Impuestos

Francisco Martínez Arroyo. Ex Consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha
 

El título de esta entrada es una de esas palabras que parecen malditas. Parece que a nadie le gusta pagarlos y, en muchas ocasiones, los partidos políticos se esfuerzan en aparecer como adalides de las bajadas de impuestos, para atraer a sus votantes. Desde perspectivas liberales -y ultraliberales, tan de moda-, parece que es mejor que el dinero esté en manos privadas, y no en poder de las diferentes administraciones para llevar a cabo políticas públicas. No lo comparto.

Desde esta columna yo quiero reivindicar la palabra. Y el concepto. Los impuestos son muy necesarios para que los Estados puedan desenvolverse con utilidad y medios suficientes para sus ciudadanos y con fortaleza en el contexto internacional. También defiendo la política fiscal progresiva, en la que cuanto más se ingresa, más se paga, esencia de nuestro impuesto de la renta -y, lamentablemente, no del impuesto de sociedades o de los gravámenes a la inversión que, en muchos casos, se escapan a una fiscalidad mínimamente exigente-.

En el contexto mundial en el que el futuro presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su corte de políticos ultraderechistas, al frente de cada vez más gobiernos o con altas intenciones de voto, en casi todos los países europeos, abominan de los impuestos y de la fortaleza de los servicios públicos, defender los impuestos no es fácil, pero es una forma de reivindicar lo colectivo, los derechos de los más vulnerables, la sanidad y la educación públicas, de todos y para todos. O las infraestructuras, nuestra representación exterior, o la política de defensa. La dependencia, el sistema de pensiones, las prestaciones por desempleo, los permisos de paternidad y maternidad o la preservación e impulso de nuestra cultura, todo, absolutamente todo, depende de los impuestos.

La forma más adecuada de cumplir con la solidaridad -otro concepto a revindicar- en las sociedades democráticas y modernas en las que vivimos es a través de los impuestos. Hay que pagarlos y los gobiernos deben utilizarlos de forma adecuada, estableciendo las prioridades que consideren en función de sus planteamientos políticos. Pero se trata de cosas distintas. Hay que pagar los impuestos y, si no se está de acuerdo con la forma en que se gastan, ejercer uno de los derechos más importantes de la democracia, el voto.

En estos días, después de la terrible DANA que ha asolado Valencia -también algunas localidades de otras regiones, destacando los pueblos de Letur y Mira, en Castilla-La Mancha-, con la pérdida de más de 200 vidas humanas, y enormes daños materiales, la utilidad de nuestros impuestos es, para mí, un motivo de orgullo.

Independientemente de que algunos políticos no estuvieron a la altura el fatídico día de las inundaciones, desoyendo los avisos de los expertos de la AEMET  -que batallan a duras penas intentando argumentar desde la ciencia y el conocimiento, rodeados de un mar de incultos con afán de protagonismo en las redes sociales y en la parapolítica- incumpliendo su deber en la protección civil, y del sentimiento de abandono -lógico y legítimo- de los habitantes de muchos de los pueblos afectados, al verse solos ante el desastre los primeros días después de la catástrofe, la sociedad española ha vuelto a dar un gran ejemplo de solidaridad -de nuevo esta palabra tan necesaria-.

Los miles de voluntarios -destacando el de los más jóvenes- trabajando desde el primer día en el terreno, la presencia fundamental de las ONG, miles de donaciones de particulares y empresas de toda España, y el trabajo y compromiso de tantas personas y colectivos, nos deben hacer sentir un gran orgullo como sociedad.

Pero también, sin duda, hay que subrayar el trabajo de los más de 18.000 funcionarios de la Administración General del Estado -a los que hay que sumar todos los funcionarios de la Generalitat y de los distintos municipios-, que se encuentran trabajando en estos momentos sobre el terreno. La Unidad Militar de Emergencias -cuya creación por parte del gobierno de Rodriguez Zapatero es probablemente la decisión más importante adoptada en la democracia para hacer frente a catástrofes y emergencias en todo el país-, el conjunto de las fuerzas armadas, la policía nacional, la guardia civil, el resto de policías del Estado, las policías municipales, ingenieros y técnicos del Ministerio de Fomento -que están reparando las infraestructuras en tiempo récord-, bomberos, personal sanitario, operarios de limpieza,  psicólogos, y tantos otros colectivos de trabajadores públicos, nos están dando un gran ejemplo de compromiso estos días.

Las instalaciones eléctricas, las conducciones de agua, las depuradoras, las carreteras y vías del tren, las calles y los puentes, no se arreglan por arte de magia. Son todos estos trabajadores públicos los que lo hacen posible. Con nuestros impuestos, los de todos.

Como también hacen posible que, entre todos, vayamos a destinar -lo decide el Gobierno, sí, que está reaccionando rápido (dentro de las difíciles circunstancias), de manera directa y sin burocracia- 14.365 millones de euros -es la cantidad aprobada hasta hora en los dos últimos consejos de ministros- para las personas que han perdido a sus seres queridos, sus casas o sus coches, sus empresas o sus campos de cultivo, por citar algunas de las líneas de apoyo más importantes. Todo esto se paga con nuestros impuestos.

Cuando escucho a personas, partidos políticos o gobiernos, decir que hay que bajar los impuestos, me duele la falta de solidaridad y de compromiso de algunos, que quedan retratados al lado de los que cumplen. Aquellos que pagando fuera de España sus impuestos cuando su actividad y sus ingresos se generan, básicamente aquí, o los que defraudan a hacienda, y que luego hacen exhibición pública de donaciones en ocasiones como esta, no son, ni mucho menos, los más solidarios y tienen pocas lecciones que dar. Al contrario, son los más insolidarios, los menos comprometidos con su país y con las personas que más necesitan que exista una administración pública fuerte.

Como también lo son aquellos políticos que apuestan por reducir los impuestos para los que más tienen, las grandes empresas, los fondos de inversión o los multimillonarios, presumiendo de liberalismo y que, luego, en situaciones como esta, no disponen de los medios necesarios para hacer frente a la situación.

Es hora de reivindicar la solidaridad que nos hace mejores y que sólo se consigue con impuestos, mayores para los que más tienen, y con la redistribución de la riqueza, que, con todas la dificultades y errores de un Estado que es imperfecto, es lo que se está haciendo en Valencia estos días.