabajar en el medio rural vuelva a ser una opción viable.
Europa también debería abrir este debate. Las políticas de protección ambiental han sido esenciales para conservar nuestro patrimonio natural, pero en ocasiones su aplicación ha sido demasiado uniforme para territorios muy diferentes. Lo que puede ser adecuado para un bosque centroeuropeo no siempre responde a la realidad de los ecosistemas mediterráneos, donde la gestión activa forma parte de la propia conservación.
Paradójicamente, seguimos siendo mucho más eficaces apagando incendios que evitándolos. España dispone de uno de los mejores sistemas de extinción del mundo. Sin embargo, numerosos expertos forestales llevan años insistiendo en el mismo diagnóstico: seguimos destinando muchos más recursos políticos y económicos a la extinción que a la prevención y a la gestión continuada del monte.
Llevamos veinticinco años invirtiendo millones en apagar incendios y muy poco en evitar que existan. Hemos construido un magnífico sistema de extinción para compensar la ausencia de una verdadera política forestal.
Existe, además, un problema del que apenas se habla. La política vive instalada en el corto plazo y una legislatura dura cuatro años, pero una política forestal seria necesita diez, quince o incluso veinte años para mostrar plenamente sus resultados. Ese es, probablemente, el mayor fracaso del sistema.
El político que impulse hoy un gran plan nacional de gestión forestal difícilmente cortará la cinta de sus resultados. Lo hará quien venga después. Y en una política dominada por el titular inmediato, las redes sociales y el siguiente ciclo electoral, resulta mucho más rentable presentar nuevos medios de extinción o comparecer ante las cámaras durante un incendio que invertir silenciosamente en limpiar montes cuyos beneficios nadie fotografiará.
Dentro de unos meses llegarán las primeras lluvias, desaparecerán los incendios de las portadas y volveremos a olvidarnos del problema. Hasta el próximo verano. Entonces regresarán las comparecencias, las promesas, las visitas institucionales y las preguntas de siempre.
Ojalá algún año veamos a nuestros dirigentes dedicar en enero el mismo tiempo que dedican en agosto a recorrer los montes junto a cuadrillas forestales, ingenieros, agricultores, ganaderos, selvicultores y propietarios.
Quizá el mayor error de las últimas décadas ha sido pensar que para proteger el bosque había que alejar al hombre de él. La realidad demuestra justamente lo contrario: el bosque mejor conservado es aquel en el que alguien vive, trabaja y encuentra una forma digna de ganarse la vida.
Agricultores, ganaderos, selvicultores y propietarios forestales no son una amenaza para nuestros montes; son su mejor seguro de vida.
No necesitamos más fotografías en los puestos de mando. Necesitamos más tractores en los montes, más rebaños limpiando el sotobosque, más ingenieros forestales planificando, más empresas aprovechando la biomasa, más propietarios gestionando sus fincas y más jóvenes encontrando un futuro económico en el medio rural.
Ya es hora de dejar de gestionar las emergencias y empezar, de una vez por todas, a gestionar los bosques.
Reflexiones de verano. !Felices vacaciones!
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