¿Es posible un etiquetado de sostenibilidad de los alimentos?

La Comisión Europea prepara de aquí a finales de año una propuesta de marco jurídico trasversal para acelerar y facilitar la transición hacia la sostenibilidad, cuyo objetivo es garantizar que los alimentos comercializados en la UE sean cada vez más sostenibles.

En estos tiempos en que la sostenibilidad se ha convertido en una palabra tan manida por unos y por otros, pero a la vez tan inevitable y necesaria en el mundo limitado en que vivimos, este empeño no será una tarea nada fácil, ni de hoy para mañana.

Cualquier aspecto que asocie sostenibilidad con alimentos debe tener en cuenta que este concepto debe satisfacer un equilibrio real en sus tres dimensiones. Como se ha dicho ya tantas veces, no puede haber una sostenibilidad medioambiental sin sostenibilidad social y económica. En otros términos, si producir alimentos no es rentable para quien los produce, dejará de producirlos por mucha sostenibilidad medioambiental que se le pida o que deba incorporar.

Lo primero de todo: hay que ver qué se quiere dar a entender cuando decimos que unos alimentos o un sistema alimentario en su conjunto son sostenibles. La Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) define un sistema alimentario sostenible como “aquel que garantiza la seguridad alimentaria y la nutrición de todas las personas, de tal forma que no se pongan en riesgo las bases económicas, sociales y ambientales de éstas para las futuras generaciones.”

Esta definición, amplia y genérica, puede ser de utilidad global, pero ¿cómo se traduce eso en un etiquetado que regule la sostenibilidad de los alimentos de manera rigurosa, a la vez que flexible y homogénea en toda la UE? Y, sobre todo, ¿cómo se transmite toda esa información de forma fácil, útil, sencilla y comprensible a los consumidores?

Ante esto, conviene tener suficientemente claros algunos aspectos. La información que se transmite a través del etiquetado al consumidor sobre la sostenibilidad de un alimento debe contar con una base científica (es decir, basarse en una metodología de evaluación rigurosa y objetiva y ser demostrable con argumentos de la ciencia); debe ser voluntaria, en el sentido de que los operadores económicos puedan elegir por sí mismos si quieren etiquetar o no un alimento como sostenible y, en tercer lugar, pero no menos importante, el operador que decida incorporar en el etiquetado el término de “sostenible” debe cumplir con una serie de condiciones obligatorias (y es aquí donde entra la labor de la Comisión Europea a la hora de establecer un  marco jurídico de etiquetado de alimentos sostenibles).

La sostenibilidad alimentaria debe contemplar un enfoque integral, de manera que un alimento no pueda ser calificado como sostenible si, por ejemplo, no es saludable o escasamente nutritivo. Tampoco si perjudica considerablemente o no es respetuoso en la medida de lo posible con el clima o el medio ambiente (emisiones de CO2, generación de residuos, contaminación de suelo y agua...) o si no contribuye, sino todo lo contrario, al bienestar animal. No puede ser sostenible social y económicamente si quienes lo producen no obtienen una renta suficiente para poder vivir de su actividad y si lo que producen es inaccesible o poco asequible por su precio a la mayoría de los consumidores, etcétera.

De ahí que el juego de equilibrios exigido para una sostenibilidad integral de los alimentos sea un aspecto clave si se quiere llegar a algo en concreto, y ante todo, real que satisfaga (aunque no sea al 100%) a todos los agentes que intervienen en la cadena de valor y, por supuesto, que deje satisfechos a los consumidores.

La tendencia es lo que importa

Como ya han avanzado algunos expertos, el fin no debe ser simplemente clasificar o categorizar los alimentos como sostenibles o no, y trasladar eso a un etiquetado, sino que debe dirigirse a ofrecer herramientas objetivas y de base científica para el análisis y evaluación a los operadores que intervienen en el proceso de producir, transformar y comercializar un alimento que apoye la tendencia de ir hacia un sistema alimentario más sostenible.

En el etiquetado de un alimento sostenible debe tenerse en cuenta todo el proceso que sigue el alimento, desde “la granja a la mesa”, como en la estrategia. Debe, por tanto, ser voluntario para que los operadores elijan si les merece la pena ofrecer o no a los consumidores un alimento que pueda ser calificado como sostenible. Y si deciden que sea así, estos deben cumplir entonces con una serie de condiciones obligatorias (un marco jurídico regulatorio armonizado y objetivo, pero a la vez simple, flexible y aplicable a nivel comunitario) para que ese alimento pueda ser etiquetado como sostenible y, para que al final, sean los consumidores los que lo acepten como tal  y lo comprendan sin caer en el riesgo de confusión o error.

En su reciente dictamen “Hacia un marco de etiquetado de alimentos sostenibles que permita a los consumidores optar por alimentos sostenibles”, el Comité Económico y Social Europeo (CESE) recomendaba, precisamente, “establecer un marco de etiquetado de la sostenibilidad de los alimentos transparente, con base científica y lo más sencillo y pragmático posible, que ayude a los agentes económicos a evaluar y mejorar la sostenibilidad de los productos y, al mismo tiempo, proporcione a los consumidores información útil para que tomen su decisión de compra con conocimiento de causa”.

Al respecto, proponía que, en interés de un acceso fácil y pragmático, “se pueda optar por tener únicamente en cuenta aspectos parciales de la sostenibilidad definida y evaluada de manera integral, como son el bienestar animal o los criterios sociales y medioambientales. Sin embargo, en ese caso no debe utilizarse el término “sostenible”, que ha de reservarse a un enfoque de evaluación integral.” Y plantea que “deben prohibirse las etiquetas o declaraciones de sostenibilidad que no se basen en una serie de condiciones (legal y jurídicamente) obligatorias".

Por ejemplo, el CESE considera que “los actuales regímenes de calidad en la UE, como la agricultura ecológica o las Indicaciones Geográficas (IGs), ya incluyen elementos que contribuyen a una mayor sostenibilidad del sistema alimentario, algo que debe reconocerse.” Además, recomienda que “las normas vigentes se sometan a un control de sostenibilidad y, en su caso, se complementen con disposiciones adecuadas en materia de sostenibilidad.”

También considera que los productos regionales y locales, las cadenas de distribución cortas, la estacionalidad en el caso de las frutas y hortalizas, como alimentos rápidamente perecederos que son, u otros productos con bajo consumo de recursos pueden contribuir a que los sistemas alimentarios sean más sostenibles. Y apunta que “etiquetar el origen de las materias primas agrícolas permitirá también extraer conclusiones sobre su nivel de sostenibilidad".

Educar y sensibilizar

Este organismo consultivo de la sociedad civil europea subraya el papel clave que juega la educación (y la sensibilización) a la hora de proporcionar una comprensión básica de los aspectos de la sostenibilidad relacionada con los alimentos (campañas de sensibilización, medidas en apoyo de la asequibilidad de estos alimentos…) para promover también la transición hacia sistemas alimentarios más sostenibles.

Al abarcar la sostenibilidad todo el proceso de producción, transformación y comercialización de la cadena de valor de los alimentos, cada eslabón tiene sus propias responsabilidades en este ámbito para transferir al siguiente eslabón.

El CESE señala que las empresas tienen una “gran responsabilidad”. Por una parte, a la hora de orientar a los consumidores hacia opciones saludables menos perjudiciales para el medioambiente y, por otra, para impulsar la transformación sostenible de los sistemas alimentarios, mediante la adopción de prácticas agrícolas, de transformación y de envasado que sean sostenibles. “Las empresas deben participar en todo el recorrido de desarrollo del marco de etiquetado de alimentos sostenibles.”

A su vez, los consumidores, según este Comité, desempeñan también “un papel crucial en la transición hacia unos sistemas alimentarios más sostenibles”, pues en principio “cada decisión de compra da lugar al siguiente pedido de producción. Y, por tanto, “una mayor de productos alimentarios sostenibles también impulsará la oferta hacia una mayor sostenibilidad.”

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), “para que el etiquetado ayude a los consumidores a comprar alimentos con conocimiento de causa y a tomar decisiones alimentarias más saludables, estos deben conocer y reconocer la etiqueta, entender su significado y ser capaces de utilizarla correctamente, así como tener una motivación para usarla.”

En esa tendencia de ir hacia un sistema alimentario cada vez más sostenible, la Comisión Europea tiene igualmente un rol clave en su labor de fijar un marco jurídico objetivo y pragmático para regular el etiquetado de los alimentos sostenibles, pero a la vez que sea también flexible para no dejar al margen aspectos específicos y particulares de cada sector alimentario o de cada Estado miembro.

Para el CESE, “se necesitan normas claras para mejorar la situación confusa del mercado. En la actualidad, esto se debe al abuso del término “sostenible” (una forma de “blanqueo ecológico” o greenwashing). Por eso,  “deben prohibirse las etiquetas o declaraciones de sostenibilidad que no se basen en un régimen de certificación ampliamente reconocido”.

Ir poniendo freno al uso inadecuado o al abuso del término “sostenible”, en este caso referido a los alimentos, a través de un etiquetado pragmático, claro sencillo y con rigurosa base científica, sería ya un gran paso. Antes, sin embargo, habrá que seguir dando pequeños pasos en una única dirección posible, que es la que tienda cada ver hacia una mayor sostenibilidad, hasta llegar a la conclusión de poder decir algo así como “sin sostenibilidad, no hay paraíso”.