¿Será que los pequeños no tenemos representación sindical?

Maria Luisa Álvarez, Directora General de Fedepesca
 

Las pescaderías tradicionales y el pequeño comercio no pueden asumir un nuevo incremento del salario mínimo, incrementado ya en un 67,3% en los últimos 8 años. De aplicarse la subida propuesta por Yolanda Díaz, en 9 años el aumento del SMI sería del 80,7% (de 2016 a 2025).

Si a esto le sumáramos la reducción de la Jornada laboral a 37,5 horas semanales, como demanda la Vicepresidenta del Gobierno, este incremento de costes se vería agravado, condenando al sector del comercio tradicional en general, y de las pescaderías en particular, al cierre.

Plantear esto como una batalla entre empresarios y trabajadores es absolutamente inadecuado y demagógico. Ojalá nuestros pequeños negocios pudieran asumir desde el primer día que los nuevos trabajadores, aunque no tuvieran experiencia ni formación, costaran 1.903,75 euros al mes. Pero de verdad, que no da.

Parece la Vicepresidenta empeñada en legislar para eliminar a los pequeños empresarios autónomos de nuestra economía. Todos los pasos van en esta dirección. Habla de los empresarios como si todos fueran directivos de “malvadas” multinacionales, olvidando la realidad económica de nuestro país y que serán, precisamente, las grandes empresas las que mejor puedan soportar estas subidas salariales, que a todos nos dañarán.

Según un estudio recientemente publicado por la Universidad de Zúrich "un salario mínimo más alto redistribuye a trabajadores de empresas pequeñas a grandes, aumentando la cuota de mercado de las grandes empresas y permitiéndoles incrementar sus márgenes de precio". Es lo que denominan el "canal de concentración del salario mínimo", que "expulsa a las pequeñas empresas del mercado".

Por otro lado, no hace mucho tiempo la misma Yolanda Díaz hablaba de topar el precio de los alimentos. En nuestro caso, con precios que se fijan cada día en función de demanda y oferta, temporales, vedas, y muchísimos otros factores, con la rentabilidad hiper ajustada, con menor acceso a la materia prima, y con un consumo de productos pesqueros que ha caído en España del 32% en diez años, hablarnos de fijar precios, al tiempo que se han incrementado los costes laborales y de gestión de forma exponencial, nos suena a no querer conocer la realidad o, a conocerla muy bien, pero no interesarte mejorarla.

El comercio especializado de productos pesqueros es una red única en el mundo que ha permitido que los españoles sean unos grandes amantes de los productos pesqueros. Su declive va asociado al descenso del consumo, pérdida de capilaridad en el territorio, desaparición de la cultura gastronómica y de la dieta pesco mediterránea, y afectará al desarrollo rural y del litoral, se traducirá en una peor alimentación e incremento de los gastos sanitarios asociados a la misma.

Esta red increíble retrocede, sin relevo generacional, con una alta exigencia, y con una rentabilidad que ya no premia el esfuerzo de levantarse de madrugada y abastecerse comprando en lonjas y mercas el producto para nuestros clientes y trabajar en horario comercial, nos ha llevado a perder una media de 350 pescaderías al año, un tercio de las 15.00 pescaderías que había en España en el año 2007, retrocediendo el empleo en el mismo periodo en 8.857 personas, lo que se traduce en una caída del 33,76% de las personas especialistas en la venta de productos pesqueros.

Si queremos quedarnos sin esta red de especialistas, desde luego estas políticas lo van a conseguir, unidas a unas exigencias absurdas e incumplibles, como que un pescadero se tenga que inscribir en el registro de productores de envases telemáticamente, y otras muchos más que se traducen en un coste anual de 10.550€. Una hiperregulación que se traduce en gastarse casi 1.000€ al mes en gestiones que nada tienen que ver con la actividad comercial de compraventa de productos pesqueros y que no generan ningún beneficio económico ni para los clientes y que, sin embargo, sí van directamente contra del margen comercial.

Por otro lado, este gobierno es el que sigue gravando el consumo de productos pesqueros con un 10%. A pesar de ser imprescindibles en una dieta saludable, y de que debieran de tener la fiscalidad saludable de la que ya gozan en otros países, que los gravan al 0%.

Hace poco leía que ella misma argumentaba que con la subida del SMI algunas familias podrían comprar pescado, cuando tiene al alcance de la mano eliminar el 10% que se cobra la Agencia tributaria cada vez que compramos pescado.

Yolanda Díaz es gallega, y sabe la importancia de la pesca para su comunidad, pero está empeñada en que los pequeños desaparezcamos del mapa, lo que parece contrario al tipo de economía en la que ella se debiera sentir más cómoda. ¿Será porque los pequeños no tenemos representación sindical?