PAC, donde nadie quiere perder

Vidal Maté. @trigo_limpioVM

El futuro de la reforma de la Política Agrícola Común, aunque cada vez se ve más alejada en el tiempo por cuestiones de calendarios electorales, constituye en este momento motivo de debates intensos en el seno de las Comunidades Autónomas y obviamente en cada una de las organizaciones agrarias ante la dificultad que supone adoptar una posición unitaria ante la disparidad de producciones y territorios y donde, por principio, nadie estaría dispuesto a perder un euro de sus actuales ingresos.

Echando solamente mano de datos objetivos, existe coincidencia para señalar que la actual Política Agrícola Común, el sistema de pagos base, pago verde, derechos individuales históricos y los mecanismos sobre convergencia no han supuesto una redistribución más justa de las ayudas y que siguen existiendo graves desequilibrios territoriales o en los propios sectores en los cobros según el punto donde se lleve a cabo la misma actividad. Sin embargo, no existe tal coincidencia cuando se trata de concretar actuaciones que supongan ganar o perder fondos, por lo que, frente a planteamientos radicales para dar un vuelco total a la actual distribución de las ayudas, se defienden estrategias de cambios progresivos que no den lugar a crisis en una parte de las explotaciones y a la división. Todo ello dando por hecho que en la próxima reforma nohabrá más recursos y que, aunque se mantengan los mismos, eso supondrá siempre una pérdida como mínimo de un 2,5% anual de fondos por el efecto inflación.

Al margen de que ninguna sigla tenga hoy la capacidad para decir claramente hacia dónde y cómo se debería encaminar la nueva reforma por los muchos intereses dispares que confluye en cada organización, la realidad es que habría al menos tres frentes sobre los que parece necesario actuar: distribución por importes de cada destinatarios; reparto por Comunidades Autónomas -cultivos –regiones y, tercero, el papel-peso-cobros de los jubilados.

Desde la perspectiva del importe y la distribución por solicitantes, los datos sobre los pagos directos en 2017 ponen de manifiesto, por un lado, el elevado número de ayudas de hasta 5.000 euros, 746 millones, el 15,3% de los 4.881 millones pagados, nada menos que 514.000 beneficiarios que representan más del 71% de las 718.000 solicitudes. En este espacio comparten intereses pequeños profesionales y agricultores a tiempo parcial.

En la parte alta, con más de 60.000 euros figura solo el 1,26% de los solicitantes percibiendo casi 1.000 millones que representan más del 20% del total de los pagos. Al margen de estos dos fenómenos, por abajo y por arriba, la realidad es que se podría decir que los profesionales constituyen el grueso en la percepción de los fondos con cobros entre los 5.000 y los 50.000 euros, 191.000 solicitudes, el 26,58% del total que perciben casi 3.000 millones que suponen el 60% de todos los pagos como ayudas directas. Si se consideran solamente los pagos por encima de los 100.000 euro, los mismos suponen el 0,45 de los solicitantes, 3.240, con 560 millones, el 11,4% del total de los pagos

Bruselas ya señaló en su propuesta la aplicación un peaje a partir de los 60.000 euros y el techo de los 100.000 euros. La posición dominante en el sector es ligar la ayuda en todo caso a la actividad real, de forma prioritaria a los que se definan como agricultores genuinos, y además, en el caso de los grandes, a la creación de empleo. Es cierto que cada vez hay más solicitantes con cantidades elevadas, ya sea de personas físicas o jurídicas, algo lógico si se considera que cada día son mayores las explotaciones por la reducción de activos  y la necesidad de tener una mayor economía de escala.

Un aspecto polémico sobre el que se propugnan cambios más drásticos es el referido a la distribución de los fondos a la postre por Comunidades Autónomas, por territorios, regiones de convergencia, cultivos o producciones, superficies con unos derechos muy elevados con actividad, superficies con derechos elevados por una producción del pasado que se sigue percibiendo con otras producciones… donde parece obligado recomponer las situación.

Ello se observa, con datos de hace varios que sirven en la actualidad con muy ligeros recortes que, entre los 15 municipios con los mayores ingresos de los pagos PAC, diez correspondan a Andalucía con Sevilla a la cabeza, seguida de Madrid, Córdoba, Jaén, Granada, Ecija, Baeza, Ubeda, Alcalá la Real  o Villacarrillo… .Andalucía supone el 19,8% de la superficie declarada e ingresó casi el 30% de los fondos de pagos directos en 2017, mientras Castilla y León con el 22,5 de la superficie ingresó el 18,4% o Castilla La Mancha con el 18,7%de la superficie cobrase el 13,5%, algo que varias Comunidades Autónomas quieren corregir para lograr un mayor equilibrio en la distribución de los fondos de los pagos directos de la PAC.

Finalmente se halla el siempre delicado tema de los mayores de los 65 años, jubilados y los pagos de la PAC ejerciendo sus derechos, sin robar nada a nadie: 291.000 solicitudes, casi el 40% que cobraron el 26% de los pagos, a una media de unos 3.000 euros.

Se trata de un tema que por su complejidad, sensibilidad y efectos colaterales, aunque su voto vale cada día menos, nadie se ha atrevido a poner de verdad sobre la mesa.

Hay jubilados sin actividad que simplemente tienen sus tierras arrendadas, por las que perciben una renta y en ocasiones, según sus contratos, una parte de las ayudas. Hay, igualmente miles de jubilados activos que con 65 y muchos más años, siguen montados en su, generalmente, viejo tractor, labrando sus pequeñas explotaciones con ese techo de ingresos de unos 9.000 euros como máximo que marca la Seguridad Social para no perder su pensión.

A los jubilados activos en el propio sector agrario, no se les ha visto siempre con buena cara por el resto al considerar a los mismos como una competencia y hasta como un tapón para la incorporación de jóvenes que podrían labrar sus tierras. Sin embargo, a los jubilados, montados en el tractor a una edad cuando otros disfrutan del Imserso, no se les pueden achacar todos los males del campo, la falta de relevo generacional, la falta de tierras, la competencia por trabajar sin pagar la cotización social… De hecho, se podría decir que siguen ahí en muchos casos por pura necesidad para complementar unas escasas pensiones y que, en muchas zonas, grandes superficies de tierras estarían hoy abandonadas por falta de otros para labrarlas. En todo caso, se trata de un fenómeno al que es urgente dar una respuesta por el interés de los propios jubilados activos para que, por sus menos reflejos, no sigan muriendo en los tractores y de los jóvenes que quieren quedarse en el campo.