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El punto de encuentro de la cadena agroalimentaria

Periódico Digital Qcom.es: El punto de encuentro de la cadena agroalimentaria

2 DE junio DE 2020

Cuenta atrás para la Ley del Cambio Climático

Ricardo Migueláñez. @Rmiguelanez

El Boletín Oficial de las Cortes Generales (BOCG) recogía en su edición del viernes 29 de mayo el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que le fue remitido diez días antes por el Consejo de Ministros y que la vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD), Teresa Ribera, desearía ver aprobado y publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) antes de finalizar el año.

De momento, inicia su tramitación parlamentaria y da solo 15 días hábiles, hasta el próximo 16 de junio, para que los grupos políticos de la Cámara Baja presenten sus enmiendas a un  proyecto, que consta en su edición de una amplísima exposición de motivos, un Título preliminar, nueve Títulos, 36 artículos, cuatro Disposiciones adicionales, otras dos transitorias, una derogatoria y nada menos que de 13 Disposiciones finales.

Esta Ley, una vez sea aprobada y convalidada, obligará a una tarea ingente y urgente de desarrollo legislativo a lo largo de todo el próximo año para su implementación y aplicación real. Pero eso será otro cantar.

El objeto de esta ley, como cita en su artículo 1, es “asegurar el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París, adoptado el 12 de diciembre de 2015, firmado por España el 22 de abril de 2016 y publicado en el BOE el 2 de febrero de 2017; facilitar la descarbonización de la economía española, de modo que se garantice el uso racional y solidario de nuestros recursos; promover la adaptación a los impactos del cambio climático, y la implantación de un modelo de desarrollo sostenible que genero empleo decente.”

Toda la sociedad y todos los sectores de actividad, incluido, por supuesto, el agro-mar-alimentario, deberán contribuir con sus esfuerzos a ese proceso de descarbonización a lo largo de los próximos 30 años, para llegar en 2050 al objetivo central de neutralidad climática (es decir, que el resultado entre emisiones y absorciones o captación de gases contaminantes a la atmósfera sea igual a 0). Todas sus políticas y todas sus acciones deberán tener en cuenta esa contribución.

Una primera fecha a tener en cuenta será 2030, dentro de menos de una década, donde el objetivo, de acuerdo con los compromisos internacionales asumidos por nuestro país, será reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) del conjunto de la economía española en, al menos, un 20% respecto al año 1990 y alcanzar una penetración de energías de origen renovable en el consumo de energía final de un 35% al menos.

También se pretende alcanzar en esa fecha un sistema eléctrico, con al menos, un 70% de generación a partir de origen renovable y mejorar la eficiencia energética, disminuyendo el consumo de energía primaria en, al menos, 35% con respecto a la línea de base conforme a normativa comunitaria.

Estos objetivos, en caso de revisarse en la tramitación parlamentaria de dicha ley, solo podrán hacerse al alza, actualizando en mayores porcentajes las sendas o “hoja de ruta” para reducir las emisiones GEI e incrementar las absorciones por los sectores o actividades “sumidero”.

Plan Integrado de Energía y Clima

Como herramientas principales estarán, por una parte, los Planes Nacionales Integrados de Energía y Clima (PNIEC), el primero de los cuales abarcará desde 2021-2030, que incluirán los objetivos y contribuciones cuantitativas, ajustados a la Ley a nivel nacional y sectorial, de reducción de emisiones GEI y absorción de sumideros, de energías renovables y de eficiencia energética; las políticas y medidas para alcanzar dichos objetivos y cualquier otro que se establezca en la normativa de la UE.

Por otra, la denominada Estrategia de Descarbonización a 2050, que será la senda para reducir las emisiones GEI y de incremento de las absorciones por los sumideros del conjunto de la economía española hasta 2050. Se aprobará mediante real decreto del Consejo de Ministros, a iniciativa del MITERD, dándose cuenta de la misma al Congreso de los Diputados.

Sin pretender ser exhaustivos en la disección del proyecto de ley, sí citar, al menos, algunos de los puntos incluidos con mayor incidencia en nuestra actividad agro-mar-alimentaria, aunque todo en su conjunto vaya a influir integralmente y de manera directa o indirecta en la misma.

En relación a las energías renovables y eficiencia energética, la generación eléctrica en dominio público hidráulico. En la transición energética y combustibles, el fomento y objetivos de los gases renovables (biogás, biometano, hidrógeno y otros, en cuya fabricación se hayan usado exclusivamente materias primas y energía de origen renovable o permitan la reutilización de residuos orgánicos o subproductos de origen animal o vegetal), con objetivos anules de penetración en la venta o consumo de gas natural.

En las medidas de adaptación a los efectos del cambio climático destaca el Plan Nacional (PNACC), a aprobar por Consejo de Ministros, a propuesta del MITERD, como instrumento de planificación básico para promover la acción coordinada y coherente frente a este fenómeno, que incluirá la elaboración de escenarios climáticos regionalizados para la geográfica española; recopilación, análisis y difusión de información acerca de la vulnerabilidad y adaptación al cambio climático en diferentes sectores socioeconómicos, sistemas ecológicos y territorios; la promoción y coordinación de la participación de todos los agentes económicos implicados en las políticas de adaptación; la definición de un sistema de indicadores de impactos y adaptación al cambio climático, y la elaboración de informes periódicos de seguimiento y evaluación del PNACC y sus programas de trabajo.

Contará con un tratamiento específico la consideración del cambio climático y de sus riesgos en la planificación y gestión del agua, a través de la Estrategia del Agua para la Transición Ecológica, para lograr la seguridad  hídrica para las personas, la protección de la biodiversidad y las actividades socio-económicas, de acuerdo con la jerarquía de usos, reduciendo la exposición y vulnerabilidad al cambio climático e incrementando la resiliencia. En concreto, para “identificar y gestionar los riesgos derivados del cambio climático en relación con su impacto sobre los cultivos y las necesidades agronómicas del agua del regadío.”

También deberá considerarse el cambio climático en la planificación y gestión del dominio público marítimo terrestre; en la seguridad alimentaria; en la protección de la biodiversidad, y en la política agraria, desarrollo rural y política forestal.

Cambio climático y PAC

En este último punto (artículo 22) se señala literalmente que “El Gobierno incorporará en la aplicación de la Política Agraria Común (PAC), así como en otras estrategias, planes y programas en materia de política agraria y de desarrollo rural, y en el Plan Forestal Español, medidas encaminadas a reducir la vulnerabilidad al cambio climático de los suelos agrícolas, de los montes y de los suelos forestales y para facilitar la preservación de los mismos, entre ellas, la elaboración de un mapa de vulnerabilidad, así como la evaluación y promoción de sistemas agrícolas y prácticas de gestión forestal sostenibles para aumentar su resiliencia frente al cambio climático, que fomentarán en todo caso las sinergias con la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en estos ecosistemas.”

También destaca (artículo 23) que se fomentará la capacidad de absorción de los sumideros de carbono, adoptando “las acciones oportunas para incentivar la participación de los propietarios y gestores públicos y privados, especialmente los del sector agrario y forestal en el aumento de la capacidad de captación de CO2 de los sumideros de carbono”, y promoviendo “la identificación, clasificación, cartografía, aumento y mejora de los sumideros de carbono, así como su evaluación y contabilización a partir de las fuentes de información existentes. Para ello, se fomentarán las acciones que resalten las externalidades positivas que proporcionan el sector agrario y forestal, así como el uso de la biomasa de origen primario como fuente de materiales, servicios ecosistémicos y energía de origen renovable y sostenible en un contexto de apoyo a la bioeconomía como motor de desarrollo de las zonas rurales, y adaptada a las obligaciones ligadas a la calidad del aire”.

El proyecto de ley contempla también una Estrategia de Transición Justa,  que se aprobará por el Gobierno y se revisará cada lustro, como el instrumento para optimizar las oportunidades en la actividad y el empleo de la transición hacia una economía baja de emisiones de GEI y a la identificación y adopción de medidas que garanticen un tratamiento equitativo y solidario a trabajadores y territorios en dicha transición. Aquí el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) tendrá también algo que decir en defensa de los intereses de los colectivos de los sectores agro-mar-alimentario y del mundo rural potencialmente vulnerables a un proceso, que deberá generar inversiones alternativas en políticas industriales, de I+D+i, de promoción de actividad económica y de empleo y formación ocupacional.

Por último, en relación al presupuesto que se movilizará para luchar contra los efectos del cambio climático y en apoyo de la transición energética, el proyecto de Ley establece “que, al menos,  un porcentaje de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), equivalente al acordado en el Marco Financiero Plurianual (MFP) 2021-2027 de la Unión Europea, deberá tener un impacto positivo en la lucha contra el cambio climático.” Y ese porcentaje se revisará al alza antes del año 2025.

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