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El punto de encuentro de la cadena agroalimentaria
 

Periódico Digital Qcom.es: El punto de encuentro de la cadena agroalimentaria

22 DE octubre DE 2024

Pensando en la PAC

Francisco Martínez Arroyo. Ex Consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha
 

La Política Agraria Común (PAC) es un ejemplo de evolución permanente desde su nacimiento, hace ya más de 60 años. En estos momentos, se encuentra en aplicación la PAC 2023-2027, sólo durante un período de cinco años, debido a la extensión -motivada por el impacto de la covid-19 en los procesos administrativos y negociadores- de la anterior, 2014-2020, hasta 2022.

Una vez más -y parece que así seguirá siendo en la PAC 2028-2034- una parte muy importante de las decisiones sobre su puesta en marcha, se han tomado en los Estados Miembros (EEMM). En España esta cuestión es siempre un condicionante complejo, pues las competencias en materia de agricultura y desarrollo rural recaen en las Comunidades Autónomas y es preciso llegar a un acuerdo por mayoría en la conferencia sectorial -donde cada CCAA tiene un voto, a los que se suma el del ministro-, que es el órgano formal de reunión y decisión entre CCAA y Ministerio de Agricultura.

Esta es una PAC, en cuya aplicación en España, todos, CCCA y Ministerio se han dejado pelos en la gatera, en la que se ha avanzado, pero, desde mi punto de vista, como he manifestado en numerosas ocasiones, no lo suficiente para equipararnos al resto de EEMM y responder mejor a la filosofía de la reforma impulsada por Bruselas.

Así, en la reforma en España no se aplica la convergencia absoluta de las ayudas (ayuda igual para todos los agricultores, estuviera donde estuviera su explotación), y no se han suprimido los derechos históricos (que favorecen a los cultivos más productivos y competitivos, perjudicando a los que tienen menos rendimientos -increíble pero cierto-, y que sirven para calcular las ayudas en función de lo que se producía en cada hectárea hace ya más de 20 años). Entre otras cuestiones.

A pesar de algunas mejoras importantes -los pequeños agricultores no tienen que demostrar su condición para recibir las ayudas, se establece un pago redistributivo que aumenta las ayudas para los más profesionales de tamaño medio, se incrementa la ayuda para las mujeres jóvenes que se incorporar al sector o -por fin- se establece un techo de ayudas por explotación-, la PAC sigue sin ser justa.

Para ello, debe tratar a todos los agricultores por igual y no dar más ayudas a quien más capacidad de producir tiene, sino a los que más necesidad tienen de las mismas, debe buscar la mejora de la renta de la agricultura familiar, como prioridad frente a la rentabilidad de los grandes grupos inversores en el sector. Fomentar el modelo de agricultura familiar, base del sector agrario en nuestro país, debe ser la prioridad absoluta de la PAC en España.

Pero la PAC, no para. Cuando apenas llevamos una campaña de aplicación de esta reforma, ya ha empezado la reflexión en Bruselas para la PAC a partir de 2028. Hace ya un mes, y como parte de los trabajos previos a la constitución del nuevo colegio de comisarios para los próximos cinco años, la presidenta Ursula von der Leyen presentó el informe del dialogo estratégico para el futuro de la agricultura europea, elaborado por representantes del sector agroalimentario, económico y académico europeo. Y parece una primera señal de cambio de rumbo.

El informe propone una PAC orientada al apoyo económico a los agricultores que más lo necesitan -cuestión casi disruptiva en comparación a reformas pasadas; en realidad es una autentica enmienda a la totalidad a la PAC actual-, la promoción de las externalidades positivas del sector en el medio ambiente, la sociedad o el bienestar animal, y el fomento de mejores condiciones en las áreas rurales.

El primer objetivo del informe supondría un cambio reflexivo muy interesante y oportuno -en línea con una política de apoyo a la renta- para destinar los recursos públicos a quien más lo necesita-, desechar el modelo de pagos actuales, eliminar los derechos históricos, y orientar las ayudas en función de la renta.

En cuanto a las cuestiones ambientales, el informe propone pagos ambientales adicionales para los que, voluntariamente, vayan más allá en sus compromisos relacionados con la preservación del medio ambiente; la creación de un fondo de transición justa, con colaboración público-privada, para apoyar a los agricultores y ganaderos en su reconversión hacia modelos agrarios más sostenibles, o la creación de un fondo para ayudar a los agricultores en la restauración y gestión de los hábitats y el paisaje, en línea con la recién aprobada Ley de restauración de la naturaleza, como elementos más destacados. Estos fondos mencionados, serían adicionales a la PAC y deberían coordinarse con los objetivos de esta.

Si estas propuestas se tienen en cuenta en la PAC del futuro, tal y como parece plantear la presidenta de la Comisión Europea, puede tratarse del cambio más importante de esta política de las últimas décadas.

Pero aún hay más. Corren rumores de cambio en las relaciones entre la Comisión Europea y los EEMM para la aplicación de las diferentes políticas -y la ejecución de los diferentes fondos-. La actual gestión de los fondos de recuperación y para la resiliencia, movilizados en la UE para hacer frente a los efectos de la covid-19, en la que cada Estado Miembro presenta un plan global, y recibe los fondos de la Comisión, que los va liberando según se van cumpliendo diferentes hitos, puede ser una opción para las diferentes políticas comunitarias -y también podría serlo para la PAC- a partir de 2028. Veremos….

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