La distribución alimentaria ante el nuevo Reglamento F-Gas: más costes sin soluciones tecnológicas

El pasado 11 de marzo entró en vigor el Reglamento Europeo 2024/573 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los gases fluorados de efecto invernadero (F-Gas). Esta norma introduce una reducción gradual para la producción de hidrofluorocarbonos (HFCs) y medidas enfocadas a la reducción de su introducción en el mercado europeo después de 2030. Además, se establecen medidas sobre la recuperación y reciclaje de gases procedentes de aparatos de refrigeración y climatización y para la prevención de fugas.

Enmarcada en las medidas del Pacto Verde Europeo y de la Agenda 2030 de las Nacionales Unidas, ésta es otra de las normas que tiene un gran impacto sobre el conjunto de la cadena de valor de la producción y comercialización agraria. La refrigeración acompaña a los productos del campo, de la pesca y de la ganadería desde el momento mismo de su recolección o extracción, pasando por la preparación para la venta y por la producción en la industria, hasta llegar a la distribución en el transporte, en las plataformas logísticas y en la propia tienda. Aunque las soluciones de tecnologías del frío pueden ser distintas en función de sus diferentes usos en la cadena, la alimentación en su conjunto es uno de los grandes sectores usuarios y, por ello, uno de los grandes afectados por este Reglamento.

En el caso del frío, la distribución es, probablemente, el eslabón más vulnerable ante las nuevas exigencias legislativas. Existen alternativas con refrigerantes de la gama A2L (ligeramente inflamables), pero que tienen importantes limitaciones en supermercados, debido a su uso en determinadas cantidades, sus características de inflamabilidad o su composición química. Por otra parte, el uso del NH3 (amoniaco) como refrigerante que se utiliza desde hace mucho tiempo con garantías de eficiencia y seguridad en la industria alimentaria, no es recomendable en instalaciones comerciales.

Es importante subrayar que el sector está firmemente comprometido con el objetivo de la eliminación progresiva de los gases fluorados con un elevado Potencial de Calentamiento Atmosférico (PCA ≥ 2500). De hecho, los refrigerantes con un alto PCA, como el R-404A (GWP 3800) están siendo sustituidos por alternativas como el R-407A (GWP 1900) o el R-134A (GWP 1300), que se utilizan comúnmente en la refrigeración comercial. Por lo tanto, las empresas van a cumplir con los plazos marcados en la FGAS vigente hasta el 11 de marzo. Esto ha supuesto grandes inversiones para las empresas de distribución alimentación. Se calcula que, en España, casi 7.000 establecimientos han sido puestos en marcha o reformados durante el último trienio (2020-2022), lo que supone el 27,7% del total de las unidades de la red; mientras que si extendemos la visión a 5 años (2018-2022), el porcentaje sube al 45%. Entre el 5 y el 10 por ciento de la inversión total se ha destinado a medidas de eficiencia energética y sostenibilidad medioambiental, lo que incluye la renovación de los equipos de refrigeración y climatización en tiendas y en plataformas logísticas.

A pesar de ello, el nuevo Reglamento viene a dar una vuelta de tuerca al calendario. Los nuevos plazos marcados para las prohibiciones no priorizan la amortización económica ni técnica de las importantes inversiones realizadas para adaptarse a la legislación anterior. Además, no contemplan que las alternativas existentes están todavía poco maduras y son muy costosas. La consecuencia de todo ello es que va a resultar muy complicado cumplir con el calendario que figura en el Reglamento. Y, por ello, desde la distribución pedimos realismo: establecer alertas tempranas en el calendario de aplicación -para el caso de que no se pudieran cumplir los objetivos- y/o prórrogas acompasadas con el desarrollo real de la técnica y de las soluciones a disposición de los sectores.

Una vez más, encontramos en este texto –como viene siendo habitual en la legislación de carácter medioambiental que nos llega desde la Comisión Europea- un claro desajuste entre los objetivos y la realidad (el estado del arte de la tecnología). Además, de una falta de comprensión de las necesidades y particularidades propias de los distintos modelos de distribución alimentaria que conviven en Europa: las diferencias de temperaturas medias condicionan las soluciones de refrigeración entre las regiones del centro y norte de Europa y las del sur, mientras que la tipología de tiendas -con un predominio de tiendas de proximidad en el caso español- es también muy distinta.

Para la distribución alimentaria, aparte de los obstáculos de mantenimiento y peligrosidad, también hay un componente económico importante, ya que supone un enorme incremento de coste, debido a que no existen máquinas de climatización industriales del tamaño que se necesita en los supermercados que utilicen estos refrigerantes. En concreto, de media, el coste de instalación se incrementaría entre un 10 y un 20% para tener un número mayor de máquinas; esto multiplicado por las 24.000 tiendas que existen en España implica un enorme coste. Por lo tanto, en la actualidad, en climatización no existen alternativas razonablemente viables para la variabilidad de tipología comercial y la climatología de España sin el uso de gas fluorado para salas de venta de más de 500 m2.

Ante la cercanía de las elecciones europeas, debemos recordar, como conclusión, la necesidad de contar con eurodiputados que conozcan las características de nuestro sector y que defiendan el modelo español de producción y distribución alimentaria para que, a la hora de legislar, se tengan en cuenta las peculiaridades de cada mercado, la situación de las soluciones tecnológicas disponibles y el impacto medioambiental real de las medidas propuestas.