Crónica de una muerte anunciada

Jorge Jordana. Ingeniero Agrónomo y Economista

En noviembre de 2020, en plena pandemia y con el miedo en el cuerpo, asistí a la primera reunión celebrada en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (MINCOTUR), presidida por el secretario general de Industria (hoy presidente de RENFE), en la que aventuraba el reparto de los 75.000 millones de euros de procedencia comunitaria, para subvenciones destinadas a fortalecer y digitalizar los sectores industriales españoles. Aún no se hablaba de proyectos concretos (los posteriormente llamados PERTEs), pero trató de los sectores receptores citando las energéticas renovables, la industria de automoción, la aeroespacial, la naval, las telecomunicaciones… Ni una sola referencia al mayor sector, aún, de nuestra economía: la industria alimentaria. Cuando en el coloquio le hice ver su silencio respecto el 25% de la industria nacional, se deshizo en excusas: naturalmente que habrá apoyos a este “importante” sector.

Nada más salir llamé a la Dirección General de la Industria Alimentaria y me confirmaron que el Gobierno había decidido traspasar “de facto” la competencia industrial de nuestro sector al MINCOTUR. Y pronto comprendí que, entre los Telefónica, Airbus, Acerinox, Iberdrola, Enagás, Volkswagen…la industria alimentaria estaría perdida, no solo por carecer de empresas grandes y del “encanto” que tienen las novísimas tecnologías, sino porque en ese ministerio no habría ni un solo ingeniero agrónomo y, por ello, la ignorancia sobre el sector agroalimentario y sobre sus industrias sería supina.

Y así fue. Al final concedieron fondos equivalentes al 6 por mil de lo recibido (cuando somos el 25% de la industria) en un PERTE copiado del del automóvil, inapropiado, confuso e ineficaz. Para salvar lo que pudieran, tuvieron que llamar a un agrónomo veterano, Jordi Carbonell, que como comisionado intentó, con oficio, poner orden en ese caos.

Me sorprendió y así lo expresé en una conferencia en la que expuse en Valencia el pasado año, que ante ese hecho no comprendía cómo no hubo ninguna reacción de la sociedad civil, de las asociaciones profesionales y empresariales implicadas, que no han dejado de hacerse fotos con el titular del ministerio cuyas competencias había rechazado. Tal vez será porque, en estos tiempos livianos, una imagen vale mucho más que mil palabras.

Hace unos días, uno de los turiferarios habituales, publicó en un periódico nacional un artículo alabando la reelección del Sr. Planas como titular del MAPA, mostrando su extrañeza por las pocas muestras de satisfacción mostradas por los diferentes sectores. No quise comentarlo en redes sociales, pues los reelegidos lo son por lo que han hecho en su anterior mandato, no encontrando razones para esperar cambios a una trayectoria exitosa en lo personal, pero bastante criticada en el sector por inoperancia ante los continuados agravios medioambientales y animalistas, la ocupación de regadíos por instalaciones fotovoltaicas, la inexistencia de una política del agua actualizada o  la liquidación, en su ministerio, de las competencias industriales.

Lamentablemente han pasado pocos días para convertir lo que ya era “de facto” en “de derecho”: La Dirección General de la Industria Alimentaria queda suprimida de la estructura del MAPA. Y se me dirá que sigue manteniendo las mismas competencias que tenía; que solo ha cambiado el nombre y es una verdad a medias. Es verdad que siguen las competencias sobre la industria como actividad comercial de la cadena. Se seguirán cuidando las marcas colectivas (DOPs, IGPs, etiquetado, obligaciones de la Ley de la Cadena, premios Alimentos de España y demás festejos), pero las competencias como una actividad industrial (aplicación de nuevas tecnologías, fomento de la industrialización, apoyo a la modernización industrial…) desaparecen del Ministerio de Agricultura, sencillamente porque las cedieron al MINCOTUR.

Y crearla no fue fácil. Fue un empeño personal del ministro Lamo de Espinosa, como miembro del Gobierno, y de la federación empresarial que yo dirigía. Las competencias estaban repartidas en tres ministerios y hubo que gestionar su unión en el Ministerio de Agricultura, buscando unobjetivo claro: dado el papel crucial que para el sector primario desempeña el sector industrial, que adquiere mas del 70% de sus producciones, se buscaba una única unidad administrativa para apoyar su fortalecimiento técnico, para ganar en eficacia y que le permitiera consolidar la cadena agroalimentaria española y fomentar las exportaciones incorporando más valor.

El excelente trabajo que desarrolló esa dirección general, dirigida por Vicente Alberoen 1985, con el apoyo de las organizaciones empresariales, permitió que, al año siguiente, 1986, una vez miembros de la UE, 450 proyectos de inversión en mejoras tecnológicas para las empresas industriales del sector obtuvieran subvenciones comunitarias entre un 30% (si eran empresas privadas) y hasta un 60% (si eran cooperativas). Fue un trabajo ímprobo, pues cada proyecto había que revisarlo para ver su idoneidad, pero los funcionarios del Cuerpo Nacional de Ingenieros Agrónomos lo hicieron perfectamente. Ese fue el momento en que la industria alimentaria se convirtió en el pilar eficiente e internacionalmente competitivo de nuestra economía. Y un momento similar era lo que esperábamos del PERTE agroalimentario.

Es una pena que estemos ante una sociedad adormecida, que se limita a pagar lo que le piden, se cree lo que le dicen, pero es incapaz de revindicar lo que les debería parecer legítimo.